Los excluidos ya no viven únicamente en países del tercer mundo. Ahora son algo más que una imagen ofrecida fugazmente en el Telediario. Viven en nuestras ciudades, comparten nuestros barrios y, sobre todo, votan
VALENCIA. Desde la caída de Lehman Brothers, hemos asistido a un continuo rosario de rescates, que ha afectado a gobiernos, bancos, empresas, familias, y ahora incluso a instituciones como el CSIC, buque insignia de la investigación española. Como si de un destino inevitable se tratara, algunos se preguntan ya cuál será la próxima víctima del Gran Rescate. ¿La Universidad quizá?
Más allá de las conductas delictivas, que sin duda podría haberlas y tendrán que ser juzgadas con todas las garantías procesales, la prevalencia del rescate obliga a plantearnos qué hay de sistémico en todo este proceso, hasta qué punto lo que estamos viviendo es fruto de incentivos individuales inadecuados, o más bien la lógica consecuencia de nuestro nuestro modelo de desarrollo.
Algunos economistas, como Raghuram Rajan de la Universidad de Chicago, sitúan el origen del problema en la respuesta de las autoridades económicas a la crisis del petróleo. Tras más de 20 años de crecimiento sostenido superior al 4.5%, Europa entra en una fase de bajo crecimiento que pone en peligro las conquistas sociales alcanzadas en décadas anteriores.
Las políticas keynesianas de demanda aprobadas por el primer gobierno Mitterrand generan inflación y apenas reducen el desempleo, de modo que se extiende por todo el continente la necesidad de desarrollar políticas de oferta, basadas en la desregulación, la apertura al comercio internacional y el incremento de la competencia. Europa apuesta por un gran mercado único, con plena movilidad de mercancías y capitales.
España accede al tren en marcha de la construcción Europea, convencida de las ventajas económicas de la integración, pero con una motivación fundamentalmente política. Formar parte de Europa era una vieja aspiración de la sociedad española, que veía reflejados en las instituciones comunitarias los ideales de libertad y solidaridad, sobre los cuales se había asentado la Transición política en nuestro país.
Ilusionados con formar parte de la construcción europea y anestesiados por los beneficios iniciales de nuestra incorporación al mercado común (fondos de cohesión, desaparición de barreras arancelarias, y financiación barata procedente del corazón de Europa), el debate acerca de la escasa productividad de nuestra economía no adquiere el vigor y profundidad de otros países.
Sin embargo, fuera de nuestras fronteras, la liberalización y desregulación se extienden a todos los sectores de actividad, incluidos los principales programas de gasto público. El incremento subsiguiente de la competencia obliga a las empresas a atraer al mejor capital humano disponible en el mercado, elevando de forma sustancial los sueldos de los empleados estratégicos. El sueldo de los ejecutivos aumenta de forma exponencial, mientras el personal no estratégico pierde paulatinamente poder adquisitivo. El primer decil de renta se distancia del resto y la clase media tiende a desaparecer.
Paralelamente a este proceso, la globalización de la actividad productiva y la introducción de las nuevas tecnologías refuerzan las desigualdades. Los trabajos reiterativos y poco especializados simplemente se deslocalizan a países emergentes. Y un buen número de trabajos reiterativos, pero con cierto grado de especialización (contables o delineantes, por ejemplo) o bien desaparecen, o bien pierden el carácter estratégico que antes tenían. Eran puestos de trabajo de clase media que ya no volverán, eliminados para siempre por las nuevas tecnologías de la información. En suma, las desigualdades crecen en los países desarrollados y emerge su lado más amargo, la exclusión social.
La diferencia fundamental con las décadas anteriores es que ahora los excluidos ya no viven únicamente en países del tercer mundo. Ahora son algo más que una imagen ofrecida fugazmente en el Telediario. Viven en nuestras ciudades, comparten nuestros barrios y, sobre todo, votan. Y al votar en contra de un sistema que los excluye tienen la capacidad de alterar el equilibrio competitivo. Al fin y al cabo, el capitalismo necesita el respaldado de la democracia para garantizar la igualdad de oportunidades y el respeto a la propiedad privada.
Conscientes del problema de fondo, los gobiernos reaccionan al incremento de la desigualdad facilitando el acceso al crédito de los más desfavorecidos. En algunos países, como Estados Unidos, dos agencias gubernamentales proporcionan créditos a deudores de bajo poder adquisitivo. En el Reino Unido se promueve la "sociedad de propietarios". Y la política monetaria mantiene los tipos de interés reales en niveles próximos a cero. De este modo, y durante un par de décadas, se logra que las desigualdades en renta no se trasladen al consumo. La clase media va desapareciendo, pero los individuos siguen consumiendo como si todavía vivieran en el escenario anterior a los noventa.
Básicamente, éste es el equilibrio que se derrumba ante los ojos atónitos de la ciudadanía: la ilusión de que podemos mantener a través del endeudamiento el status propio de la clase media. Las instituciones que han dirigido el proceso, los bancos y buena parte de los gobiernos, están siendo rescatados. La realidad, oculta detrás de una montaña de deuda, ha impuesto finalmente su lógica.
Por ello, convendría no perder ni un minuto en debates estériles acerca de quiénes son los responsables de lo sucedido, como si una vez identificados pudiéramos volver a un mundo que ya no existe. La auténtica cuestión de fondo es cómo conseguir que la clase media sobreviva a esta crisis, cómo hacerla viable en un entorno global y cada día más competitivo. No solo está en juego la economía, sino las bases sobre las que se asienta nuestra propia convivencia.
