VALÈNCIA. (EFE) El Gobierno se reunirá el próximo miércoles con los sindicatos para abordar la subida salarial para los empleados públicos para los tres próximos años, que contará con un componente fijo y otro variable, y que tendrá por objetivo que los empleados públicos no pierdan poder adquisitivo.

La reunión de la próxima semana entre el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF deberá abordar también el incremento salarial de este año, en el que los sueldos públicos han estado congelados al concluir en 2024 el anterior acuerdo sin que se haya renovado hasta ahora.

"No estamos dispuestos a que sea un año de congelación o subida cero", reclamaba la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, en la movilización que convocaron los sindicatos el pasado 30 de octubre para exigir el inicio de las negociaciones.

CSIF pide a Función Pública una subida salarial diferenciada para 2025 con efectos retroactivos y avisa de que la convocatoria de nuevas movilizaciones "dependerá del avance y resultado de la negociación".

El anterior acuerdo plurianual fue suscrito para el periodo 2022-2024 entre el Gobierno y CCOO y UGT también con un incremento salarial fijo y otro variable, de forma que en total se aseguraba una subida mínima del 6,5%, que podía alcanzar el 9,5% en función de variables vinculadas al IPC y al PIB recogidas en las cláusulas de revisión.

Así, en 2022 la subida fija fue del 2%, más un 1,5% variable; en 2023, el alza fija fue del 2,5%, más un 1% variable; en tanto que para 2024, el incremento fue del 2%, más otro 0,5% adicional.

La secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez, aseguraba tras la apertura de la negociación que la intención es que este nuevo acuerdo incorpore no solo mejoras retributivas para los empleados públicos, sino también otras medidas organizativas "que repercutan de manera positiva en los trabajadores y en los servicios que prestan a la ciudadanía".

Diferencias en torno a la tasa de reposición

En la última reunión celebrada el pasado miércoles, el Gobierno se mostró dispuesto a revisar la tasa de reposición de las plantillas de la Administración ante los sindicatos de Función Pública, que han instado al Ejecutivo a que elimine todas las restricciones a la reposición de efectivos.

Se trataba de la segunda reunión mantenida entre Función Pública y los representantes de CCOO, UGT y CSIF, en la que -según fuentes sindicales- el ministerio se mostró dispuesto a sustituir de manera progresiva la citada tasa por un mecanismo alternativo de planificación de efectivos.

Para CSIF esta propuesta es "todavía insuficiente", ya que considera que para acabar definitivamente con el abuso de la temporalidad se debe suprimir directamente la tasa de reposición y hacer un estudio de las necesidades de las plantillas, una petición a la que se sumó UGT.