VALÈNCIA. El pasado martes, el consejo de administración del Puerto de Valencia denegó la solicitud presentada por Ford para reducir sus tráficos mínimos comprometidos. Una petición que se enmarca en una coyuntura de crisis interna a la espera de la llegada del nuevo vehículo eléctrico y que se traduce, este año, en una previsión de caída del 11,6% de la producción en la planta de Almussafes.
Este es, de hecho, uno de los motivos que alegó la marca en su solicitud a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), presentada el pasado 29 de noviembre y a la que ha tenido acceso Plaza. En ella, la multinacional recalcaba el impacto negativo en su negocio tanto de la desaceleración de la demanda como de algunas decisiones internas -la discontinuación de la producción del modelo Transit Connect, por ejemplo-, lo que le empujaba a solicitar la modificación de la concesión portuaria, que finaliza el próximo 7 de abril.
"La producción estimada para el ejercicio 2024", apuntaba Ford, "se sitúa en un total de 151.210 unidades y de 133.612 unidades en el ejercicio 2025, lo que supone una contracción del 28,6% en el ejercicio 2024 con respecto a la producción de 2023 y del 11,6% en el ejercicio 2025 en comparación con el año 2024". Una que caída también se proyectaba, con más fuerza todavía, para la línea de negocio de los motores, con una producción de 182.835 unidades para este ejercicio, un 37,4% menos anual.
Cambios en la producción y la Dana
En su argumentación, la multinacional explicaba que que en un principio, planteó una estrategia de negocio dirigida a un "futuro totalmente eléctrico" pero que "ante la desaceleración en la demanda de vehículos eléctricos" en 2023 y principios de 2024, tuvo que "redefinir" este objetivo para, entre otras cosas, ralentizar o eliminar productos previstos inicialmente y cambiarlos por "otros productos híbridos". Por ello, aseguraba, decidió dejar de fabricar tanto el modelo Transit Connect, tras alcanzar un acuerdo con Volkswagen para la fabricación de un vehículo similar, como el motor 2.0L, al ser un motor que se destina de forma exclusiva a vehículos fabricados y comercializados en Estados Unidos.
A todo ello, la marca sumó "los efectos de la Dana" del pasado 29 de octubre, dado que la firma "se vio obligada a interrumpir toda su actividad" porque el temporal "colapsó las vías de acceso al polígono Juan Carlos I donde se ubica el centro de trabajo", algo que "afectó significativamente las operaciones logísticas de la industria local", entre ellas las de Ford. La "situación de fuerza mayor temporal" hizo que la empresa aprobara un ERTE que afectó a los 4.281 empleados de la planta de Almussafes.
En términos generales, la firma también esgrimió la crisis de los semiconductores tras la pandemia, el impacto de la invasión rusa de Ucrania desde 2022 o los problemas de suministro por la crisis del Mar Rojo, entre otras cuestiones.
Rechazo de la reducción del tráfico a 80.000 vehículos anuales
Este escrito era un añadido a una solicitud de minoración de tráficos previa presentada en marzo de 2024 y que estaba sin resolver. En él pedía establecer un tráfico anual mínimo de 80.000 vehículos frente a una petición anterior, que fijaba 130.000 para 2024 y 120.000 para 2025. Con todo, la minoración quedó finalmente rechaza el pasado miércoles como queda acreditado por la resolución a la que ha tenido acceso este diario.
Con todo, la resolución cita las consideraciones de la Secretaría General, según las cuales algunos motivos como los cambios productivos, la crisis de suministros o el retraso en el proceso de electrificación entran dentro del "principio de riesgo y ventura" de Ford, que en su proyecto "debía contemplar" la sucesión de "ciclos de mayor y menor bonanza, e incluso ciclos de pérdidas, a lo largo de los años de duración de la concesión".
"La reducción de actividad industrial debido al cese de la fabricación de ciertos modelos no es un evento exógeno o imprevisible, sino un hecho directamente relacionado con las decisiones estratégicas de Ford y las dinámicas del mercado de la automoción", recoge la resolución, según la cual los problemas de suministros también "son inherentes a la gestión de una concesión" y que era responsabilidad de la marca "implementar medidas de mitigación".
Además, sostiene que la transición hacia vehículos eléctricos y el objetivo de eliminar los motores de combustión en 2035 "han sido ampliamente anticipados por políticas europeas" y por lo tanto Ford "podría haber preparado diferentes estrategias de adaptación, incluso en contextos de ralentización de la demanda". Y recuerda que en 2023, la Autoridad Portuaria de Valencia ya aceptó una minoración de los tráficos mínimos porque había un decreto del Gobierno que respaldaba esta decisión para ayudar al tejido productivo en el contexto de la Guerra de Ucrania y la crisis de semiconductores. Un marco jurídico que ahora "es diferente" y no lo permitiría.
Por otro lado, en cuanto a la Dana, el consejo considera que "tuvo un impacto limitado en el tiempo" y que Ford "retomó sus operaciones tras días de interrupción; lo que demuestra que el evento meteorológico no imposibilitó de manera permanente el cumplimiento de los tráficos mínimos anuales", para reiterar a continuación que no se ha aprobado ninguna normativa que permita "aplicar medidas que puedan mitigar los efectos de la Dana".
