VALÈNCIA. Quien pensara que la disputa por el uso de los remanentes se había acabado en el Ayuntamiento de València, estaba muy equivocado. Las discrepancias al respecto vuelven a estar sobre la mesa este viernes, cuando la Junta de Gobierno Local aprobará utilizar los ahorros consistoriales -32 millones de euros- para amortizar deuda que se tiene con el banco BBVA. Lo hará con el ejecutivo fracturado: Compromís apoyará la decisión, mientras que el PSPV estudia rechazarlo. Pero saldrá adelante, dada la mayoría en el órgano de la coalición que lidera el alcalde Joan Ribó frente a los socialistas de Sandra Gómez.

La falta de acuerdo reside fundamentalmente en una disyuntiva: esperar tras siete meses de pandemia a que el Gobierno central cumpla su anuncio y permita a los ayuntamientos utilizar sus ahorros libremente en 2021 o, por el contrario, suponer que esto no se va a producir, utilizar los ahorros para pagar deuda, y renunciar a su uso libre el próximo año si este acaba permitiéndose. Esa es la cuestión de fondo.

El uso de los superávits amasados por los consistorios cada año está restringido desde que se aprobaran las leyes de estabilidad presupuestaria de Cristóbal Montoro, en 2012, según las cuales los ayuntamientos sólo pueden dedicar el dinero que les sobra cada año a pagar deuda, las llamadas 'facturas en los cajones' o a realizar inversiones financieramente sostenibles -un tipo muy acotado de obras-. Ante la pandemia los consistorios han estado reclamando que el Gobierno les permitiese usar sus ahorros en lo que cada uno decidiera para hacer frente al impacto de la crisis.

Ante la falta de claridad de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la falta de un acuerdo del Gobierno con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), el Ayuntamiento de València tomó una decisión: aprobar la dedicación de sus 32 millones de euros de ahorro a amortizar deuda, pero no ejecutar la medida a expensas de lo que decidiera finalmente el ejecutivo central. Esto precisamente, ejecutar aquella medida, es lo que se hará este viernes en la Junta de Gobierno Local, sin esperar a constatar si Montero cumple su promesa. Así pues, de facto, si se aprueba la resolución, el Ayuntamiento renuncia a usar estos remanentes en 2021 si el Gobierno lo permite, pese a que Ribó ha sido de los más batalladores para conseguirlo.

¿Cómo se llega a este punto?

El Gobierno central selló en agosto con la FEMP (y sólo con la aprobación del PSOE) un acuerdo según el cual los municipios que quisieran usar sus ahorros debían prestarlos al Gobierno, que los devolvería en un período de 10 años a partir de 2022 -en el BOE se publicó por sorpresa con un período de 15 años-. Como contraprestación el Ejecutivo repartiría entre 2020 y 2021 un fondo extraordinario de 5.000 millones entre los ayuntamientos que cediesen sus ahorro, a razón del 35% del ahorro entregado. Y además, se contemplaba un crédito para las empresas de transporte municipales de hasta 400 millones en total.