A primera vista, los datos del mercado laboral valenciano, como en el resto de España, invitan al optimismo. Y es que gracias a la reforma acometida por el Gobierno de España y acordada en el marco del dialogo social, el contexto laboral ha avanzado de forma estructural convirtiendo la contratación indefinida en la norma en la mayoría de los sectores productivos.

Políticas como el incremento del salario mínimo interprofesional o la revalorización de las pensiones conforme al IPC por ley garantizan la mejora del poder adquisitivo de los grupos más vulnerables y con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo.

En abril de 2025, el paro registrado en la Comunitat Valenciana cayó en 5.271 personas. Son cifras que reflejan una recuperación parcial del empleo, empujada sobre todo por la actividad estacional del sector servicios. Sin embargo, este crecimiento está lejos de ser homogéneo. Bajo la superficie de estos buenos datos agregados, persisten desigualdades profundas que afectan sobre todo a las mujeres, a las personas jóvenes, a las personas paradas de larga duración y a quienes más necesitan de las políticas activas de empleo. Un mercado laboral que no solo no corrige desigualdades, sino que las amplifica, no puede considerarse exitoso. Y un gobierno que las permite, porque más está centrado en mantener al zombie que ocupa el Palau de la Generalitat Valenciana que en mejorar la vida de sus conciudadanos, tampoco.

En el caso del empleo juvenil, cuyo comportamiento debería ser una prioridad estratégica para el Consell actual, sigue la misma suerte. Lejos de avanzar hacia una mayor inclusión, los jóvenes valencianos sufren más temporalidad, menos oportunidades y más desempleo. Las cifras son claras: 5.200 jóvenes más han engrosado las listas del paro en este arranque de año. En lugar de invertir para mejorar su empleabilidad, el gobierno valenciano apuesta por recortar en todas aquellas políticas de empleo que ofrecían más y mejores oportunidades a nuestros jóvenes. Su política alternativa es la de la devastación. Cero propuestas, cero alternativas. Se centran exclusivamente en la crítica y en poner excusas que siegan todos los avances conseguidos durante años gracias a la apuesta decidida por el anterior gobierno liderado por los socialistas durante ocho años.

El contexto general, obviamente nos obliga a reconocer el papel clave que ha jugado la reforma laboral de 2021. Gracias a ella, España y también la Comunitat Valenciana han conseguido reducir drásticamente la temporalidad y aumentar la contratación indefinida. En la actualidad, más del 40% de los contratos registrados son indefinidos, frente a poco más del 10% antes de la reforma. Esta transformación ha sido reconocida incluso por el Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, que ha subrayado su impacto positivo en la estabilidad del empleo.

Pero no todo puede dejarse al marco legal estatal. La reforma laboral fue una palanca que debe ser complementada desde los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas. Para que el mercado de trabajo avance en cohesión y justicia social se necesita acompañamiento, inversión y políticas activas de empleo. Y ahí es donde el actual Consell, presidido por Carlos Mazón, ha fallado de forma estrepitosa.

El Gobierno valenciano recortó hasta un 70% en los programas públicos de empleo que desarrollaba Labora, el servicio valenciano de empleo. Ha retirado fondos que eran esenciales para los colectivos más vulnerables: jóvenes, parados de larga duración, mujeres y personas con discapacidad. Estas políticas no eran gasto superfluo, eran inversiones necesarias para construir un mercado laboral inclusivo. Sin embargo, la Generalitat ha optado por relegarlas con la excusa del programa ideológico de sus socios de ultraderecha, que han hecho propio.

Como ha denunciado la UGT-PV en su último informe, publicado esta semana, la evolución del mercado de trabajo evidencia que la estabilidad del empleo solo se consolida si se protege a quienes están en situación de desventaja. Abandonar a estos colectivos, como está haciendo el Consell, no solo es injusto; es también ineficaz desde el punto de vista económico. Un mercado laboral desigual es menos productivo, menos resiliente y más vulnerable ante cualquier crisis futura.

El empleo no es una estadística, es la condición de posibilidad de la autonomía personal, del arraigo en el territorio, del proyecto de vida. No se puede gobernar para la mayoría ignorando a las minorías. No se puede presumir de cifras globales mientras se castiga a quienes ya partían de peor posición. Y no se puede construir un futuro con más oportunidades mientras se desmantelan las políticas activas de empleo que las hacían posibles, como lo está haciendo el gobierno valenciano.

La Comunitat Valenciana merece un gobierno que entienda el empleo como un derecho, no como un titular. Un gobierno que, en lugar de recortar en políticas activas, apueste por reforzarlas. Porque sin una acción decidida en favor del trabajo digno pegadas al territorio y con una mirada sensible a los colectivos más vulnerables las cifras seguirán mejorando, pero no de la forma que deberían.

UN HOMBRE BUENO. Ayer se fue Vicent Bufort. Quizá no era una persona muy conocida, aunque sí para la familia socialista. Conocida y muy querida.

Ayer nos dejó. Y le recuerdo en este artículo como ejemplo de persona dedicada a la política bien entendida. Como ejemplo de lo que significa ser parte de un proyecto colectivo, pareciendo pasar desapercibido, pero dejando huella.

Como ejemplo de rigor. Como ejemplo de vocación de servicio público.

Ejemplo de lo que debería ser requisito indispensable para hacer política de la buena: empatía y generosidad.

Que la tierra te sea leve, amigo Vicent. Te echaremos de menos.