VALÈNCIA. La crisis de la vivienda en la mayoría de grandes ciudades españolas ha llevado a muchas administraciones a tomar medidas para intentar rebajar la tensión en el mercado inmobiliario. En la Comunitat Valenciana, el Plan Vive se ha convertido en el proyecto estrella de la Generalitat para aumentar la oferta asequible, descongestionar la demanda y dar respuesta a quienes no pueden acceder a una vivienda con los precios actuales. Sin embargo, la reciente polémica en Alicante ha situado el foco sobre el alcance real del programa, su grado de ejecución y el modelo elegido para desarrollarlo, basado en la movilización de suelo público —tanto autonómico como municipal— mediante la colaboración con el sector privado.

Su objetivo es ambicioso: romper con la tendencia de los últimos años de escaso desarrollo de vivienda protegida en la autonomía y levantar 10.000 unidades durante esta legislatura: 6.000 en suelos públicos y 4.000, en privados. Y, a un año de la celebración de los comicios autonómicos y municipales de 2027, si no se adelantan, el balance del plan muestra avances, aunque todavía lejos de ese objetivo final. La situación es de extrema necesidad: la Comunitat Valenciana es una de las regiones con mayores alzas anuales y con mayor sobreesfuerzo residencial y gasto mensual en vivienda por hogar. De ahí que ahora el Consell se haya planteado la movilización de suelos dotacionales en desuso para construir 120.000 nuevas unidades, según sus estimaciones.

En cualquier caso, por el momento el Plan Vive se ha convertido en el principal vector de las políticas de viviendas de la Generalitat Valenciana. Y, aunque existen diferentes vías, la preferida, por el interés que ha suscitado en el mercado, ha sido la permuta a cambio de obra futura. Una fórmula por la cual la Generalitat entrega terrenos a las empresas adjudicatarias para que desarrollen las promociones y, a cambio, recibe un número determinado de viviendas de esos proyectos, que pasan a incorporarse al parque público de vivienda asequible.

Esta estrategia combina la movilización de suelo público con la capacidad técnica y financiera del sector privado, que se encarga de ejecutar los proyectos. A pesar de su ambición, este modelo ha generado críticas de la oposición, que cuestiona tanto su alcance real como su efectividad. Un rechazo que ha subido de tono tras el escándalo en Alicante, un caso que, tanto desde el sector como la Administración, se procura desvincular del programa y de sus resultados.

Según datos de la Federación de Promotores Inmobiliarios y Agentes Urbanizadores de la Comunitat Valenciana (Feprova), hasta principios de marzo de 2026 la Generalitat ya ha licitado más de una treintena de suelos en distintos puntos de la región para promover 4.406 viviendas de protección pública. De ese volumen, alrededor de 2.800 ya han sido adjudicadas, lo que equivale a cerca del 28% del objetivo total de 10.000 viviendas fijado para la legislatura. En paralelo, el programa mantiene todavía unas 1.510 viviendas licitadas pero pendientes de concesión. A estas habría que sumar otras 1.800 unidades impulsadas por el sector privado, por lo que desde el Consell sitúan en 6.206 las viviendas de protección pública actualmente en marcha dentro del Plan Vive.

De este volumen, según las estimaciones de los promotores, en torno a 1.500 unidades están ya en construcción, mientras que el grueso de las promociones activarán las excavadoras este año. "Una promoción inmobiliaria tiene periodos de maduración largos: la redacción del proyecto básico y de ejecución, su presentación en el ayuntamiento para obtener la licencia de obras y, posteriormente, la tramitación de la calificación provisional ante la Conselleria. Son procesos que llevan varios meses. En esa fase administrativa se encuentran actualmente muchas de las viviendas", destacan.

Adjudicadas

En concreto, en este momento, el Consell ya ha asignado 2.896 unidades mediante la fórmula de la permuta, un mecanismo en el que la Generalitat entrega terrenos públicos a las empresas adjudicatarias a cambio de un número de viviendas de esos proyectos, que se incorporarán al parque público de vivienda asequible. El montante final varía según cada convocatoria, pero en promedio supera las 400 unidades destinadas a alquiler asequible.

La mayor parte de estas promociones con asignación se concentra en la provincia de Alicante, que acumula 2.056 viviendas, seguida de Valencia, con alrededor de 720, y Castellón, con unas 120. Esta distribución territorial responde tanto a la disponibilidad de suelo público en determinadas zonas como al mayor dinamismo del mercado inmobiliario alicantino, que facilita la ejecución de estos proyectos. En la capital alicantina se concentran varios de los desarrollos más significativos, como 29 viviendas en el barrio de Garbinet  adjudicadas a Fama Rehabilitaciones; otras 159 unidades en Rabasa que ejecutará Albaluz; y otras 60 en Ciudad de la Luz que acometerá Aitana Actividades.

