Se escuchan estos días los 'tam tam' mediáticos de victoria apuntándose la dimisión del conseller Vela. Meses atrás, su hermano Jorge también lo había hecho por su imputación en el caso Noos. Ambos actuaron como se espera de políticos responsables de su posición. Pero no todos entienden de servicio público
VALENCIA. José Manuel Vela ha sido responsable técnico -no político- de los presupuestos autonómicos de la última década y autor -técnico-, junto con los responsables del Instituto Valenciano de Finanzas, de la política de endeudamiento de una Generalitat gobernada por el Partido Popular que ha arruinado durante lustros las cuentas públicas de esta comunidad.
Pero Vela no tiene mayor responsabilidad que los ordenantes de tales políticas, sus superiores en la jerarquía administrativa, los entonces presidentes Zaplana, Olivas y Camps, junto con los ya exconsellers de Economía Vicente Rambla y Gerardo Camps. Ellos firmaron su visto bueno a los presupuestos y endeudamiento y todos ellos recibieron el refrendo mayoritario de la sociedad valenciana en sucesivos procesos electorales en los que el PP ha venciedo sin paliativos ante cualquier otra alternativa de gestión.
La semana pasada, José Manuel Vela, catedrático de Economía Financiera por la Universidad Politécnica de Valencia, actuó torpe e irreflexivamente si finalmente se demuestra haber entregado un documento de forma indebida al también imputado y diputado Rafael Blasco a la vista de cámaras y teleobjetivos (él sigue rechazan do la acusación). Teóricamente la Justicia es igual para todos y todos deben responder ante ella. Con una eficacia inusitada, el TSJ ya se ha declarado competente para juzgar el caso y fijado fecha para la declaración del exconseller.
Su hermano Jorge Vela, alto funcionario al servicio de la Generalitat bajo las administraciones del PP, también dimitió -después de varios intentos sin lograrlo- de la Dirección General del IVF por haberse visto imputado en el caso Noos (Iñaki Urdangarín) y haber firmado documentos con toda seguridad siguiendo instrucciones de ‘más arriba', como ya reveló en sus declaraciones ante el juez.
Los hermanos Vela han dimitido como corresponde y es habitual en una democracia homologada, por mucho que sus supuestos incumplimientos legales respondan más a cuestiones técnicas y políticas que a casos de corrupción económica tan repugnantemente habituales por estas latitudes. 'Denuncia, imputación y dimisión', es el ritmo adecuado para la evacuación de responsabilidades en cualquier sistema político democrático.
Pero aquí casi nada es normal. Frente a la súbita urgencia por exigir responsabilidades, linchar y acabar con la carrera política de los hermanos Vela, aún se mantiene la vergüenza -no se me ocurre otro adjetivo pero seguro que existen muchos más, y más duros- de tolerar a un dirigente político como Carlos Fabra sin juzgar tras largos años de instrucción de sumario y reemplazos ‘casuales' de los jueces y fiscales que atendían su causa. Un aparcamiento caciquil digno de vergüenza propia y ajena que una sociedad moderna y un sistema de justicia democrático no debieran permitirse.
Del mismo modo que produce vergüenza y rechazo seguir financiando con nuestros impuestos a un Gobierno incapaz y temeroso de retirar el cargo y el sueldo público a turbios individuos -'pata negra' en el PP- implicados en diversos casos judiciales cuyos presuntos delitos -no lo serán hasta que no sean juzgados y condenados- causan sonrojo a cualquier ciudadano honrado.
A nadie le puede satisfacer la dimisión 'con honor' de los hermanos Vela -desprovistos de apoyos políticos en el partido- a causa de la "presión mediática" mientras sobreviven otros casos de genuina corrupción realmente lacerantes -con fondos públicos en provecho propio de por medio- y lesivos para la dignidad de un sistema político, en este caso el valenciano. Allá cada uno con su escala de valores.
