VALÈNCIA/MADRID (X.A./EP). El PSOE liderado por Pedro Sánchez recibió este lunes otro duro golpe relacionado con el denominado 'caso Koldo' con el envío a prisión provisional, comunicada y sin fianza decretado por el Tribunal Supremo del exnúmero tres de la formación socialista, Santos Cerdán, al atribuirle delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

Así, en el auto, el magistrado instructor considera que el dirigente del PSOE ejercía un rol de cierta "preeminencia" en las supuestas corruptelas, puesto que, según su interpretación, "se encargaba de reclamar a las constructoras indebidamente favorecidas por las adjudicadas las cantidades adeudadas, las recaudaba y las hacia llegar después a los señores José Luis Ábalos y Koldo García".

Esta decisión del Tribunal Supremo ahonda en la crisis del principal partido del Gobierno y en la de su propio líder, Pedro Sánchez, quien fue el responsable directo de la designación como secretario de Organización del PSOE de José Luis Ábalos y, posteriormente, de Santos Cerdán, lo que deja en una situación más que delicada al máximo responsable socialista e actual inquilino de la Moncloa.

La reacción de Sánchez semanas atrás consistió en forzar la inmediata dimisión de Cerdán tanto de su cargo en el partido como de su escaño en el Congreso, además de anunciar una auditoría externa de las cuentas del partido. Unas medidas que no han sido suficientes para aliviar la presión existente ante las sucesivas informaciones de impacto que vienen conociéndose sobre teste caso, como por ejemplo este envío a prisión de Cerdán al considerarse que existen "notabilísimos indicios" contra el exnúmero tres del PSOE, al que la Fiscalía Anticorrupción califica de "jefe de la organización criminal".  

Con este escenario, el círculo se estrecha todavía más para Sánchez. Aunque varios de sus socios parlamentarios se han mostrado críticos con la situación y han exigido mayores explicaciones, todavía no se ha proclamado una retirada del apoyo en forma de exigencia de dimisión. Una circunstancia que también se entiende dentro de la estrategia de la mayoría de estas formaciones, que no quieren enfrentarse ahora a las urnas en unas elecciones generales para las que PP y Vox partirían como favoritos. No obstante, esto no libera de la presión al presidente del Gobierno, que incluso ha visto cómo en los últimos días referentes socialistas y ex altos cargos han elegido elecciones anticipadas.

Este acorralamiento sobre el presidente del Gobierno también tiene, como ha informado este diario, consecuencias en el ámbito autonómico. Las principales referentes del PSPV, la líder y ministra, Diana Morant, y la delegada del Gobierno y futura candidata a la Alcaldía de València, Pilar Bernabé, habían tejido una estrategia de presión sobre el jefe del Consell, Carlos Mazón, poniendo el foco en su gestión el día de la Dana. No obstante, el terremoto político suscitado por las novedades en el 'caso Koldo' ha alejado la mirada de los medios nacionales de la Comunitat, para focalizarse de nuevo en Madrid.

El instructor avala los audios de Koldo

El magistrado ve "un elocuente denominador común" en los presuntos amaños de obras en el hecho de que "todas ellas fueron adjudicadas a la empresa Acciona Construcción actuando en UTE con otras de menor envergadura, sin que en ninguno de los casos la adjudicataria presentara la mejor oferta económica, invariablemente favorecida en la licitación por criterios de valoración subjetiva".

"No es a menudo que se dispone de conversaciones protagonizadas (...) por los propios partícipes en los hechos aparentemente delictivos que son objeto de investigación. Ni esas conversaciones, cuando existen, resultan regularmente tan explícitas", dice, avalando así las grabaciones que realizó el propio Koldo entre 2019 y 2023 de conversaciones en las que intervenía junto al exdirigente socialista y Ábalos, que han sido cuestionadas por estos dos últimos.

Destaca que "no son consecuencia de una intervención judicial en las comunicaciones de los investigados, sino que fueron halladas en poder de uno de ellos, quien habría resuelto, por algún motivo no difícil de imaginar, grabarlas primero y conservarlas después en su poder".

Además, descarta que dichas grabaciones pudieran "haber sido manipuladas, alteradas o simuladas", desechando igualmente "como hipótesis mínimamente factible que Koldo tuviera la condición de agente encubierto o provocador".

Anticorrupción apunta delitos fiscales y malversación

Puente tomó esta decisión tras escuchar su declaración como imputado a Cerdán, que duró alrededor de una hora y en la que solo contestó a preguntas de su abogado, ni siquiera del propio magistrado ni del fiscal.

Las fuentes jurídicas consultadas indican que Cerdán negó cualquier implicación en la presunta trama, negando también pagos al PSOE, al tiempo que aseguró que su irrupción en la causa es fruto de una cacería política por ser "el arquitecto" de los gobiernos progresistas.

Tras ello se celebró una vistilla de medidas cautelares en la que el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, pidió el ingreso en prisión provisional sin fianza al considerar que Cerdán es "el jefe de la organización criminal", de acuerdo con las citadas fuentes.

El fiscal alegó que hay riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, subrayando que las conversaciones y mensajes en los que se basa su imputación son "explícitos", por lo que ha considerado ofensivo que insinúe que es víctima de una persecución política.

En la vistilla, el fiscal sostuvo que se valió de José Luis Ábalos y de Koldo García para penetrar en un Gobierno que en realidad le era ajeno y, concretamente, en el ministerio con mayor presupuesto, para actuar en su beneficio y el de otros a través de los presuntos amaños.

De esta forma, Anticorrupción fue un paso más allá que con el ex ministro de Transportes y el exasesor ministerial, para quienes solo pidió prohibición de salida del país, retirada de pasaporte y comparecencia periódica en sede judicial, medidas cautelares que se ratificaron la semana pasada. Para éstos, las acusaciones populares también reclamaron cárcel pero el instructor lo rechazó. En esta ocasión se adhirió a la petición del fiscal.