VALENCIA. "Las horas extras de los policías son mucho más caras que las de los agentes privados, por lo que los ayuntamientos podrán ahorrar buena parte de lo que hasta ahora gastaban en horas extras o trayendo agentes de otros pueblos para las fiestas o situaciones especiales", destaca José Luis Roberto, responsable de Levantina de Seguridad, una de las principales empresas del negocio en la Comunitat Valenciana.
Con la nueva ley de seguridad privada, los efectivos del también líder de la formación ultraderechista España 2000 y secretario técnico de la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (Anela) podrán patrullar las calles armados, exigir la documentación de los viandantes que consideren sospechosos, registrarles o inspeccionar sus objetos personales.
La norma, que se ha aprobado en el Congreso de los diputados con el respaldo de PP, PNV y CiU, incluye cambios significativos en las competencias de los trabajadores de la seguridad privada, instruidos con un curso de 180 horas, hasta darles la capacidad de sustituir a funcionarios de los cuerpos y fuerzas del seguridad del Estado, .
A LA ESPERA DEL REGLAMENTO
Aunque se deberá redactar un reglamento que fije los detalles, con la nueva norma, los vigilantes de seguridad podrán patrullar espacios públicos sin restricciones, no como hasta ahora, que era necesaria una autorización administrativa para desarrollar este tipo de servicios y estaba restringida a espacios concretos, "aunque era un criterio subjetivo", según reconoce Roberto.
Así como antes podrían recorrer determinados recintos como piscinas, polideportivos, ferias o zonas de conciertos, a partir de la aprobación de la nueva norma podrán recorrer armados la vía pública o por las calles de polígonos y urbanizaciones, donde sí que los permisos eran más restrictivos: "se concedían dos de cada 10 que se solicitaban", reconoce Roberto.
Además de realizar registros, los agentes privados podrán exigir la documentación o inspeccionar los objetos personales, paquetería, mercancías o vehículos en las zonas para las que hayan sido contratados. En todo caso, no podrán efectuar detenciones, sino sólo retener a los sospechosos de cometer actos delictivos a la espera de la llegada de la policía.
ATENTADOS A LA AUTORIDAD
Si el afectado se opone, ofrece resistencia y llega a agredir al vigilante, se podrá considerar como un "atentado a la autoridad" y no como un delito de lesiones entre dos particulares, como ocurría hasta ahora. Sí queda fuera de su capacidad la seguridad en el interior de recintos penitenciarios, aunque no la vigilancia exterior de estos centros.
La medida, que debe pasar todavía por el Senado para su posterior ratificación, llega al negocio de la seguridad privada en un momento en el que las empresas han reducido su gasto en seguridad, con el consiguiente efectos sobre el sector.
"En nuestro caso, dejamos de trabajar para la Administración por los impagos y hemos perdido clientes que han declarado concurso de acreedores o, directamente, han cerrado", señala Roberto. En su caso, antes de la crisis llegó a contar con un millas de efectivos, que hoy han quedado reducidos a unos 700 trabajadores.
