VALENCIA. La solicitud este jueves del concurso voluntario de acreedores por parte de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunidad Valenciana -la mayor de España de este tipo de compañías-, precipita el riesgo de liquidación de esta entidad avalista para pymes, fundada en los años 80 y que desde hace un año pelea por esquivar su quiebra.
De cumplirse los peores pronósticos, la sociedad se sumaría a la lista de instituciones financieras que han sentido abrirse el suelo bajo sus pies en los últimos dos años, dejando a la Comunitat Valenciana con una única entidad, la diminuta Caixa Ontinyent, frente a las cuatro con las que contaba al inicio de la crisis.
De no poder salvar a la SGR, los empresarios que la integran perderían los 80 millones de depósitos en la entidad y la Administración valenciana otros 85 millones, según reconoció el conseller de Economía, Máximo Buch, ante las Cortes valencianas hace unas semanas.
El consejo de administración de la SGR acordó a última hora de la tarde del miércoles solicitar al juez la suspensión de pagos, al expirar el plazo legal de preconcurso mientras Bruselas sigue estudiando la autorización que permita a la Generalitat avalar un crédito con 200 millones de euros, después de obtener el visto bueno del Ministerio de Hacienda.
Fuentes de la Generalitat confían en que la autorización de la Comisión Europea se produzca en el lapso de tiempo entre la presentación de la solicitud de concurso y su admisión por parte del juez. De media, este paso ronda los siete días, un tiempo que se considera suficiente.
TARDE DE TENSIÓN
Horas antes del anuncio, el conseller Buch aseguró que el titular de Hacienda, Juan Carlos Moragues, había mantenido una reunión en Alicante con el secretario de Estado de Administraciones Públicas, "cuyas conclusiones fueron que había que limitar el montante del aval a la SGR".
A pesar de que Buch planteó que el consejo de administración de la SGR se dirigiese a la autoridad judicial explicándole que "al requerir permisos de tan distintas instancias, se necesita más tiempo del normal", esta solución no pudo resolverse en esos términos.
En todo caso, fuentes de la SGR aseguran que los responsables de la entidad seguirán trabajando para evitar la liquidación, a la que ya se vio abocada el pasado 9 de noviembre, cuando la junta de accionistas votó en contra de todas las alternativas que propuso la dirección para evitarla.
DESFASE PATRIMONIAL
El consejo actual, presidido por Dolores Font, tomó el encargo de dar un nuevo rumbo a la institución hace ahora un año, pero la primera revisión de cuentas descubrió un desfase de 50 millones de euros, que se fue ampliando a medida iban venciendo nuevos avales.
A partir de esa fecha se empezó a negociar un crédito con Sabadell CAM, Bankia, BBVA y CaixaBank que terminó por alcanzarse el 8 de enero, a punto de expirar por primera vez el plazo para solicitar la liquidación. El acuerdo no sólo permitiría cubrir el desfase contable generado durante el gobierno de la anterior dirección de la entidad, que dimitió en abril de 2012; sino que facilitaba poder afrontar los crédito fallidos en los últimos años, que rondan los 400 millones.
La financiación se instrumenta mediante dos líneas o tramos de financiación. Por un lado, un tramo senior equivalente a un 63% de cada reclamación frente a la SGR; y por otro lado, un tramo participativo, por un importe equivalente al 37% de cada reclamación.
En la propuesta, se establece un periodo de seis años para la devolución del dinero. Aunque no se trata de los cinco años que planteaba en un principio Sabadell CAM (condicionado por el necesario visto bueno del Fondo de Garantía de Depósitos), este plazo está lejos de los ocho años a los que inicialmente aspiraba la Generalitat.
