VALENCIA. Visto para sentencia. Tras dos jornadas de juicio, el tribunal presidido por el juez Francisco Pérez Blanco está deliberando el futuro de Ràdio Televisión Valenciana (RTVV), una empresa en una situación económica extrema que podría verse obliga a readmitir a casi un millar de trabajadores o satisfacerles con indemizaciones millonarias.
Las explicaciones de los directivos que han llevado la gestión de la empresa desde que hace dos años se empezó a elaborar el expediente de regulación de empleo (ERE) han evidenciado una serie de actuaciones respecto a la composición del listado de afectados y de los criterios, reconocidas por la dirección, que se suman a la denuncia de mala fe negociadora planteada por los sindicatos, entre otras causas de nulidad.
De hecho, el abogado del ente RTVV ha llegado a segurar ante el juez que le había dejado "descolocado" la declaración realizada la mañana del martes el exdirector general de la empresa hasta el pasado mes de marzo, Alejandro Reig, llegando a asegurara que su credibilidad era "cero" y su explicación "inverosímil".
Afectados que eran sacados de las listas por decisión expresa de la dirección general, reinterpretaciones de los criterios de selección cuando parte de los afectados ya habían sido despedidos, entrega de documentación incompleta a los sindicatos en el proceso de negociación del ERE y otros comportamientos han hecho que el fiscal del caso, Rafael Navarro, haya solicitado la nulidad del proceso.
Aunque los juicios por asuntos laborales no cuentan habitualmente con fiscal, la gravedad de las acusaciones hizo que el Ministerio Público estuviera presente y este martes haya concluido, como indicaban los sindicatos, que la reestructuración y redimensionamiento de la empresa pública puede haber incurrido en una vulneración de derechos fundamentales, recogidos en la Constitución y en el Estatuto de los Trabajadores.
LOS PEORES ESCENARIOS PARA LA EMPRESA
A pesar de que la petición del fiscal no es más que una propuesta que el tribunal ha de valorar a la hora de establecer su sentencia y no obliga a los jueces a manifestarse en el mismo sentido, fuentes jurídicas destacan el serio revés que significa para los intereses de la empresa esta toma de postura.
Si los magistrados compartieran el criterio del fiscal, la empresa debería reincorporar a los más de 970 trabajadores afectados, lo que traería consigo la inviabilidad económica de la empresa y la consiguiente resolución del actual contrato programa que la rige (indemnizando a los beneficiarios del reciente concurso de externalización de contenios), además del posible cierre de la radio televisión pública valenciana, como reconoció José Ciscar, vicepresidente del Consell.
De no tomarse esa interpretación y concluir los jueces que los despidos incluidos en el ERE deben ser considerados como improcedentes (como ha ocurrido con el de TeleMadrid en primera instancia), la empresa se enfrentaría al pago de indemnizaciones millonarias.
Aunque el daño económico que produciría esta decisión afectaría gravemente a las cuentas de RTVV, fuentes de la empresa aseguran que sería un mal menor, ya que se podrían barajar distintas posibilidades para sufragar el desembolso. No sería sencillo, pero no condenaría a la cadena al cierre, necesariamente.
RECURSO ANTE EL SUPREMO Y UN AÑO MÁS DE ESPERA
En todo caso, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que se espera para dentro de pocas semanas, no significaría el fin del proceso, ya que la propia dirección prevé recurrirla al Tribunal Supremo si no satisface sus intereses, lo mismo que se plantean los sindicatos, en sentido contrario.
De este modo, la decisión definitiva no llegaría hasta dentro de un año y, en el caso de no incluir la reincorporación sino nuevas indemnizaciones económicas, estas no se tendrían que satisfacer hasta que fueran demandadas por la vía judicial por cada uno de los afectados que denunciaron el despido cuando éste se produjo.
Fuentes jurídicas señalan que, de este modo, el grueso de las indemnizaciones se tendrían que satisfacer ya en 2015, al haberse paralizado la instrucción de las causas hasta que se decida la legalidad del despido colectivo que actualmente se trata en los tribunales.
UNA EMPRESA EN CAUSA DE DISOLUCIÓN
Como ha reconocido en el juicio la propia defensa de la compañía, a la necesidad de una reestructuración tan contundente se ha llegado por la gestión realizada. Después de 20 años, se ha duplicado la plantilla, pasando de 681 trabajadores en 1991 a los 1.675 de 2011; mientras que la audiencia ha pasado del 22,5% de share que tenía en 1991 hasta el 5,7% de 2012.
En sus cuentas, la empresa ha alcanzado una deuda financiera de 1.100 millones de euros y otra con proveedores de más de 200 millones, cuando su presupuesto para el pasado año, el último con las tres sociedades agregadas, se situaba en 154 millones de euros y el actual se ha visto reducido a 86 millones.
Las acusaciones de falta de rigor en la gestión han sido una constante desde hace años, lo mismo que las contrataciones por motivos políticos con cada cambio de partido o tendencia en la Generalitat. Sin ir más lejos, la propia directora general, Rosa Vidal, apuntó que al llegar a la empresa redujo en un 50% el equipo de dirección y señaló la existencia de personal poco productivo, con jornadas semanales de 35 horas o que ni iba a trabajar.
