VALÈNCIA (EFE). Las defensas del caso Alquería han contado este jueves con tres testimonios que han avalado sus tesis de que los altos directivos contratados en Divalterra desarrollaron su labor con normalidad y realizaron trabajos efectivos en sus respectivas áreas.

Estos testigos han comparecido en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Valencia contra el expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez y otras 13 personas que están acusadas de haber realizado varios contratos de alta dirección en la empresa pública Divalterra cuya legalidad está cuestionada.

Antes del inicio de la vista, las defensas han renunciado a la comparecencia del actual vicepresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa.

El primero de los testigos ha explicado que trabajó a las órdenes de Manuel Carot y Salvador Femenía en el área de brigadas forestales y conservación de barrancos, y que accedió al puesto por una oferta que vio a través del Colegio de Ingenieros de Montes, al que pertenecía.

Ha explicado que tanto Carot como Femenía, ambos procesados en esta causa, firmaban facturas y asistían a reuniones con ayuntamientos, universidades o la Confederación Hidrográfica del Júcar en representación de Divalterra.

A este testigo el fiscal le ha preguntado si en la empresa se hablaba de enchufismo, a lo que ha respondido que "el origen de las brigadas forestales es municipal, se creaban en cada ayuntamiento, cada una con su ropa, coche y formación... sin homogeneidad, por eso se creó Imelsa, que acogió a todos esos trabajadores. ¿Cómo habían conseguido ese trabajo?", se ha preguntado el testigo.

Asimismo, ha explicado que cuando Divalterra prescindió de los directivos cuyos contratos se cuestionaban se reasignó personal de otras áreas para que se pudiesen realizar las labores que éstos habían dejado de hacer.

Otro de los testigos, catedrático de la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Valencia, ha explicado que trabajó con Miguel Ángel Ferri y mantuvo contactos con Víctor Sahuquillo -otro de los directivos de Divalterra y ex cogerente, respectivamente, ambos procesados- para la puesta en marcha de la cátedra Divalterra.

"La cátedra funcionó durante dos cursos, periodo durante el que mantuvimos ocho reuniones. Además, se visitaron varios municipios, siempre a través de Divalterra", ha añadido.

El tercero de los testigos trabajó como responsable de los proyectos estratégicos de desarrollo local en Divalterra, primero a las órdenes de Ferri, después con Victor Jiménez, ambos directivos y procesados en la causa.

En su declaración, ha reiterado la misma idea que los otros dos empleados que le han precedido, es decir, que los altos directivos de Divalterra realizaron funciones efectivas y que cuando fueron despedidos sus subordinados asumieron sus funciones.

El fiscal le ha preguntado si desde Divalterra se les asignaron más poderes para desarrollar esas funciones, a lo que ha respondido que no.