CASTELLÓ. La Comisión Europea aplicará al término del primer trimestre de 2026 un recorte de un 34% en las asignaciones gratuitas de CO₂ en la industria cerámica si no cambia de planes. En el caso del sector de Castellón supondrá un coste adicional anual de cerca de 170 millones de euros, un importe “inasumible” para el sector, que advierte de una importante pérdida de capacidad productiva si se aplica, ya que todavía no cuenta con la tecnología que garantice una descarbonización inmediata. Italia y Alemania ya han impulsado alianzas con sus gobiernos para frenar la medida, pero en el caso de España su patronal, Ascer, está presionando de momento demasiado sola.

Así, el presidente de Ascer, Ismael García, ha apelado al Gobierno este jueves para que negocie en Bruselas, al igual que sus homólogos en Italia, para congelar una medida que es vista como un gran peligro para el clúster castellonense. “Queremos ayuda y no ir solos”, ha afirmado García en un encuentro informativo, acompañado por sus vicepresidentes, Miguel Nicolás, Manuel Ángel Murillo y Raúl Carnicer.

El tiempo corre, ya que solo quedan tres meses para convencer a Bruselas. El viraje con la automoción de combustible gracias a la presión de Alemania para proteger su industria abre un halo de esperanza, pero por ahora sigue en pie el planteamiento de la UE. Se trata del mayor problema que afronta el azulejo en 2026, que puede ver frenada su recuperación de los dos últimos años porque el coste de 170 millones afectaría a la producción y también rebajaría las condiciones del comercio al perder competitividad frente a otros países que no tienen estas obligaciones ambientales. La asociación cerámica europea afirma que el sobrecoste sería de un 40%.

Por ahora, según el presidente de Ascer, acaban de conseguir esta semana la implicación de la CEOE tras una reunión “fructífera” con su presidente, Antonio Garamendi. El Consell también ha presionado en Bruselas, pero aún no lo ha hecho de la mano al sector, aunque en los próximos días dos consellers se sentarán con Ascer para reforzar la presión. Pero falta una pata clave: el Gobierno. “Hemos pedido reuniones, pero aún no han contestado”, ha enfatizado Ismael García.

"/5.000 familias viven del sector"

La organización empresarial espera que el Ejecutivo central haga lo mismo que Alemania con la automoción. “Lo ideal sería que el Gobierno defendiera las reivindicaciones de las empresas azulejeras. Somos 75.000 familias las que vivimos de este sector, por lo que creo que esto debe rozar la sensibilidad de cualquier gobierno”, ha espetado.

Asimismo, al Gobierno, concretamente al Ministerio de Transición Ecológica, reclaman que rectifique su otro ajuste económico para el sector, concretamente la rebaja de un 37% en las retribuciones de la cogeneración, que implicaría otros 30 millones.

Es decir, la nueva previsión de emisiones de CO₂ y el cambio en cogeneración equivaldrían al 80% de los actuales beneficios de la industria.

Tampoco hay noticias de la vicepresidenta de la Comisión Europea, la española Teresa Ribera.

“No tenemos una alternativa tecnológica, cualquier coste derivado es un impuesto”

Por su parte, el vicepresidente de Ascer, Miguel Nicolás, ha insistido en que carecen de una alternativa tecnológica sustitutiva de la actual que permita cumplir con los plazos de descarbonización de la UE, por lo que “cualquier coste que venga derivado de ahí es puramente un impuesto, ya que el sector no tiene posibilidad de mejorar sus emisiones más allá de que tendría que reducir su capacidad productiva”.

“Lo que pedimos es que se revisen los plazos y este sistema, que se pause al menos durante un tiempo, y pensemos cuál puede ser un camino lógico que nos conduzca a todos hacia donde creemos que es bueno, a un consumo de energía más limpia y más sostenible”, ha reiterado.

“Las esperanzas tras la automoción”

El secretario general de Ascer, Alberto Echavarría, ha reiterado que el caso de la automoción, en el que Bruselas ha dado marcha atrás en la prohibición de los coches con combustión en 2035, supone una esperanza no solo para la cerámica, sino para muchas industrias que no son capaces de reconvertirse. Para Echavarría, el cambio de posición pone de manifiesto además que “la Comisión Europea no es un frontón cerrado”.

En esta línea, ha incidido en que el azulejo no tiene “una alternativa viable de descarbonización, no podemos sustituir hornos y atomizadores” y, para 2030, ha continuado, “no va a haber un cambio radical de tecnología y escenario”.

El secretario general de Ascer ha sostenido que Bruselas lideró hace 20 años “unos objetivos muy ambiciosos y desde entonces no se han movido una coma pese a los cambios en el mundo”. “No podemos mantener el mismo enfoque que hace 20 años. Hay que adaptarse y flexibilizar los objetivos y ajustarnos a la realidad de hoy en día”, ha remarcado.

Ha añadido que la cerámica también espera su posible inclusión en el listado de sectores beneficiados por ayudas a costes indirectos de CO₂, aunque solo supondría 20 millones y no compensaría la reducción de las emisiones gratuitas.