VALENCIA. Dos de los tres administradores que nombró la Generalitat Valenciana para liquidar las dos empresas de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) que existían (y existen) pese al cierre de las emisiones de Canal 9 y Ràdio 9 han presentando su dimisión.

De momento no han trascendido las razones por las que Antonio Hervás, que fue director financiero de Canal 9, y el abogado Pau Pérez, han decidido dejar sus cargos. Se espera que el Consell, en su reunión de este viernes nombre a sus sustitutos. Pero hay un elemento que es clave a la hora de analizar le proceso de liquidación tanto de Ente Público RTVV, la antigua, y RTVV SAU, la nueva.

Ambas están en liquidación, pero presentan carácterísticas muy distintas. La primera es la sociedad que se quedó sin actividad tras el traspaso de los activos de Canal 9 y Ràdio 9 a la nueva empresa que empezó la que se suponía nueva era de la televisión autonómica. En ella se quedó solo la deuda de RTVV que, en aquel momento, era de 1.051 millones de euros.

Para poder liquidar la empresa, la Generalitat decidió asumir esa deuda y, por tanto, liberar a sociedad de las cargas. Pero los bancos se han negado a ese proceso. Tal y como adelantó ValenciaPlaza.com este jueves, las entidades financieras no han dado su permiso para trasladar los créditos a la Generalitat, con lo que Ente Público RTVV sigue con una deuda de más de 800 millones con vencimientos a largo plazo que hacen imposible su liquidación.

En el caso de RTVV SAU, la situación es más compleja aún, puesto que esta sociedad, aunque no tiene pasivo financiero, debería liquidar sus activos que incluyen todo el material técnico, derechos de emisión, propiedades intelectuales o el propio edificio de Burjassot para liquidar la empresa. RTVV SAU presentó pérdidas por 174 millones de euros en 2013 después de verse obligada por la sentencia del TSJCV a aceptar a todos los empleados afectados por el primer ERE, lo que desbarató sus cuentas.

Como el ERE de extinción se aprobó definitiavamente en 2014, las cuentas del año pasado aún no recogen las indemnizaciones. De hecho, tal y como explicó este periódico el jueves, las cuentas de 2013 están formuladas como si se tratase de una empresa en funcionamiento, puesto que la actividad de la empresa, pese al cese de las emisiones, era total: todos los empleados cobraban su nómina y, pese a que tenían permiso para no acudir al trabajo, los costes de RTVV eran idénticos a los que hubiera tenido si hubiera emitido. 

Pero de todo esto hay un elemento clave que apunta a problemas en la elaboración de las cuentas de las dos sociedades. En la Cuenta General de la Generalitat, donde están los informes financieros y de gestión de las dos sociedades, no aparecen los informes de los auditores, un trámite esencial e imprescindible. El resto de empresas públicas sí lo tienen.

El año pasado ya hubo problemas con el visto bueno del auditor a las cuentas de Ente Público RTVV. Las numerosas salvedades al informe pusieron en tela de juicio los criterios con que se habían elaborado. De hecho, en el informe de este año de RTVV SAU, por ejemplo, los propios liquidadores reconocen la existencia de incertidumbres sobre las cuentas vinculadas a las reclamaciones colectivas e individuales que siguen abiertas en los tribunales contra los despidos.

El laberinto judicial y financiero de RTVV amenaza, por tanto, con enquistarse.