El martes de esta semana, el PSPV-PSOE de la provincia de Alicante celebró un desayuno empresarial para dar a conocer la situación de la Diputación de Alicante y del trato que reciben los municipios, muy especialmente, los municipios pequeños y en riesgo de despoblación. Más  allá de la convocatoria, con ausencias -timidez en la CEV- y presencias destacadas -Cámara de Comercio, AEFA y Hosbec-, por igual, la iniciativa tiene valor porque es la primera vez en mucho tiempo que los socialistas hacen un acto con empresarios, y más estando en la oposición. Pero sobre todo con el tono: conciliador, amable, queriendo trasladar la sensación de que la institución provincial necesita un cambio profundo, pero no un vuelco.

Las razones expuestas son de sobra conocidas porque así lo viene denunciando no solo el PSPV, sino también Compromís, y muchos alcaldes, incluso los del PP, pero con la boca cerrada. Ahí está el caso conocido este viernes a través de un comunicado suscrito por varios munícipes de localidades de menos de 1.000 habitantes, de todos los signos políticos, que a día de hoy no pueden garantizar la apertura de las piscinas municiales -el gran pulmón turístico y de vida de eso pueblos- por falta de ayudas de la institución que preside Toni Pérez.

No hace falta entrar en detalles. Quién sigue la actualidad de la Diputación de Alicante sabe de sus virtudes y sus incapacidades en este mandato. Sus grandes proyectos son los palacios de congresos de Alicante y Elche, que avanzan a una velocidad discontinúa. Las otras alabanzas ya las expuso el portavoz socialista, Vicent Arques, en el desayuno. La institución tiene recursos económicos, pero su "sufre un disfuncionalidad latente", como destacaron los alcaldes socialistas intervinientes. Cuenta con un presupuesto de 330 millones de euros y tiene otros 250 millones en el banco, pero sus políticas "no llegan en tiempo y forma a sus principales benefactores", los municipios y especialmente, los más pequeños. Así los expusieron los ediles de Fageca, Santa Pola y Xixona: convocatorias de ayudas extemporáneas y con plazos justos; asistencia a ferias turísticas con escaso protagonismo de los pueblos que buscan una ventana de gloria, y un tapón descomunal en la ejecución de las obras en las localidades que más lo necesitan, con la consiguiente pérdidas de oportunidades para muchas pymes de la obra pública.

Y después está la "falta de proactividad", que denunció Rubén Alfaro. Según expuso, no se ve ningún esfuerzo por parte de la institución provincial para dotar a esos ayuntamientos de más personal ni medidas para modernizar la propia institución. El viernes, Toni Pérez y su diputado de Fomento presentaron una app con información de los comercios de los pueblos en riesgo de despoblación. 

Cada partido tiene su visión de los hechos. El PP dispara contra el PSOE por su política hídrica, al tiempo que es presa de sus propias contradiciones. Con Mazón de presidente -y también con César Sánchez-, la Diputación de Alicante se negó a participar en el Fondo de Cooperación, un fondo (de liquidez) que distribuye de forma incondicionada recursos a los municipios para el destino que quisieran. A su vez, el PP creó el Plan + Cerca para cumplir esa función. Y todo hay que decirlo, que el Plan + Cerca hizo su papel: permitía a los ayuntamientos hacer frente a imprevistos o, por ejemplo, posibilitaba abrir las piscinas de los pueblos pequeños. Ahora, con la aplicación de las nuevas reglas fiscales -la denominada regla del gasto- la diputación no puede hacer uso de los remanentes y, por lo tanto, no puede financiar el Plan + Cerca ni el bono consumo, que tanto éxito ha tenido. Así está el patio.

Eso es lo que trató de exponer el PSPV el martes ante los empresarios, pero de manera amable y pedagógica y reclamando una especie de cambio de tranquilo "para acabar con un régimen de 30 años", como ellos mismos definieron. Insisto, la iniciativa está muy bien, es novedosa, pero difícilmente eso les va a dar el cambio que tanto ansían. La Diputación se rige por un sistema de elección indirecta: la provincia está dividida 8 partidos judiciales y los concejales de cada demarcación eligen a sus representantes en función del número de votos extraídos en las elecciones locales. De los ochos partidos judiciales de Alicante, sólo en dos -Villena y l'Alacantí- se da ese baile de diputados que puede lograr el vuelco en la institución provincial. También depende todo de la inercia estatal o autonómica. Por ejemplo, el PSPV fue el más votado en 2019, pero PP y Cs sumaron más. En Villena solo hay un diputado en juego, que tenía el PSPV y ahora tiene el PP. Y la gran diferencia está en l'Alacantí: donde el PP tiene cuatro representantes por los tres de los socialistas. En 2023, el PP ganó el de Villena y otro en Alicante, de ahí su diferencia actual. Y además, Vox sacó otro representante.

Así que lo de martes estuvo bien, fue pedagógico, creo que no sorprendió a muchos de los que siguen la actualidad de la Diputación, pero si los socialistas quieren acabar con "el régimen de los 30 años" se lo deben currar y mucho en Villena, pero especialmente en la comarca de l'Alacantí, y en la ciudad de Alicante. Y para ello habrá que hacer algo más y, por supuesto, romper algún plato.