VALÈNCIA. La Conselleria de Vivienda movilizó hace unos meses la mayor reserva de suelo para construir vivienda protegida en València, en el marco de su plan para levantar 10.000 nuevas viviendas en la Comunitat esta legislatura. Se trata de tres parcelas situadas en el barrio de La Torre, con capacidad para más de 300 viviendas de protección pública, en una zona que poco a poco comienza a reactivarse. No resulta extraño, por tanto, que a la convocatoria hayan concurrido algunas de las principales empresas valencianas del sector inmobiliario como son Albaluz, Ática junto a Atitlan, SFI Consulting o la constructora Edicover, empresas que ya se han presentado a otras convocatorias de este 'Plan Vive' de la Generalitat Valenciana.

Fue a finales del pasado mes de octubre cuando la Vicepresidencia primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad licitó la edificación de estos inmuebles sobre tres terrenos propiedad de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), que están ubicados en el barrio de La Torre de València. Se trata de terrenos que llevaban casi dos décadas parados, desde que en 2005 este entorno fuera impulsado como la urbanización Sociopolis por el entonces conseller de Obras Públicas, Rafael Blasco, posteriormente condenado por el caso Cooperación.

El objetivo entonces era levantar más de 2.000 nuevas viviendas y del proceso de reparcelación resultaron 22 solares de uso residencial, la mayoría de ellos con calificación VPO, pero solo cinco de ellos se ejecutaron en aquellos años. La irrupción de la crisis inmobiliaria frenó su expansión y, de hecho, dejó alguna construcción inconclusa.

Ahora, la Generalitat Valenciana que se quedó con algunas superficies las reactiva para dar una salida a vivienda pública y consolidar este zona de la ciudad donde aún quedaba suelo por ejecutar. En concreto, son tres pastillas de entre 1.316 y 1.735 metros cuadrados, en las que los informes técnicos calculan que se podrán construir en torno a 107 unidades en cada una.

Según consta en la Plataforma de Contrataciones del Estado, se han presentado Grupo Ática con Atitlan, ambas firmas aliadas para presentarse a estas licitaciones; SFI consulting, a través de la mercantil Premium Asset Management; la castellanomanchega Albaluz, veterana en estas convocatorias y una de las grandes adjudicatarias del Plan Vive; así como la constructora Edicover, con la sociedad Residencial Habitat La Torre SLU.

Al respecto, el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, destaca que esta actuación “ayudará a dar respuesta a la necesidad urgente de vivienda protegida en la ciudad de Valencia, a través de unos precios asequibles, y facilitando el acceso a colectivos con mayores dificultades, como el de los jóvenes para quienes se reserva un 40% de la promoción”. 

'Plan Vive'

El 'Plan Vive' es el programa del Consell para levantar 10.000 viviendas de protección pública en esta legislatura en la autonomía valenciana. Uno de sus ejes es la colaboración público-privada para la movilización del suelo público disponible y, por el momento, la fórmula preferida para cumplir este hito ha sido la permuta a cambio de obra. Es decir, la Generalitat entrega unos terrenos a las empresas adjudicatarias a cambio de un número de viviendas de esos proyectos, que se incorporarán al parque público vivienda asequible. 

De este modo, las empresas que resulten adjudicatarias en los diferentes procedimientos de licitación entregarán a las administraciones, en concepto de permuta, un número determinado de unidades de vivienda, que se incorporarán al parque público vivienda asequible. Este método permite, por un lado, a la Administración contar con vivienda terminada para el parque público de forma más rápida, a la vez que se promueve la actividad constructora y promotora en la región. 

De hecho, bajo esta vía, como ha ido contando este diario, ya se han adjudicado más de 1.770 viviendas de las 2.000 unidades que están en tramitación, aunque sin empezar obras, en más de una treintena de solares públicos en diferentes puntos de la región. De ese volumen, el gobierno autonómico recibirá unas 300 unidades para incorporar a su parque público.