VALENCIA. "Consternación", "desolación", sorpresa"... son algunos de los adjetivos utilizados por diversos abogados consultados por ValenciaPlaza.com acerca de la sentencia del TSJ que anula el ERE de Radio Televisión Valenciana, un expediente cuyo diseño y desarrollo fue adjudicado hace más de un año al despacho de Garrigues Abogados por un precio de 125.000 euros.
"Tampoco exageremos", añade otro. "Desde luego, no nos alegramos, pero no nos vamos a rasgar las vestiduras... un error lo puede cometer cualquiera", afirma. Pero en realidad, ninguno de los despachos consultados por este diario cree resueltamente en un error de procedimiento de Garrigues, sino que más bien se hayan podido producir interferencias políticas que han conducido al resultado por todos conocido (a no ser que el corporativismo haya borrado la capacidad de críticia objetiva de estos profesionales, cosa posible pero improbable).
Uno de los despachos participantes en el concurso no puede por menos que "celebrar" su derrota en aquella ocasión. "Intuíamos que era una encargo con mucho riesgo, mucho peligro, y por eso no realizamos haber perdido", sentencia.
UN CONCURSO DE ALTURA
Al concurso para la realización del ERE de RTVV se presentaron un nutrido gruo de despachos de Valencia y del resto del país, bien de forma individual o en UTE. Eran todos los que estaban: Uría, Broseta, Cuatrecasas, KPMG, Deloitte, Garrigues, PwC, Sagardoy, Landwell...
Quedaron como finalistas tres opciones: la de Garrigues, por un precio de 125.000 euros; la UTE Landwell-PwC-Marsh SA (112.000) y, en tercer lugar, la UTE Broseta Abogados-Roca Junyent (160.000 euros). A pesar de no ser la más barata, Garrigues ganó el concurso por la aplicación de determinados criterios técnicos.
"Ganar aquel concurso fue como recibir un caramelo envenenado". Y el tiempo así lo ha demostrado. Profesionales de la información, trabajadores de RTVV, sindicalistas y miembros de la oposición no han dudado en señalar al despacho de Garrigues corresponsable de la debacle legal en la que ha caído RTVV y, por ende, la Generalitat Valenciana.
"LO VOLVERÍAMOS A HACER"
No obstante y a preguntas de este diario, un portavoz de Garrigues ha asegurado que sus técnicos habían revisado todo el procedimiento en busca de fallos y errores y que el resultado había sido de "absoluta corrección técnica". "Tanto es así -añadió la misma fuente- que volveríamos a repetir el procedimiento si se repitiera la ocasión"...
El propio presidente Alberto Fabra apenas titubeó cuando en la rueda de prensa de ayer un periodista le preguntó si se habían planteado exigir responsabilidades a "los asesores" Garrigues y PwC, autora esta consultora del primer plan de viabilidad del ente. La respuesta del presidente -no se sabe si 'calculada' o ‘deslizada'- causó estupor en ambos despachos al afirmar que analizaría el trabajo realizado por ambos y que en el caso de que se desprendiera que no hicieron bien su trabajo "tomaría las medidas que corresponda".
"Resulta muy socorrido cargarle la culpa al abogado", afirma el director de la delegación valenciana de otro gran despacho nacional, quien manifiesta su seguridad en que el 'colega' Garrigues estableció unos parámetros que posteriormente no habrían sido cumplidos "por el cliente". El mismo abogado asegura haber recibido enseñanzas con la sentencia del TSJ sobre RTVV, "inesperada e insólita. Aprenderemos la lección".
En cualquiera de los casos, la sentencia del TSJ produjo indudable inquietud y cierta inseguridad en todo el sector valenciano de abogados. Tal estado ‘empeoró' aun mas por la tarde/noche cuando las webs de las agencias de noticias escupían la noticia de que el juez Bermúdez había ordenado el registro de un despacho de abogados valenciano, un registro que cuminaría la mañana del día siguiente -ayer- con la detención por la Policía de el exdirector general de la CAM Roberto López.
"Esto está tomando una deriva inesperada. En fin, a partir de ahora caminaremos con pies de plomo", concluye el responsable de otro gran despacho internacional.
