VALÈNCIA. La Societat Valenciana d’Inspecció Tècnica de Vehicles (SITVAL), empresa pública creada tras la reversión del servicio de las ITV a la Generalitat, cerró el ejercicio 2024 con sus cuentas cuestionadas. El auditor independiente, Faura-Casas, ha denegado la opinión sobre las cuentas, un hecho poco habitual que refleja la existencia de discrepancias relevantes en la gestión contable.
Lo hace en un año que estuvo marcado, además, por las colas y retrasos en las estaciones de ITV. Los usuarios denunciaron dificultades para conseguir cita, demoras en la realización de inspecciones, discrepancias con los dictámenes técnicos y el coste de las tasas. La saturación del servicio, que se mantuvo también en los primeros meses de 2025, ha sido una de las principales fuentes de queja ciudadana y ha puesto en el centro del debate la eficacia del modelo implantado tras la reversión a la gestión pública después de 25 años de privatización.
En el terreno financiero, el auditor señala que Sitval ha contabilizado en su balance 31 estaciones propiedad de la Generalitat con una valoración de 154 millones de euros, sin que se haya producido la adscripción legal prevista en la normativa patrimonial. Además, según el informe, este procedimiento no se ajusta al marco contable aplicable y genera dudas sobre la fiabilidad de los estados financieros. Faura-Casas advierte de que no se puede determinar con exactitud qué impacto tendría una valoración ajustada a la normativa sobre el inmovilizado, el patrimonio neto y la cuenta de resultados.
Otro aspecto cuestionado es la homogeneización salarial aplicada a la plantilla tras la integración de las concesiones. Sitval abonó 1,2 millones de euros para igualar retribuciones de determinadas categorías profesionales, pero lo hizo sin contar con el informe preceptivo de la Conselleria de Hacienda. El auditor subraya que, en ausencia de esa autorización, los acuerdos podrían ser considerados nulos de pleno derecho, lo que abriría la puerta a consecuencias legales y económicas de alcance incierto.
La situación de la empresa se vio además condicionada por la falta de personal inspector. El Plan Estratégico preveía nuevas contrataciones que no se autorizaron, lo que provocó un descenso en el número de inspecciones realizadas y, en consecuencia, una caída de la cifra de negocio, según señala el informe de gestión que acompaña a las cuentas. El resultado fue que los ingresos se situaron un 6,4% por debajo de lo previsto, dificultando el cumplimiento de los objetivos fijados para el ejercicio. No obstante, las cuentas de la sociedad señalan un resultado positivo de siete millones, que se traspasaran a reservas voluntarias de cara a atender las inversiones futuras en nuevas estaciones, que recoge el propio Plan Estratégico para los próximos años.