VALÈNCIA. Parecía que estaba escrito el último capítulo sobre el futuro de las dos principales divisiones del grupo Depuración de Aguas del Mediterráneo (DAM), después de que el juzgado encargado de su concurso de acreedores diera luz verde a su adjudicación. Sin embargo, no será así: dos compañías competidoras han recurrido la adquisición.

El administrador concursal nombrado por el el Juzgado Mercantil Número 3 sacó a subasta dos activos del grupo valenciano, los dos principales activos, que habían generado bastante interés: las firmas Valorización y Biogás La Vintena y Restitubo Obras y Servicios. Su venta, hay que recordar, puede suponer unos ingresos notables para que el grupo pueda hacer frente a parte de sus deudas.

La pasada semana, el juzgado había autorizado la venta de ambas compañías a los grupos Valoriza y Pavasal, tal como adelantó Valencia Plaza. A juicio del administrador concursal, estas eran las mejores ofertas para quedarse cada uno de los activos, y sumaban un valor total de unos 13,3 millones de euros, opinión que ratificó el juez. La decisión, sin embargo, no era definitiva porque todavía había posibilidad de recurso, como finalmente ha sido.

La planta de valorización

La estrella de la compañía era precisamente la planta de valorización de residuos y biogás de Carcaixent, que recibió una decena de propuestas de adquisición, de las que resultó vencedora la de Valoriza. El magistrado consideró que su oferta, de 12,5 millones de euros (más otros 300.000 para hacer frente a las deudas con los trabajadores), era "favorable a la masa en su percepción total, por ser superior a las del resto de oferentes en la valoración económica; por garantizar la subrogación en los contratos, y de la totalidad de la plantilla, y por contar con el respaldo de los trabajadores". factores todos ellos que, en conjunto maximizan el beneficio para la masa concursal, y aseguran la continuidad de la actividad empresaria".

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La oferta quedó muy por delante del resto de competidoras, entre las cuales se encontraba la firma castellonense Facsa, del Grupo Gimeno, que pujó con 9,5 millones de euros. Junto a él, habían concurrido la firma Prezero (6,5 millones), Gestión de Residuos Manchegos (5,2 millones) y uno de los antiguos socios de DAM, la Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV), con 5,1 millones. También habían pujado Ciclagua, del grupo Simetría; el fondo Sandton; y otros como Global Omnium, de Aguas de Valencia; Analqua y el family office Iskander.

Ahora, la tercera, Prezero, ha recurrido la adjudicación con agumentos muy similares a las alegaciones que presentó en su momento, en las que pedía anular y repetir la subasta por "anomalías" en su desarrollo por defectos formales que habrían supuesto "la omisión de garantías esenciales y la falta de transparencia y concurrencia". Aspectos que el juez ya rechazó.

La división de obras

Por otro lado, el administrador concursal había sacado a subasta la división de obras, Restitubo, una de las firmas especializadas en el sector de la perforación en toda España. En este caso, se habían recibido cuatro ofertas diferentes, de las que resultó favorita la de la compañía Elit, filial de la valenciana Pavasal focalizada en la construcción para el sector logístico, industrial y terciario.

La oferta, que ascendía a más de 800.000 euros aproximadamente. quedó por delante de las pujas de Gestioniza Infraestructuras (760.000 euros), BTD Capital (570.000 euros) y TSZ Internacional (560.000 euros). El juez autorizó la venta a la filial de Pavasal con los mismos argumentos que en la otra operación, añadiendo en este caso que la oferente (Elite) cuenta con el respaldo del grupo valenciano, "de notorio prestigio en el sector, a nivel nacional".

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Así pues, la compañía cuya oferta era la más baja, TSZ Internacional, ha presentado un recurso a la adjudicación. En el proceso, ya anunció su intención de impugnarlo  "por falta de claridad, transparencia y buena fe en la subasta" y presentó una carta de apoyo de siete de los trece trabajadores, valorando positivamente su oferta, alegando que "el resto de trabajadores no firmantes, no la firmaron por miedo a posibles represalias". Con todo, el juez consideró que sus aseveraciones se presentaban "sin más pruebas que sus alegaciones".

55 millones de deuda

Cabe recordar que, además de estas dos divisiones, DAM tiene participación en más de una cuarentena de UTE que siguen activas, donde tiene invertidos unos 9,7 millones de euros según el informe concursal, además de una veintena de consorcios con otras compañías repartidos por Panamá, Colombia e Italia, paises donde tiene sendas sucursales. Acuerdos a los que también se tendrá que ir poniendo fin alcanzando acuerdos con los diferentes socios.

El informe del administración concursal recoge también la deuda total del grupo, que asciende a más de 55,5 millones de euros, de los cuales la mayoría (42,5 millones) son créditos ordinarios, más de 360.000 corresponden a salarios y liquidaciones y otros dos millones de euros, a deudas con la administración: retenciones tributarias y de la Seguridad Social y otros créditos tributarios.

Entre los motivos de la quiebra de DAM, el administrador concursal señalaba en su informe el "incremento de precios de aprovisionamientos y energía" entre 2021 y 2023 como consecuencia del contexto inflacionario, la adjudicación de contratos "con bajos márgenes o incluso pérdidas", el "aumento de los costes de estructura" sin que se hubieran "traducido en un aumento proporcional de los ingresos", el "impago de gastos por parte de socios, UTE y sucursales" y la "disminución del volumen de negocio" en las UTE, especialmente tras la ruptura con SAV.

• Depuradora gestionada por DAM en Italia -
• Foto: DAM

Con la firma valenciana tenía constituídas en 2021 más de un centenar de asociaciones temporales para la gestión de estaciones depuradoras de aguas en múltiples zonas de la geografía de la Comunitat Valenciana, cuyos contratos dependían de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), de la Generalitat Valenciana, pero que también se hacían cargo de otras infraestructuras en Murcia, La Rioja, Navarra, Galicia o el País Vasco. El matrimonio se rompió de manera abrupta y este proceso llevó a ambas partes a los tribunales. A fecha de hoy, según el informe del administrador concursal, debe a SAV más de 2,2 millones de euros.