BRUSELAS (EP). La Comisión Europea ha instado este miércoles a España a aplicar correctamente la normativa comunitaria sobre temporalidad en el sector público y a corregir las deficiencias detectadas en dos expedientes, relativos a la discriminación de trabajadores temporales y al uso abusivo de estos contratos, bajo la advertencia de que, de no hacerlo, podrá llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El ultimátum adopta la forma de sendos dictámenes motivados, la segunda fase en un procedimiento de infracción, en los que Bruselas señala las irregularidades y da a las autoridades españolas un plazo de dos meses para tomar medidas correctoras. De no hacerlo, la Comisión podrá optar por entrar en la tercera fase del expediente y denunciar a España ante la justicia europea.

Por un lado, el Ejecutivo comunitario considera que la legislación española no se ajusta plenamente a la Directiva sobre el trabajo de duración determinada, al mantener condiciones laborales menos favorables para los trabajadores con contrato temporal en el sector público frente a los empleados fijos.

Aunque España ha resuelto y aclarado parte de las cuestiones planteadas en fases anteriores del procedimiento, la Comisión concluye que las explicaciones facilitadas siguen siendo "insatisfactorias" para garantizar el cumplimiento de la normativa europea.

El segundo caso se refiere a la falta de protección frente al uso abusivo de sucesivos contratos de duración determinada en el ámbito público, al entender Bruselas que España no ha incorporado en su normativa medidas eficaces para prevenir y, en su caso, sancionar este tipo de prácticas.

En concreto, el Ejecutivo comunitario apunta que el ordenamiento español no contempla mecanismos adecuados para determinados vínculos de carácter temporal en la Administración y que, pese a las reformas introducidas en los últimos años, las respuestas ofrecidas no corrigen plenamente las deficiencias detectadas, como en el expediente anterior.