CASTELLÓ. La cerámica de Castellón afronta una semana clave con la nueva actualización del mercado de emisiones de CO₂ (ETS) que impulsa la Comisión Europea para el periodo 2026-2030. Bruselas finaliza este 8 de junio el proceso de consulta pública del documento inicial, que mantiene un recorte del 34% en los derechos gratuitos del sector, lo que supondría un impacto económico anual de entre 109 y 163 millones de euros para el azulejo y de unos 50 millones para los esmaltes. La industria azulejera trabaja con los distintos agentes e instituciones implicados en la presentación de una alegación conjunta a la consulta pública que logre modificar la posición de la UE y suavizar un golpe que considera insostenible para el sector.

Fuentes del azulejo señalan que en este proceso participan Ascer, los ministerios de Industria y de Transición Ecológica, así como la Oficina Española de Cambio Climático (OECC). Al mismo tiempo, el Gobierno central se ha aliado con Francia y Alemania para instar a la UE a que apruebe una resolución inmediata (fast track) que permita la creación de benchmarks propios -valores de referencia que determinan los derechos gratuitos de carbono- en determinados sectores industriales como la cerámica. Esta medida se plantea mientras se desarrolla la revisión del marco regulatorio, que comenzará en julio, según fuentes conocedoras de las negociaciones entre el Ejecutivo y las autoridades europeas.

La puesta en marcha de un benchmark específico es una de las reivindicaciones de la industria azulejera para reducir el incremento del coste del CO₂. En la actualidad existe un benchmark general que no recoge las particularidades de la cerámica, de ahí que el sector reclame un indicador adaptado a su realidad tecnológica. Las empresas insisten, y el propio Ministerio de Industria lo reconoce, que todavía no existe una tecnología madura que permita acometer el proceso de descarbonización en los plazos fijados por la UE.

En el borrador inicial, Bruselas abrió la puerta a la inclusión de benchmarks en otra modificación que iniciará en julio del mercado de emisiones de CO₂. Sin embargo, el Gobierno intenta adelantar esta medida para contrarrestar los efectos de la actualización incluida en la consulta pública que hay abierta para actualizar los valores de referencia del regimes de emisiones de carbono. La cerámica española y la italiana mantienen desde hace más de medio año una campaña de presión para virar los planes de la UE. 

La industria cerámica europea, junto con otra decena de sectores industriales, respalda los objetivos de descarbonización, pero reclama una congelación de los derechos gratuitos actuales para evitar un deterioro de la competitividad de la industria comunitaria. Las empresas advierten de que un endurecimiento del impuesto verde pondría en riesgo la continuidad de sectores estratégicos europeos debido al aumento de los costes energéticos y a la competencia cada vez más agresiva de terceros países.Asimismo, recuerdan que la cerámica está considerada un sector con riesgo de deslocalización y de difícil descarbonización, motivo por el que dispone de asignaciones gratuitas de emisiones. Además, reiteran que la tecnología todavía no está preparada para sustituir el gas natural por otras alternativas a gran escala.

Debate en el seno de la UE

La aplicación del sistema ETS está generando un intenso debate entre los Estados miembros. Italia lidera la oposición al actual sistema de emisiones y reclama su suspensión, mientras que España y Francia han mostrado su rechazo al contenido del documento sometido a consulta pública. Por el contrario, los países nórdicos son los más favorables a los planes de Bruselas.

No obstante, no se esperan grandes cambios por parte de la Comisión Europea, ya que su margen de actuación está condicionado por la propia directiva que regula el sistema de comercio de emisiones. Aun así, el Gobierno español y la industria cerámica continúan pelando para reducir el recorte de los derechos gratuitos y la aprobación de un benchmark propio.

Así, esta semana, los actores políticos y sectoriales juegan sus últimas cartas para intentar convencer a la Unión Europea. El objetivo es hacer entender a las autoridades comunitarias que aumentar la presión económica sobre la industria en un contexto de incertidumbre internacional y de encarecimiento de la energía podría provocar la paralización de inversiones y el cierre de empresas.

Cabe tener en cuenta que la industria cerámica española está formada mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, especialmente vulnerables a un incremento adicional de los costes de producción.

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