VALÈNCIA. La última declaración ante la jueza de la Dana, la de un testigo de la Generalitat Valenciana que participó del envío de la alerta masiva a la población, ha abierto nuevos caminos a la investigación después de admitir que en la sala técnica que estaba a 10 metros del centro de emergencias (Cecopi) sí recibieron el aviso de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre el aumento del caudal del barranco del Poyo a las 18.43h, mensaje que nunca habría llegado a la sala contigua, donde se tomaban las decisiones.

El técnico, que responde a las iniciales R. E., señaló ante la jueza que, tras ser avisado por una compañera sobre el mensaje que alertaba de la crecida súbita en el Poyo, se trasladó al jefe de la Unidad de Análisis, uno de sus superiores, pero no se comunicó al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, que estaba en contacto con el Cecopi. Así, declaró que se daba por hecho que el presidente de la CHJ, Miguel Polo, informaría al respecto en el Cecopi al formar parte del mismo.

Así pues, el partido Ciudadanos, representado por Mamen Peris y Eduardo García, ha solicitado a la jueza nuevas diligencias este miércoles, entre las cuales se encuentra precisamente que se tome declaración en calida de testigo del jefe de la Unidad de Análisis, una figura que hasta el momento no había adquirido relevancia pero que, tras la última declaración, permitiría tirar del hilo en la cadena de información de aquella fatídica tarde.

En la solicitud, el partido también pide que se identifique "a las personas que se encontraban como operadores y técnicos de protección civil desde las 14h del día  29 de octubre de 2024 hasta las 2 del día 30 de octubre de 2024 en la sala de los técnicos", para conocer quiénes eran los que configuraban esa 'sala técnica' y que podrían arrojar más luz sobre lo ocurrido aquel día.

El técnico declaró también que lo que se hizo con esa información fue remitirla a través de la plataforma 'Coordcom', una especie de chat interno de Emergencias con más de 120 servicios operativos de protección civil, extinción y salvamento, urgencia sanitaria y seguridad pública, algunos de cuyos responsables forman parte del centro de coordinación. Así pues, Ciudadanos solicita a la jueza que se remita "copia de todas las comunicaciones" de aquel día a través del mencionado sistema porque, a raíz de la última declaración, "hay una información importante para esta causa almacenada" en esta plataforma.

La acusación popular de Acció Cultural del País Valencià ya había solicitado que se investigara 'Coordcom', pero por el momento la jueza no ha respondido. En su escrito recogía que este sistema "viene a ser una suerte de caja negra que supone la columna vertebral para revisar las actuaciones de una emergencia" y "soporta las actuaciones y comunicaciones de los servicios del 112 de la Comunitat Valenciana con 120 servicios esenciales y agencias integrados en la operativa a afrontar".

Por otra parte, la formación naranja ha pedido que se solicite a la Conselleria de Emergencias que identifique a "todas las personas que estaban acreditadas para poder redactar y/o validar los mensajes de ES-Alert", dado que el técnico señaló que fue otro técnico el que, con sus credenciales, redactó un primer borrador que más tarde se paralizó. Y también que la Generalitat acredite "si se ofreció o no formación durante los años 2022, 2023 y 2024 a los responsables designados como técnicos para poder redactar y/o validar los mensajes".