A ello se suman otros proyectos relevantes en la provincia como 77 viviendas en Elche que también levantará Albaluz; 78 unidades que ejecutará en el municipio alicantino de Sant Joan la mercantil Parque Mariola; las alicantinas Alcudia en UTE con Prom 95, 44 unidades en la Vila Joiosa; De igual modo, Fama Rehabilitaciones fue la elegida para desarrollar 64 unidades en dos suelos en Jávea y su administrador único a título individual, Carlos Adolfo Rodrigo Pérez, acometerá otras 32 en la localidad de San Vicente del Raspeig, donde quedaron cuatro suelos para cerca de 90 viviendas desiertos.

No obstante, la convocatoria más grande tanto por número de suelos como edificabilidad ha sido en Torrevieja, con 6 solares para más de 600 viviendas. De ellas, la promotora Livanto, con sede en Vitoria, se ha llevado dos de los cuatro terrenos que se sacaron a concurso en Torrevieja y levantará 555 unidades en el sector de La Hoya: 360 en una pastilla y otras 195 en otra.

El tercer suelo para 220 unidades se lo llevó Abala Infraestructuras, empresa constructora perteneciente al grupo murciano Hozono Global y finalmente Udercón se quedó la pastilla más pequeña para 36 inmuebles en el sector La Manguilla.

En la provincia de Valencia, las viviendas ya adjudicadas ascienden a 720. En el 'Cap i Casal' las promociones ya adjudicadas se concentran en el entorno de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), donde Albaluz levantará 77 unifamiliares en tres parcelas. También figuran desarrollos en Sagunto, en donde Grupo Ática junto a Atitlan desarrollarán 71 viviendas en un suelo en Sagunt, ya que otro suelo quedó desierto. Por otro lado, la constructora valenciana Edicover promoverá 42 en Gandia.

Castellón, por su parte, registra 120 viviendas ya adjudicadas, todas ellas en la capital provincial a la firma Clover Homes.

Paralelamente, la Generalitat ha activado las primeras viviendas del concurso de 1.090 unidades que se licitó y adjudicó hace dos años durante la época del Botànic a la UTE Urbania-Visoren. Un gran lío jurídico con la redacción del pliego ha retrasado el inicio de las obras y ha llevado a que la adjudicataria haya renunciado a la construcción de uno de sus tres lotes, con 389 VPO en Valencia. El actual equipo de la Conselleria ha tenido que desatascar el proyecto para que pudieran iniciarse los trabajos de las primeras unidades en Alicante. Por tanto, de este proyecto heredado se prevé que finalmente se levanten 701 VPO en la región.

Licitadas pero sin adjudicar 

En paralelo, el programa mantiene todavía 1.510 viviendas licitadas en diferentes solares, pero que todavía se están evaluando las ofertas y, por tanto, están pendientes de adjudicación. La provincia de Valencia concentra el mayor volumen de suelo aún sin asignar para cerca de 941 viviendas. Destaca especialmente la actuación prevista en El Puig de Santa María, una de las mayores bolsas de suelo, así como distintos sectores en Gandia, además de promociones en La Pobla de Vallbona, Manises, Silla y varios ámbitos de la ciudad de Valencia, como La Torre.

En Alicante quedan por adjudicar parcelas con una capacidad para 517 viviendas en sectores de la ciudad como Rabasa o municipios como Benijófar y Sant Joan d’Alacant. Por su parte, Castellón presenta 52 viviendas todavía sin adjudicar, correspondientes a actuaciones en Benicarló y Vinaròs. Se trata de promociones de menor tamaño en comparación con los grandes desarrollos de Alicante o Valencia, pero que completan el mapa territorial del programa.

1.800 VPO de promoción privada

Además, el plan se completa con cerca de 1.800 viviendas promovidas por el sector privado. De hecho, como publicó este diario, de acuerdo con los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, de enero a junio de 2025 se han concedido 883 calificaciones provisionales, mientras que en todo el pasado año 2024 fueron 902, solo 19 menos a falta de seis meses para concluir el ejercicio. Cabe recordar que este trámite es el paso previo hasta que los servicios autonómicos estudian la propuesta para ver que se cumple con los requisitos para la calificación definitiva.

Con todo, la única certeza es que la emergencia habitacional en la Comunitat Valenciana sigue siendo evidente, con una demanda creciente de vivienda asequible que supera con creces la oferta disponible. A pesar de los avances del Plan Vive y de las distintas fórmulas de movilización de suelo público y colaboración privada para sacar nueva oferta al mercado, el desarrollo enfrenta plazos largos y complejos. Por tanto, el impacto real de esta iniciativa se verá en los próximos años y el déficit residencial seguirá siendo uno de los principales retos del mercado en los próximos años.