La Administración autonómica debe a sus proveedores cantidades muy importantes que, incluso, pueden poner en cuestión la supervivencia de las empresas que se encuentran en esa situación. Se ha anunciado la elaboración de un plan de pagos, pero mientras éste llega, otros compromisos de pago -algunos vinculados a eventos deportivos de rentabilidad no demostrada-, se satisfacen puntualmente, o se realizan otras inversiones.
La asimetría de este comportamiento suscita la perplejidad de muchos ciudadanos y empresarios valencianos. La pregunta que queremos plantear para el foro de esta semana de Valencia Plaza es si existe justificación económica para no pagar a los proveedores o en realidad el impago generalizado es el resultado de una decisión política a la hora de establecer las prioridades de pago. En otras palabras, dentro de las dificultades conocidas de tesorería, ¿la Generalitat no paga porque no puede o porque ha decidido abonar antes otro tipo de compromiso
