VALÈNCIA. "La normativa europea nos está asfixiando". Bajo esta premisa, los alcaldes de la Hoya de Buñol-Chiva, una comarca situada en el interior de la provincia de Valencia, estudian elevar una moción al Gobierno de España para minimizar la gestión de la tasa de basuras, cuyo coste repercutirá en su totalidad a la ciudadanía a partir de 2025. Así, los ayuntamientos de esta comarca se suman a la iniciativa de Vilamarxant (Camp de Túria), donde el Partido Popular también ha presentado este mes de octubre una moción con la misma finalidad.

El "nuevo" impuesto queda recogido en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados; una medida estatal, desarrollada por una directiva europea, que obliga a los ayuntamientos al establecimiento de una tasa de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos. Al mismo tiempo, el gravamen debe ser "específico, diferenciado y no deficitario, y tiende a establecer de forma progresiva sistemas de pago por generación de residuos". 

Tras su aprobación en abril de 2022, el Gobierno central ha dado de plazo tres años a las entidades locales para que establezcan este impuesto. Una tasa que, además de aumentar la cuantía que pagan los vecinos por la recogida y el tratamiento de residuos, implica que el coste de este servicio repercute completamente sobre la ciudadanía y, en consecuencia, son los contribuyentes quienes cubren la totalidad de los gastos con sus impuestos. 

La posibilidad de presentar un recurso o moción al Gobierno central ha sido vista con buenos ojos por la Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva, que busca la manera de llevar a las instituciones estatales esta queja. Es más, los ayuntamientos de Buñol y Macastre han mostrado su "malestar" a este diario, asegurando que esta medida afecta al vecindario "de forma desproporcionada". Por su parte, el alcalde de Macastre, Vicente Montó, critica que la ley, "lejos de premiar a aquellos que más reciclan", no tiene en cuenta aspectos como el nivel de consumo o generación de residuos.