Así consta en el estudio "Opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 2009" que elabora cada año el IEF, en el que el 57% de los españoles sí considera que no se puede justificar el fraude fiscal, por una cuestión de solidaridad y principios.
En cuanto a la ocupación o actividad de los entrevistados, son los empresarios (50%) y los profesionales (48%) quienes se muestran más proclives a justificar el fraude, frente a los asalariados y los agricultores que lo justifican menos (40%), así como los inactivos (42%).
El estudio subraya cómo la tolerancia hacia el fraude se incrementa según aumenta la edad productiva de los ciudadanos, para empezar a descender conforme se acercan a la edad legal de jubilación, donde se observa la mayor intolerancia hacia el fraude fiscal.
Además, el 52% piensa que el grado de cumplimiento fiscal ha empeorado en los últimos cinco años.
El informe señala que los servicios sanitarios, las infraestructuras y los transportes públicos han sido los más utilizados por los españoles durante 2009, con una moderada satisfacción de los ciudadanos.
Todos estos servicios y prestaciones son considerados útiles y necesarios, y la mayoría justifica el pago de los impuestos.
Asimismo, el acceso universal a la oferta pública de servicios y prestaciones, especialmente a la sanidad, es uno de los aspectos mejor valorados por los ciudadanos, aunque el 73% cree que existe margen de mejora en la prestación.
El 57% piensa que la iniciativa privada no debería participar en la gestión de los servicios y prestaciones públicas, y el 55% que tampoco debería hacerlo en la financiación.
Según el estudio, el 68% de la población conoce los servicios de la Agencia Tributaria, si bien únicamente el 38% los utiliza, principalmente los profesionales (52%) y los asalariados (44%), mientras que los agricultores (27%) y los parados (30%) son los que menos.
Según informa el Ministerio de Economía, este "barómetro fiscal" se basa en una encuesta anual, realizada mediante entrevistas personales a una muestra aleatoria nacional de 1.500 ciudadanos distribuidos en cinco segmentos (empresarios, agricultores, profesionales liberales, trabajadores asalariados e inactivos) y seleccionados por cuotas de hábitat, género, edad y categoría socioeconómica.
