La exigencia de una actividad negociadora real y efectiva como requisito previo para acudir a los tribunales vuelve a situarse en el centro del debate jurídico. Lo pone de manifiesto el Auto 471/2026, de 9 de octubre, de la Sección de Familia, Infancia y Capacidad del Tribunal de Instancia de Móstoles (Plaza 2), que ha venido a inadmitir una demanda de modificación de medidas al estimar el recurso de revisión interpuesto por la madre y revocar el decreto de 16 de septiembre de 2026 que inicialmente la había admitido a trámite.
En este caso, el padre pretendía extinguir la pensión de alimentos de su hija mayor de edad y recuperar las cantidades supuestamente abonadas de forma indebida. Sin embargo, antes de interponer la demanda, su actuación se limitó al envío de un burofax solicitando el contrato de trabajo y las nóminas de la hija. Aunque el tribunal reconoce que dicho requerimiento delimitaba el objeto de la controversia, concluye que la simple comunicación formal resulta insuficiente y que la ley exige acreditar una actividad negociadora «real, previa y efectiva», guiada por la buena fe y por una genuina voluntad de alcanzar un acuerdo. La inadmisión, por tanto, descansa estrictamente en la falta de acreditación de esa negociación exigida legalmente.
Y es que, en efecto, desde el 3 de abril de 2025, el artículo 5 de la Ley Orgánica 1/2025 exige haber intentado un MASC antes de acudir al orden civil, incluidos los procesos de familia y la modificación de medidas, con excepciones tasadas como las medidas del artículo 158 del Código Civil. La ley define los MASC como cualquier actividad negociadora a la que las partes acuden de buena fe para encontrar una solución extrajudicial, por sí mismas o con un tercero neutral. El propio artículo 5.1 precisa que el requisito se entiende cumplido cuando la negociación se desarrolla directamente entre las partes o entre sus abogados, bajo sus directrices y con su conformidad. La demanda debe acompañarse de la documentación que acredite el intento y su ausencia conduce a la inadmisión
Antes de valorar el auto, conviene preguntarse cuál es el sentido real de exigir una negociación previa. La teoría de la negociación en materia de familia ofrece una respuesta clásica, los litigantes no negocian en el vacío, sino «a la sombra del Derecho». Un intento previo bien planteado obliga a confrontar esas expectativas jurídicas antes de acudir a los tribunales, lo que constituye el verdadero motor para resolver gran parte de los conflictos sin necesidad de sentencia.
De esa lógica se derivan al menos tres funciones del requisito. La primera es informativa, el intercambio de datos reduce las asimetrías entre las partes, que en familia suelen ser acusadas. La segunda es de señalización, una propuesta razonada indica a la otra parte que la posición es seria y que hay margen real de acuerdo. La tercera es de filtro, el intento previo separa los conflictos resolubles por las partes de aquellos que necesitan al juez.
Aquí está la clave del asunto. Una comunicación que se limita a informar de que se va a demandar, o a exigir algo, no cumple ninguna de las tres funciones. La obligación que impone la ley es de medios, no de resultado, es decir, nadie está obligado a pactar, pero sí a intentarlo de forma seria. Por eso la exigencia de contenido no es un añadido formalista del tribunal, sino lo que dota de sentido al requisito. Sin ella, el MASC sería simplemente un documento más en el expediente.
La tutela judicial efectiva marca el límite. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea admitió que los Estados impongan un intento previo de solución extrajudicial siempre que no impida de hecho el acceso al juez, no retrase sustancialmente el proceso y no suponga costes desproporcionados. Aplicado al caso, el estándar exigido por el auto de Móstoles es razonable si se entiende como una exigencia de bajo coste, esto es, abrir la negociación con una propuesta, aunque sea condicionada, no retrasa ni encarece de forma relevante. Dejaría de serlo si se exigiera una perfección formal que las partes no pueden anticipar.
El auto citado se alinea con el criterio de la Audiencia Provincial de Alicante (auto de 2 de marzo de 2026), según el cual la finalidad del MASC no queda satisfecha con un mero requerimiento unilateral. Hay más resoluciones de 2026 que apuntan en la misma dirección, pero asimismo existe, sin embargo, una línea más flexible que no se puede ignorar.
Más que una contradicción de fondo la diferencia es de grado y de prueba. Todas las resoluciones parten de que debe existir un intento real. Discrepan sobre cuánto contenido debe mostrar la primera comunicación. La zona de seguridad para el profesional está en abrir la negociación de forma clara, delimitar el objeto, dar a la otra parte una oportunidad real de responder y, si es posible, acompañar una propuesta, aunque sea condicionada.
Si bien, la pregunta de fondo es si el MASC está cumpliendo su finalidad de descongestionar los tribunales. Los datos oficiales apuntan a un descenso notable de la litigiosidad civil, según el balance del Ministerio de Justicia al cumplirse un año de la Ley de Eficiencia los asuntos ingresados en los órdenes civil y mercantil habrían bajado un 20,4 %, y los asuntos pendientes en civil un 4,5 %, algo que no ocurría desde 2016 salvo en pandemia. Y según la Estadística judicial de 2025 del CGPJ los ingresos en el orden civil se situaron en 3.287.980 asuntos, un 7,7 % menos que en 2024. Cifras que son alentadoras, pero hay que leerlas con cautela, porque la correlación temporal no prueba causalidad y porque no sabemos qué parte de la caída se debe a acuerdos alcanzados y qué parte a demandas que no se presentan o se inadmiten.
En cualquier caso, es inequívoco que un requisito vaciado de contenido produciría el peor de los escenarios más trámites, menos acuerdos y la misma litigiosidad aplazada. Y un requisito exigente pero claro, como el que proponen los autos citados es el que permite que la caída de asuntos sea el resultado de conflictos resueltos y no de meras barreras de acceso.
Por tanto, el MASC solo cumple su función si se toma en serio y despliega una actividad negociadora real, previa y efectiva que cumpla estos cinco requisitos: Delimitar el objeto con claridad; Formular una propuesta concreta; Dar a la otra parte un plazo razonable para responder; Documentar la respuesta y utilizar un cauce verificable.
Solo así será un mecanismo eficaz para el acuerdo y no una simple traba burocrática. Y solo así cumplirá su función última, promover la negociación para evitar pleitos.
Carlos González Serna, abogado
