VALENCIA. El despacho de abogados Garrigues ha presentado su propuesta de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) sobre buena parte de la plantilla del ente público RTVV. En los próximos días, la dirección de la entidad pública transmitirá el inicio del proceso de despidos a la Dirección General de Trabajo de la Conselleria de Educación y Empleo.

Según ha podido saber este diario, el plan contiene el despido de 1.200 trabajadores y la reducción de la plantilla a tan solo 550 empleados. Igualmente, se procederá  a la fusión de TVV con Radio 9 y suprimiéndose el actual ente de RTVV.

A partir de ese momento, se presentará al comité de empresa la propuesta, que concretará el alcance de la medida con el perfil de trabajadores afectados. De haber acuerdo entre las partes en un plazo de quince días, la dirección general de Trabajo actuará de árbitro del conflicto.

La intención es completar el proceso "lo antes posible", según fuentes conocedoras de la medida. De este modo, se cumpliría la previsión inicial de sacar adelante el ERE antes de la aprobación en las Cortes Valenciana de la nueva ley de la Ràdio Televisió Valenciana, prevista para el mes de junio.

La norma aprobada el pasado viernes en el Pleno del Consell y presentada ese mismo día en el parlamento autonómico, ya se ha tramitado este martes en la mesa de la Mesa de la cámara. Fuentes parlamentarias aseguran que a esta velocidad la tramitación de la norma estará resuelta en menos de un mes.

CONTRATO PROGRAMA PARA OTOÑO

De este modo, en la primera quincena de junio se produciría el despido de hasta dos tercios de la plantilla, según fuentes consultadas. Una vez superados estos pasos, con la ley aprobada se deberá establecer el Contrato Programa que establecerá la aportación de la Generalitat a RTVV. Fuentes conocedoras del proceso fijan para los meses de septiembre u octubre la definición de este aspecto, abriendo a partir de ese momento el trámite de externalización de servicios y la gestión de las franjas horarias que se privaticen.

Con el Contrato Programa se financiarán los contenidos considerados de servicios público, limitados a los informativos y a contenidos como la ficción propia, como anunció el vicepresidente del Consell, José Ciscar. Teniendo en cuenta los plazos administrativos para la adjudicación de este tipo de contratos con la Adminsitración, sería a principios de año cuando las empresas públicas comenzaran a trabajar para la RTVV en las nuevas condiciones.

Con esta previsión, Ximo Pérez, presidente de la Asociación de Productores Audiovisuales Valencianos (PAV), espera que el sector audiovisual valenciano pueda asumir esta nueva situación, una vez cobradas entre junio y julio las facturas pendientes hasta 2011 por medio del plan de pagos a proveedores del Ministerio de Hacienda. La esperanza es que, "con el contador a cero", las entidades de crédito rebajen la calificación de riesgos de estas empresas y sea más posible acceder al crédito.

UNA NORMA MONOCOLOR

Aunque los productores valencianos aspiran a un trato preferencial en la externalización de servicios, confían en el cumplimiento de la Ley de Audiovisual Valenciano, que fija un mínimo del 20% de producción local, excluidos los informativos y los deportes. En todo caso, la nueva norma no queda libre de polémica.

Así como la anterior norma reguladora del ente público fue aprobada por unanimidad de todos los partidos presentes en las Cortes Valencianas, las formaciones políticas de la oposición se plantean votar en contra de la nueva propuesta por no haber visto atendidas sus propuestas, pudiendo salir adelante únicamente con los votos del Partido Popular

Aunque el Consell ha tenido en cuenta las matizaciones de tipo técnico-jurídico planteadas, no se han respetado las que se referían a temas "de fondo", según Josep Moreno, portavoz socialista en la Comisión de Control a Radio Televisión Valenciana (RTVV). Los aspectos más controvertidos son de tipo lingüístico y de organización.

Por último el tercer aspecto más discutido es la disolución del actual ente público sin mediar acciones por la falta de justificación de 1.300 millones de euros. Según la oposición, la medida significará una amnistía para los anteriores responsables de RTVV que no tendrían que responder por los resultados de su gestión.Entre otros aspectos, se destaca la negativa a alcanzar una presencia del valenciano del 100% de la programación, como sí ocurre en otras televisiones como la Televisión de Galicia. También se rechaza la designación del nuevo director general de RTVV (con mayor poder de decisión y menor control parlamentario) sin mediar el acuerdo de las fuerzas políticas.