VALÈNCIA. La promotora Albaluz ha ganado peso en los últimos años en el mercado valenciano y se ha convertido en una de las grandes protagonistas del Plan Vive valenciano, el plan de la Generalitat Valenciana para levantar 10.000 viviendas protegidas esta legislatura. La compañía, con sede en Valencia pero de origen castellanomanchego, ha resultado adjudicataria de varios suelos en Alicante y Valencia, en los que levantará cerca de 250 viviendas de protección pública, conocidas como VPO. Proyectos para los que ya ha movilizado más de 46 millones de euros a la espera de las licencias para poder arrancar las obras.
En concreto, la firma levantará 77 viviendas en el barrio de La Punta, muy próximas a la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de València, así como ejecutará otras 73 unidades en Elche. Tanto en este caso como en el de la capital del Turia serán viviendas unifamiliares. De igual modo, se quedó de otro suelo para 90 inmuebles en el barrio de Rabasa, en Alicante. Todo ello suma un volumen cercano a las 240 viviendas protegidas.
Además, opta a nuevos desarrollos que elevarían todavía más su presencia dentro del programa autonómico.Todo ello dentro del modelo de colaboración público-privada sobre el que se articula el Plan Vive, mediante el cual la Generalitat cede suelo público a promotoras privadas a cambio de viviendas terminadas para incorporar al parque público autonómico. Desde su constitución en 2013, una de las principales verticales de la firma ha sido precisamente la vivienda protegida.
Con este volumen de actividad, Albaluz se sitúa, por el momento, junto al grupo murciano Hozono Global y la vasca Livanto entre los los grandes actores de este plan autonómico al aglutinar el grueso de las viviendas que se van a construir. Este programa aspira a aumentar la oferta asequible en la autonomía para descongestionar la demanda y dar una solución habitacional a muchas personas que ven imposible el acceso a una vivienda con los precios actuales.
Las adjudicaciones de estos suelos y proyectos se produjeron mayoritariamente durante el ejercicio 2025 y, a día de hoy, todos los expedientes administrativos están en tramitación, incluyendo las solicitudes relativas a las calificaciones provisionales de vivienda protegida. La compañía ya tiene preparada la maquinaria para arrancar cuando obtenga los permisos, unos trámites para los que exige "máxima agilidad" a las administraciones no solo para poder sacar nueva oferta al mercado en un momento de máxima emergencia habitacional, sino ante un contexto geopolítico que está tensionando las cadenas de suministros.
En este sentido, desde la promotora recuerdan que la coyuntura actual, derivada de conflictos como el de Irán, está provocando un incremento sostenido de los costes de fabricación de materiales y ejecución de obra. De hecho, desde el sector de la construcción llevan meses avisando de este encarecimiento. Solo en el último año, han aumentado entre un 20% y un 25%, a lo que se añade una escalada acumulada desde 2020 que, en algunos casos, ya supera el 50%, según la Federación de Contratistas de Obras de la Comunitat Valenciana (Fecoval).
Una situación que, advierte la promotora, "está tensionando de forma muy relevante la viabilidad económica de las promociones de vivienda protegida, especialmente bajo los actuales módulos de VPO, que en la Comunitat Valenciana se sitúan en torno a los 2.400 euros por metro cuadrado útil". "Una excesiva demora administrativa en la concesión de licencias y autorizaciones podría comprometer seriamente la viabilidad futura de determinados proyectos al no garantizar que puedan ejecutarse dentro de unos parámetros económicos sostenibles", señalan.
Una preocupación que hace unos meses ya mostró la Federación de Empresas Promotoras y Agentes Urbanizadores de la Comunidad Valenciana (Feprova), que remarcaba que el principal efecto del conflicto en Oriente estaba en el impacto sobre la asequible. "Lo que más nos preocupa no es que suba el precio de las viviendas nuevas, que subirá, sino que la vivienda protegida y la más asequible directamente dejará de construirse. Son las primeras en caer porque trabajan con márgenes mínimos y precios topados. Si los gobiernos no mueven ficha, muchas promociones se van a paralizar antes de arrancar”, alertaba.
- Render del proyecto de Albalu en la ZAL.
Por otro lado y tras el escándalo por las anomalías detectadas en la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en Alicante, la compañía destaca que habilitará listas de interesados específicas para cada una de las promociones vinculadas al Plan Vive, en las que los interesados deberán inscribirse si cumplen los requisitos establecidos por la Generalitat Valenciana para el acceso a vivienda protegida.
La selección de los adjudicatarios finales se realizará mediante un procedimiento de insaculación notarial ante notario para garantizar l"a máxima transparencia, imparcialidad y seguridad jurídica" en el proceso de asignación de las futuras viviendas.
