VALENCIA. La decisión de la Generalitat Valenciana de cerrar RTVV tras la anulación del ERE por parte de la Justicia desvela tanta cobardía y tanta indecencia acumulada que resulta imposible abstraerse a la necesidad de levantar la voz para frenar un ataque ya no solo a la libertad de información sino al propio autogobierno de los valencianos. Me da vergüenza, como periodista y como valenciano, que haya alguien capaz de defender una medida de la trascendencia de la que el Consell adoptó este martes. Y que alguno de ellos se llame incluso periodista.
Y me produce ese sonrojo indignado porque como profesionales de la información tenemos más responsabilidades de las que algunos son capaces de asumir. Y una de ellas es defender los derechos fundamentales de los ciudadanos, esos que se quiebran cuando se cierra un servicio público, como lo es la televisión y la radio de la Comunitat Valenciana. No lo digo yo. Lo decía la propia Generalitat en su comunicado, al anunciar que dejaría de prestar un servicio público.
Pero es que más allá de esa exigencia que tenemos como profesionales de defender la libertad de información, los periodistas también tenemos que defender la verdad. Y denunciar cuando alguien trata de ocultarla. Y lo que ha hecho la Generalitat anunciando el cierre por motivos económicos es una verdad a medias, lo que, todos lo sabemos, es posiblemente la peor de las mentiras.
Porque cuando se explica desde el Consell del Partido Popular valenciano que hay que cerrar Canal 9 porque no se puede pagar se omite, intencionadamente, que los culpables son precisamente ellos. Culpables por acción y por omisión. Porque fueron ellos los que nombraron a unos directivos indecentes que dilapidaron centenares de millones de euros y cualquier atisbo de credibilidad y de ética, con consignas seguidas al dictado del Palau de la Generalitat que provocaron el desapego de la ciudadanía por una televisión indispensable.
Porque otra mentira es decir que RTVV no sirve para nada. Quizá la que ellos crearon no sirva, pero sí es necesaria una televisión vertebradora, que contribuya a crear una sociedad mejor informada y más formada, que promocione el valenciano -vamos a ser la única autonomía con lengua propia sin televisión pública en su lengua, volviendo a aquella época en que había que buscar en los vecinos del norte algo reconocible para los que hablamos y vivimos en valenciano- y difunda las pequeñas y grandes noticias que, en una sociedad global, corren el peligro de verse arrolladas por los intereses de los grandes grupos de comunicación.
Pero lo que me irrita sobremanera de todo este episodio infame de censura, manipulación, acoso y derribo de Canal 9 es que los responsables directos, aquellos directores y miebros de los consejos de administración que hicieron de palmeros, sigan impunes. No solo ante la Justicia. Sino especialmente ante la acusación pública.
Así, del cierre de RTVV no son culpables los 1.600 empleados de la casa. ¿Eran demasiados? Sí.¿Costaban demasiado? Cierto. ¿Muchos no denunciaron los desmanes que se cometían? Puede ser. Pero ellos no se autocontrataron, ni dictaron las consignas políticas que envilecieron Canal 9. Fueron los Carrascosa, García o Jaraba quienes doblaron la plantilla para manipular a su interés la redacción. Los mismos que se gastaron dinero sin vergüenza hasta endeudarla en 1.200 millones de euros.
¿Y quién les ha reprochado algo? Nadie, al menos desde donde debería: la Generalitat. Porque a esos directivos los nombró el Consell. Y lo peor de todo, el gran error (que no admite ni justificación ni disculpa) de Alberto Fabra fue el de encomendar al reestructuración de RTVV precisamente a quienes habían arruinado la televisión. Con ello de nada sirve que el actual Gobierno autonómico trate de escudarse en la herencia. Ellos la avalaron y justificaron todos los desmanes. Porque nunca acusaron. Porque callaron. Porque optaron por elegir a los trabajadores como cabeza de turco.
Que la tele valenciana era insostenible lo sabíamos todos. Y cuando digo todos incluyo a los trabajadores de la propia televisión. Si la Generalitat hubiera optado por, primero, despedir a toda la cúpula de una RTVV manipuladora y corrupta (supuestamente), nombrado a nuevos directivos después y, con ellos finalmente, iniciar un proceso de negociación para poner en marcha una nueva Canal 9 acorde a las circunstancias, posiblemente hubiera encontrado resistencia (lógica, ningún comité aceptaría el despido del 60% de una plantilla). Pero al menos podrían esgrimir valores.
Hoy solo pueden esgrimir incapacidad e indecencia. El culpable último del cierre de RTVV es Alberto Fabra. Y tras él, su Consell. De ellos dependió hacer las cosas bien o mal. Y optaron por hacerlo peor. Culpando a los empleados. Avalando a los malvados. Que no haya paz para ellos.
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(*) Joaquim Clemente es jefe de Información de ValenciaPlaza.com y expresidente de la Unió de Periodistes Valencians
