ALICANTE. La nueva regulación de las viviendas turísticas que el Consell prevé elevar a aprobación antes de que concluya este mes de julio no solo reforzará las competencias de los ayuntamientos a la hora de fijar límites en la concesión de nuevas licencias, a partir de una propuesta de zonificación basada en estudios de carga máxima. Esa nueva normativa, que quedará recogida bajo el formato de Decreto Ley, también prevé reforzar el papel municipal implicando a la administración local en el control de su propio cumplimiento al contemplar que sean los propios ayuntamientos quienes asuman las competencias sancionadoras en los casos en los que se detecten infracciones.
Esa es una de las principales novedades reflejadas en el borrador del texto normativo, en el que se detalla que, en todo caso, será cada ayuntamiento interesado el que deba solicitar a la Generalitat la delegación de esa capacidad específica -que hasta ahora quedaba reservada de forma exclusiva a la administración autonómica- para ejercer esa labor de control de forma directa sobre su propio territorio. Con ello, se abre la puerta a que los municipios puedan actuar de primera mano, con la ventaja que supone tener un mayor conocimiento sobre la problemática específica en cada ámbito local y de las zonas en las que existe una mayor concentración de vivienda turística en sus respectivos límites.
Al tiempo, esa opción permite implicar y facultar a los ayuntamientos a que puedan reforzar la lucha contra la actividad irregular, de modo que se amplíen las sanciones para los infractores que bien no hayan dado de alta sus viviendas en el registro autonómico, o bien incumplan alguna de las condiciones a las que queda sujeta el desarrollo reglado de la actividad de arrendamiento. De hecho, se prevé que los ayuntamientos que asuman esa competencia puedan incoar, instruir y resolver los expedientes sancionadores en todo tipo de infracciones (leves, graves y muy graves).
Se trata, en definitiva, de dar un paso más allá de la potestad de regulación que también se reserva a los ayuntamientos desde el punto de vista de la ordenación urbanística a la que ahora también se da cobijo con el nuevo Decreto Ley. A este respecto, el texto desarrolla la posibilidad que ya había anticipado la propia consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, a principios de julio, al dar a conocer algunos de los primeros detalles de la regulación.
En concreto, la nueva propuesta de regulación recoge que los ayuntamientos podrán establecer limitaciones proporcionadas en número máximo de viviendas de uso turístico por edificio, sector, ámbito, área o zona siempre que esas restricciones estén basadas en criterios objetivos a los que se haya dado publicidad con antelación.
