VALÈNCIA. (EFE). La ley valenciana de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de atención al final de la vida, conocida como ley de muerte digna, ha superado su último trámite parlamentario antes de pasar al pleno para su debate y aprobación definitiva.

La Comisión de Sanidad de Les Corts Valencianes ha debatido y votado las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios a esta ley, que busca regular el ejercicio de los derechos de la persona en el proceso final de su vida, evitando el sufrimiento y respetando su última voluntad.

El PSPV, Compromís, Podem y Ciudadanos han defendido la importancia de esta norma, mientras que para el PP la ley se ha hecho con demasiada precipitación, sin contar con la participación de muchos colectivos y, además, no dispone de presupuesto, por lo que será "imposible llevarla a cabo".

El socialista Ignacio Subías ha asegurado que se trata de una ley "importante" que da "derechos, autonomía y libertad a los ciudadanos" pero también "seguridad a los profesionales", y va más allá del derecho a la muerte digna, al regular también el derecho a los cuidados paliativos, a la intimidad o al acompañamiento.

Subías han tendido la mano al PP para que apruebe una ley de la que, a su juicio, "nadie debiera quedarse fuera", pero ha dicho tener la impresión de que el grupo popular "usa en ocasiones un conservadurismo que no está acorde con el pensamiento de la sociedad".

Isaura Navarro, de Compromís, ha considerado que se trata de una la ley "fundamental para garantizar el derecho a una muerte digna, sin sufrimiento", y que esto pueda ser "exigible" sin que haya "ninguna vulneración de este acceso" y para que exista "equidad".

Ha destacado que las aportaciones de Compromís a esta norma van en la línea de reducir la burocracia e incluyen la creación de un observatorio de muerte digna, que haga el análisis y seguimiento necesario del cumplimiento de la norma.

Para Daniel Geffner (Podem), la ley va a "salvaguardar los derechos de los pacientes a morir con el menor sufrimiento posible, respetando su autonomía y sus criterios" y hará que el personal sanitario "sea consciente de los deberes y obligaciones que tiene de informar al paciente, compartir el proceso y reflexionar conjuntamente para tomar las decisiones".

Ciudadanos considera "positiva" la norma y cree que hacía falta en la Comunitat Valenciana, pues, según el diputado Juan Córdoba, los valencianos deben tener "los mismos derechos que el resto de españoles en esas circunstancias al final de la vida".

Por parte del PP, Remedios Yáñez ha criticado que la norma se haya tramitado por el procedimiento de urgencia, acortando así los tiempos para que hubiera mayor participación, especialmente de ciudadanos y colectivos profesionales.

Además, ha destacado que la norma "no lleva presupuesto", por lo que cree que "será imposible llevarla a cabo".