La saturación de la red eléctrica deja en la estacada al 88% de solicitudes de suministro en la Comunitat

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Solo el 12% de las peticiones de suministro eléctrico fueron autorizadas en 2025, en línea con la situación nacional, dejando sin acceso a miles de proyectos industriales, viviendas y otras instalaciones

  • Imagen de archivo de trabajos en una torre eléctrica.
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VALÈNCIA. La falta de capacidad de las infraestructuras eléctricas se ha convertido en uno de los principales obstáculos para el desarrollo industrial de la Comunitat Valenciana. En 2025, solo el 12% de las solicitudes de suministro eléctrico fueron autorizadas, mientras que el 88% restante se denegó por falta de capacidad en la red. Así lo expusieron este miércoles diversos representantes del sector energético durante la jornada 'Energía para competir. Redes y flexibilidad para el futuro industrial valenciano', organizada por Iberdrola y el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana (COIICV).

La situación refleja el grado de saturación de las infraestructuras eléctricas en el territorio valenciano. Según los datos expuestos al inicio de la mesa de debate, la ocupación de la red alcanza el 99% en Castellón y el 87% en Valencia. Un escenario que limita la posibilidad de conectar nuevas demandas de electricidad y condiciona tanto la expansión de las empresas existentes como la implantación de nuevos proyectos industriales.

Miguel Rivas, presidente del Instituto Tecnológico de la Energía (ITE), advirtió de que la capacidad eléctrica no debería convertirse en un factor limitante para el crecimiento económico, aunque también puso el foco en la ejecución de las inversiones ya comprometidas. En este sentido, señaló que antes de abordar una nueva planificación de infraestructuras sería necesario completar el 40% del plan anterior que todavía está pendiente de ejecutar.

La falta de capacidad de la red fue uno de los principales asuntos abordados en el encuentro, en el que participaron también Guillermo Raga, director de i-DE en la Región Este; Antonio Miranda, director general de Energía y Minas de la Generalitat Valenciana, y Óscar Palomares, director de Energías Renovables del Grupo Atitlán. La mesa estuvo moderada por Jorge Aleix, responsable de ingeniería de Grupotec Renovables.

Por parte de Iberdrola, Raga defendió la necesidad de anticipar las inversiones en infraestructuras a las necesidades futuras de la industria. La compañía prevé destinar cerca de 2.000 millones de euros a reforzar y modernizar las redes eléctricas de la Comunitat Valenciana hasta 2031, con el objetivo de incorporar la capacidad que requieren los nuevos proyectos empresariales.

  • Torres de red eléctrica.

El directivo también avanzó que el Ministerio para la Transición Ecológica prevé aprobar 32 de los 41 proyectos de ampliación de la red que ha solicitado la compañía. Una planificación que, según explicó, permitirá atender las necesidades del sector cerámico de Castellón, aunque todavía dejará algunas carencias en otros puntos del territorio.

Entre las zonas que seguirán necesitando mejoras mencionó el interior del eje de la A-3, donde Iberdrola había solicitado varias subestaciones, así como Sagunto, donde la planificación contempla algunas actuaciones, aunque menos de las demandadas por la compañía.

Raga insistió en que la ampliación de la red de transporte debe ir acompañada de un mayor esfuerzo inversor en las infraestructuras de distribución. Además, defendió la flexibilidad energética como una herramienta para aprovechar mejor la capacidad existente, mediante mecanismos que permitan a operadores privados gestionar y ceder energía cuando no la estén utilizando.

La tramitación también frena las inversiones

La saturación de las redes no es, sin embargo, el único obstáculo que afrontan los proyectos energéticos en la Comunitat Valenciana. Palomares apuntó que, en el caso de las empresas del sector de la generación, las dificultades están más relacionadas con la lentitud de los procedimientos administrativos que con las limitaciones de conexión eléctrica.

El responsable de Energías Renovables de Atitlán explicó que la compañía desarrolla proyectos en distintos territorios de España y que, en la Comunitat Valenciana, todavía no ha conseguido los permisos necesarios para iniciar la construcción de algunas plantas. Una situación que, según indicó, ha provocado que determinadas inversiones hayan terminado desplazándose a otras comunidades autónomas.

Por su parte, Miranda reconoció la importancia de agilizar los procedimientos administrativos para evitar que la Generalitat se convierta en un obstáculo adicional para el desarrollo de nuevas instalaciones. El director general de Energía y Minas aseguró que la Conselleria trabaja en una reorganización de sus procesos para identificar los trámites críticos y reducir los plazos de resolución de los expedientes.

Entre las medidas que destacó figura la colaboración con los colegios profesionales para agilizar la tramitación de los proyectos. Miranda también señaló que la Generalitat está trabajando en modificaciones de líneas y en la adaptación de los procedimientos a las necesidades que plantea el mercado.

El responsable autonómico se mostró, no obstante, optimista respecto a la nueva planificación eléctrica para el periodo 2026-2030, todavía pendiente de aprobación. En su opinión, que se haya recogido alrededor del 80% de las necesidades planteadas por la Comunitat Valenciana en la red de transporte constituye un avance positivo, aunque reconoció que el territorio concentra una demanda de capacidad especialmente elevada por el interés que despierta entre los inversores.

La jornada también puso sobre la mesa el papel que pueden desempeñar el autoconsumo, las baterías y la hibridación de instalaciones para aliviar las restricciones actuales. No obstante, Rivas recordó que la flexibilidad no puede sustituir las inversiones en infraestructuras. La ampliación y modernización de las redes sigue siendo una condición necesaria para atender el crecimiento de la demanda eléctrica y evitar que la falta de capacidad termine desviando nuevas inversiones industriales hacia otros territorios.

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