MADRID (EP). El secretario de Estado de Memoria Democrática, Francisco Martínez, ha anunciado este lunes que el Gobierno prevé crear este verano la Comisión de la Verdad, cuya tarea será contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los Derechos Humanos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, y que tendrá que tener listas sus conclusiones en 2027.

En concreto, durante unas jornadas sobre el 'Día internacional del Derecho a la Verdad', Martínez ha avanzado que este mismo martes o, a más tardar el siguiente, el Consejo de Ministros aprobará un real decreto para la creación del Consejo de Memoria Democrática, un órgano consultivo del Gobierno, que elegirá a las personas que formen la Comisión de la Verdad.

La creación de estos dos órganos está prevista en la Ley de Memoria Democrática. El Consejo de Memoria Democrática estará integrado por 32 personas, la mitad de las cuales representarán al movimiento memorialista. Pero también habrá dos expertos en este ámbitos, sendos representantes de CC.OO y UGT, y de comunidades, entes locales y miembros de distintos departamentos gubernamentales. Asimismo, se sumarán asociaciones empresariales para que opinen sobre posibles reparaciones a víctimas, según ha explicado Martínez.

Este consejo tendrá un plazo de cuatro meses para elegir a los miembros de la Comisión para el esclarecimiento de las violaciones de los Derechos Humanos en la guerra y la dictadura, conocida como Comisión de la Verdad y que estará formada por diez personas expertas del mundo memorialista, académico y de los Derechos Humanos.

Independientes, con un presidente nombrado por el Gobierno

Martínez ha destacado que serán personas "independientes" y que en esta comisión ya no habrá miembros del Ejecutivo, si bien la Presidencia será ocupara por la persona que designe la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

La previsión es que este órgano esté constituido en agosto y cuente con 18 meses para elaborar sus conclusiones tras investigar, consultar los archivos que necesite y recibir a víctimas de la represión.

El secretario de Estado ha criticado que este acto con motivo del Día Internacional del Derecho a la Verdad, que se siempre había tenido lugar en el Senado, se haya tenido que trasladar este año al Congreso porque el PP ha usado su mayoría absoluta para impedir que tuviera lugar en la Cámara Alta. "Es un despropósito; una institución pública no puede estar solo al servicio del partido que tiene la mayoría", ha protestado.

Por otra parte, ha adelantado que el Real Decreto sobre Simbología se va a enviar próximamente al Consejo de Estado para que se pronuncie dictamen al respecto previsiblemente en mayo, pues se va a solicitar al órgano consultivo que emita dictamen por la vía de urgencia.

Martínez ha aprovechado para hacer balance de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, destacando que el primer plan cuatrienal de exhumaciones ha concluido con la recuperación de 7.000 cadáveres, la inmensa mayoría de los cuales ya están siendo analizados para su identificación, en los casos en los que sea posible.

El banco de ADN, muy avanzado

También ha indicado que el Banco Nacional de ADN ya está "muy avanzado", pues ya se ha adquirido el 'software' para su funcionamiento -que se llama 'Napoleón', pero se va a rebautizar como 'Lorca'- y se está formando a su plantilla.

De los 7.000 cadáveres recuperados en este periodo, la mayoría se han hallado en grandes fosas -1.787 sólo en la de Pico Reja (Sevilla)- entre 400 y 500 en fosas medianas y el resto de otras más pequeñas. Además, ya hay algunas comunidades donde se han concluido las exhumaciones, aunque aún queda "bastante" por hacer en Andalucía, Castilla-La Mancha, y también hay labores pendientes en Castilla y León y otros territorios.

Con todo, el secretario de Estado ha explicado que ya están adjudicados los trabajos en todas la grandes fosas y que, en total se prevé exhumar restos de entre 12.500 y 13.000 personas (1.800 en Jaén, 1.100 en Huelva, 4.500 en Córdoba, y unas 1.000 en Ciudad Real, por ejemplo).

Fernández ha concretado que la previsión es que en tres años y medio se hayan podido vaciar todas las fosas comunes en las que se cree que será posible intervenir, pues hay otras en las que se imposible por encontrarse debajo de nichos. También han señalado que prácticamente no quedan restos en cunetas por los cambios que se han producido en las redes viarias de todo el país y que, en muchos casos, el contenido de las fosas comunes se trasladó a osarios como los del Cuelgamuros (Madrid).

Si los primeros cálculos de expertos cifraron en 140.000 las personas desaparecidas víctimas de la represión, el Gobierno rebajó a 20.000 las potencialmente recuperables y ahora la cifra ha caído hasta las 13.000.

Problemas con archivos de interior

El Gobierno sigue trabajando también para garantizar el acceso a todos los archivos y Martínez ha reconocido que se han topado con problemas con los que dependen del Ministerio del Interior pero que ya están en vía de solución.

También se continúa avanzando en la auditoria de bienes muebles incautados por el franquismo en todas las provincias, una labor en la que colabora el Ministerio de Hacienda, y se siguen entregando declaraciones oficiales a la víctimas del franquismo, en las que se deja constancia de la ilegalidad de los tribunales que dictaron esas sentencias y los fallos se declaran nulos.

Otro de los asuntos en los que trabaja el Gobierno es en la adaptación de los currículos a lo previsto en la ley -para que el alumnado estudie los avances de la Segunda República, tenga claro que ese periodo acabó con un golpe de Estado que dio lugar a la dictadura- y también en La declaración de lugares de memoria democrática.

En este punto, Martínez ha recordado que el Gobierno ha llevado al Tribunal Constitucional la negativa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a declarar como tal la sede de la Real Casa de Correos, que albergó la Dirección General de Seguridad (DGS), donde se produjeron torturas.