VALÈNCIA (VP). El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Borja Sanjuán, ha anunciado que su formación va a presentar enmiendas al decreto de Vivienda de Mazón para garantizar que las políticas de Urbanismo y de Vivienda "no estén hechas a la medida de especuladores y de los constructores ni de los comisionistas con los que María José Catalá está redactando las normas urbanísticas de la ciudad".

En estos términos se ha pronunciado en la rueda de prensa convocada para denunciar la parálisis del Gobierno de Catalá y exigir que "las normas urbanística respondan al interés público y no al beneficio de los especuladores". Así, ha explicado que se trata de cinco alegaciones orientadas a que se haga efectivo el derecho a vivir en Valencia y que sean los especuladores y los fondos de inversión quienes se vayan.

“A Catalá se le ha atragantado la ciudad en el sentido en el que está parando todos aquellos grandes proyectos de transformación que tenía la ciudad de Valencia y que dibujaban una ciudad que miraba 2030 y que estaban en la base de la Capital Verde Europea”, ha precisado y ha mencionado la Plaza del Ayuntamiento, Pérez Galdós o el Corredor Verde.

Sanjuán ha lamentado que Catalá gobierne “con los ultras que niegan derechos y van a en contra de las políticas que actúan contra el Cambio Climático y con los especuladores que quieren convertir València es un negocio inmobiliario”.

Así, ha apuntado que tanto el Ayuntamiento como la Generalitat “trabajan para ello”. Por eso, ha indicado que el Grupo Socialista va a presentar las alegaciones al decreto de la vivienda de protección pública que ha lanzado la Generalitat de Carlos Mazón.  “Ese decreto contempla cambios que van en la línea de mejorar la rentabilidad que los constructores y dificultar el acceso de las familias trabajadoras a una vivienda en València", ha asegurado

Entre otras cuestiones, los socialistas exigen que se mantenga la calificación permanente para la vivienda de protección oficial, que el modulo obdezca únicamente a la evolución de los costes de materiales y mano de obra y no al precio de mercado, que no se establezcan diferentes módulos entre vivienda de promoción pública o privada, y mantener el módulo de alquiler según renta familiar, así como eliminar el límite de 60 m2 para las viviendas para jóvenes.