Tras la aprobación por el Consejo de Ministros y por las Cortes Generales condición para recibir los fondos Next Generation, marcados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de la UE- el 4 de diciembre de 2025 se publicó en el BOE la Ley 9/2025, de Movilidad Sostenible. Una norma por la que España reconocía la movilidad como un derecho de la ciudadanía y la sitúa en el centro de las políticas climáticas, económicas y de cohesión social. No en vano, en nuestro país, el 27% de las emisiones de los gases de efecto invernadero proceden del transporte, superando en 5 puntos la media de la UE. Representa un hito en favor del transporte sostenible en nuestro país y se implantará y construirá sobre tres pilares fundamentales.
Un Derecho Social: se reconoce a la movilidad como un derecho tan fundamental como son la Sanidad/Asistencia Social y la Educación/Cultura. La Administración del Estado, CCAA y Corporaciones Locales, coordinadamente deben trabajar para facilitar a los ciudadanos sus desplazamientos cotidianos a su lugar de trabajo, a los centros educativos, a centros comerciales para satisfacer sus necesidades de abastecimiento, cultura o simplemente ocio. Hacer posible su movilidad, dándoles alternativas de transporte colectivo, no contaminante, eficaz y eficiente, alternativo al 'uso forzado' del vehículo privado.
Todo ello referido tanto al ámbito urbano como a las zonas periurbanas y/o metropolitanas. Aportando soluciones de movilidad descarbonizada y colectiva (autobuses eléctricos, FFCC de cercanías eficaces y, como no, una potente y mallada red de metro/tranvía, en nuestra ciudad y provincia); servicios de FGV: Metrovalencia, Reforzados ¡sí y ya!
Además, para evitar el caos circulatorio y los diarios taponamientos —caso de la necesidad del uso del vehículo privado— potenciando la ejecución de aparcamientos disuasorios tanto en las estaciones y centros de Transferencia —caso ejemplar, la estación de Cercanías de Renfe en Albal—, como aparcamientos subterráneos en zonas alejadas del centro. Caso de Valencia, por ejemplo en: Paseo Alameda; en avda. Ausias March, en avda. Menéndez Pidal; subsuelo en Avda. Cataluña o Ronda Norte. O subsuelo de las actuales explanadas de centros comerciales, sugerencias de emplazamientos supeditadas a un exhaustivo Plan de Movilidad Metropolitana.
Un sistema Digital e Innovador, que la ley denomina Espacio Integrado de Datos de Movilidad (EDIM) donde los gestores de las Infraestructuras compartan datos a la hora de planificar nuevos servicios, adaptadas a las necesidades actuales de los ciudadanos y a las que surgirán ya en breve. A este respecto y debido a la escasez y en consecuencia la carestía de suelo urbano finalista, la inmensa necesidad y, a la vez problema de la vivienda y creación de nuevos hogares, se está trasladando población a municipios de la zona periurbana y metropolitana, por ejemplo Torrente, Mislata, Quart de Poblet, Manises, Paterna o Moncada, etc. A estos nuevos vecinos hay que dotarlos de un transporte colectivo, eficaz, rápido, frecuente, resiliente, económica y socialmente disuasorio del uso del vehículo privado, en sus desplazamientos diarios obligatorios, evitando el caos circulatorio y horas y horas perdidas en atascos kilométricos. Hace falta urgentemente un Plan de Movilidad Metropolitano.
Finalmente, y como tercer pilar, la ley apuesta por: Priorizar, Incrementar la Inversión en Movilidad, incluyendo herramientas financieras que incentiven la colaboración del sector privado en este servicio y derecho público, en bien del ciudadano. El sector privado puede adelantar su ejecución y posterior conservación y modernización, cobrando una tarificación por uso, a lo largo del período concesional, todo ello dotado de transparencia, concurrencia, intervención y auditoría.
Según datos aportados por AIRef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) y Banco de España, ante la grave situación económica-financiera en la que se encuentra la Comunidad Valenciana, con una Liquidación Presupuestaria-2025, con estos números: pasivo ó deuda de 63.934 M€, equivalente al 40,7% de nuestro PIBCV el mayor porcentaje de las CCAA; déficit, al cierre del 2025 de 2.411 M€, equivalente al 1,54% del PIBCV, lejos del 1% que exigía la Estabilidad Presupuestaria marcada para las CCAA, y una Infrafinanciación endémica, cuya mejora sustancial, es más, una nueva financiación acordada entre la AGE y todas las CCAA —sea el Gobierno Central del PSOE o cambie al PP— que no se resolverá al menos en una década, cuando está caducado desde 2014.
De ahí que insista que debemos acudir a sistemas concesionales, que ante nuestra situación nos ayuden a adelantar temporalmente las inversiones en nuevas líneas, ampliación de muchas de las existentes e incrementemos la conservación de las infra y super estructuras, sistemas de señalización y seguridad en la conducción, etc. El Plan que el conseller y vicepresidente tercero, Vicente Martínez Mus, presentó el 30 de octubre de 2025 ante el entonces president, Carlos Mazón, pensaba invertir en el quinquenio 2026-2030, en la red de metro-tranvía Metrovalencia, unos 840 M€, de los cuales 250 se destinarían a modernizar las infraestructuras, instalaciones y equipamiento; 240M€ a ampliar la red; 185M€ a incorporar nuevo material rodante (trenes/tranvías); 90M€ a actuaciones en Estaciones, accesibilidad, modificación/supresión de pasos a nivel, mejora de cerramientos; y 50M€ para finalizar obras de la Dana…
Solamente a “modo de simple apunte” si queremos abordar la ampliación del túnel de Bailén-Alameda, acometer la nueva Estación de Torrent y llevar el tranvía por el Bulevar de la CV-400 hasta la Universidad La Florida (Albal) y dar servicio a las fachadas oeste de Alfafar, Benetússer, Massanassa, catarroja, Albal y polígonos industriales de Paiporta y Picanya, los presupuestos quinquenales de FGV habría que duplicarlos y llevarlos como mínimo a los 1.500M€. Todo ello supeditado a un Plan de movilidad ferroviaria/tranviaria que urge (incremento de la Red y de frecuencias) y a una financiación, extrapresupuestaria público privada-concesional-pago diferido por uso que es inevitable. Ante estas penurias financieras de la Comunidad Valenciana, España encara el final de plazo de los fondos Next Generation EU con 27.000 millones por adjudicar, según un informe de ESADE, Universidad Pablo Olavide, ratificado por el Ministerio de Hacienda y la UE.
