La crisis de Ceuta y un Gobierno inoperante

Todo el mundo tiene derecho a unas vacaciones. Pero cuando eres presidente del Gobierno, y te estalla una crisis migratoria, que es también un conflicto larvado en tus fronteras, igual pasarte todo el mes de agosto de vacaciones gubernamentales es un poco excesivo.

Al Gobierno se le colaron 80.000 personas en Ceuta sin que se enterase de nada; ese fue su desliz original. Y le salió caro, desde un principio, demostrando lo solo que está en la escena internacional, y particularmente en la Unión Europea. Así que, cuando Marruecos aceptó magnánimamente reintegrar a sus propios ciudadanos a los que Marruecos, por acción y/o inacción, había lanzado hacia Ceuta, el gobierno español respiró aliviado. Nuestro ministro de Exteriores -que no parece enterarse de mucho de lo que sucede a nuestro alrededor- proclamó que los inmigrantes, conforme habían venido, se habían vuelto a ir, y que la crisis estaba terminada, gracias a la inestimable colaboración de nuestros aliados y amigos de Marruecos. Total, apenas habían muerto 150 personas y sólo eran unos 2000 inmigrantes los que quedaban por Ceuta; todo arreglado.

También soltó el Gobierno algunas declaraciones dirigidas a los países de la Unión Europea de las que ahora, a buen seguro, se arrepienten. Fundamentalmente, que “ni uno solo” de los inmigrantes que habían entrado en Ceuta pisarían nunca jamás el continente europeo. Todo para tranquilizar a los “socios”, que ya se habían quedado a gusto dejando claro que la solidaridad en lo que se refiere a la UE es unidireccional: España tiene que exhibirla con los países bálticos, o con Dinamarca, o con Alemania, cuando diversos actores amenazan su soberanía; pero no al revés.

El Gobierno, en resumen, vio cómo su socio y aliado del sur le volvía a liar un follón en la frontera, que no vio venir. Y luego dio por finalizada prematuramente la crisis, sin molestarse en adoptar medidas excepcionales para intentar aliviar la presión sobre Ceuta. La situación se fue pudriendo y empeorando a lo largo de todo el mes, hasta que, una vez retomado el pulso político, y tras unas merecidas vacaciones, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dignó prestar atención al problemilla de tener a entre 5.000 y 10.000 personas en condiciones insalubres en una ciudad de 80.000, con un espacio obviamente limitado por tratarse de un enclave español en el norte de África.

Se ha centrado mucho el Gobierno en defender a Marruecos, sea por razones inconfesables (lo que quiera que encontrara Marruecos en el móvil de Pedro Sánchez; ¿tal vez un grupo de Whatsapp con Koldo, Santos Cerdán, Zapatero, Leire Díez, Ábalos, el hermano y la esposa del propio Sánchez?), o sea, sencillamente, porque quieren, ante todo y por encima de todo, que Marruecos siga haciendo el papel de policía autoritario por el que le pagamos: que impida que lleguen más inmigrantes y, desde luego, no lo propicie. Una estrategia que puede tener su fundamento, sobre todo en el mencionado contexto de extraordinaria debilidad internacional de España, enfrentada a Estados Unidos e Israel y con un obvio distanciamiento al respecto de los “socios” europeos; un panorama idóneo para que Marruecos pueda plantearse otra Marcha Verde si las cosas se tuercen más y más.

La reciente aparición de un informe de la policía, que muestra datos que evidencian la participación de algunos agentes marroquíes en la avalancha humana de finales de julio, ha servido para poner otra vez sobre la mesa hasta qué punto el Gobierno, y más concretamente su ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, no controlan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; y que a ello se uniría el siempre necesario concurso del lawfare, en esta ocasión bajo la encarnación de una jueza, María Tardón, que habría ordenado a los policías autores del informe no divulgarlo a sus superiores (en cambio, parece que no hubo las mismas cortapisas, o éstas fueron menos eficaces, para divulgarlo a los medios críticos con el Gobierno). Una jueza que, oportunamente se nos ha recordado desde los adláteres del Gobierno, fue concejal del PP en Madrid (de 1999 a 2003).

Todo eso está muy bien, pero la verdad es que el informe no nos ha dicho nada que no supiéramos; que la actuación del Gobierno español en todo este asunto, con lawfare y sin lawfare, ha sido y está siendo un espectáculo de dejadez, incompetencia y falta de control del rumbo de los acontecimientos. Y no es, ni mucho menos, la primera vez, sino que, bien al contrario, comienza a ser algo habitual cada vez que sucede algo imprevisto. Se trate de la Dana, el accidente de Adamuz, o la actual crisis en Ceuta, el Gobierno tiene como único y exclusivo interés buscar culpables en otra parte y dejar eso tan tedioso de gestionar para otro momento, o para otras instituciones.

Notablemente ahora, en la crisis de Ceuta, en la que han dejado a todos los migrantes tirados allí, a la espera de que se cansasen y se volvieran, cabe suponer. Porque, claro, distribuirlos en otras comunidades autónomas para aliviar la presión sobre la ciudad supondría vulnerar esa promesa tan aventurada de que ninguno de ellos jamás, jamás, pisaría la península. Cosa que acabarán haciendo muchos de ellos, bien porque sean menores o bien porque tengan derecho a asilo. Y la verdad, dado que el resultado va a ser ese, mejor que los distribuyan cuanto antes, aunque sea por una cuestión de imagen pública. Habría que hacerlo por una cuestión de elemental humanidad, ante todo, y también por eficacia en la tramitación de cada caso y por optimización de recursos; pero con este Gobierno cabe apelar a cuestiones de imagen, a ver si así…