Los eurodiputados han respaldado unánimemente con 30 votos a favor y sin abstenciones una "enmienda consolidada" -acordada con el Consejo de la UE, que representa a los países- a un informe presentado por la socialista alemana Barbara Weiler, quien se mostró convencida de que el acuerdo sobre el plazo de 30 días dará a las pymes más oportunidades para crear empleos e invertir en innovación.
Los parlamentarios acordaron que el plazo general para pagar entre empresas privadas sea de 30 días a menos que se estipulen otras condiciones en el contrato, y de 60 si así lo negocian las partes.
El tiempo para pagar se podrá extender a más de 60 días "sólo si es expresamente acordado" en el contrato, y si no supone una situación "muy injusta para el acreedor".
En el caso del sector público al privado, el límite general también será de 30 días, y hasta 60 sólo si está "objetivamente justificado" y si es "expresamente acordado".
La comisión parlamentaria incluyó una exención para las entidades públicas de salud, que pueden elegir un plazo de hasta 60 días dada la "naturaleza especial" de centros como los hospitales públicos, que suelen financiarse ampliamente con reembolsos de los sistemas de seguridad social.
Los eurodiputados y el Consejo de la UE negociaron un tipo de interés legal del tipo de referencia más un mínimo del 8%, en tanto que el acreedor podrá obtener del deudor, como mínimo, una suma fija de 40 euros como indemnización por los costes de cobro.
El periodo de verificación para averiguar si los bienes o servicios cumplen con los términos del contrato será igualmente de 30 días, un plazo que podrá extenderse en el caso de contratos particularmente complejos, pero sólo si es "expresamente acordado" y si no es "muy injusto" para el acreedor.
Los eurodiputados establecieron que esos periodos no se utilicen como una "laguna jurídica" para retrasar un pago innecesariamente. Esta legislación pretende actualizar la directiva europea existente sobre retrasos en los pagos, aprobada en 2000.
A continuación, el acuerdo aprobado hoy por la Comisión de Mercado Interior parlamentaria deberá recibir el visto bueno del pleno de la Eurocámara este mes.
Si pasa ese trámite, la nueva directiva deberá entrar en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE y, a partir de ese momento, los estados miembros tendrán dos años para adaptar sus legislaciones nacionales y aplicar las nuevas medidas.
