VALÈNCIA. El conflicto bélico en Oriente Próximo exhibe sus primeros efectos sobre el mercado inmobiliario. La energía, el transporte y algunas materias primas clave como el acero o el aluminio han elevado ya sus costes, lo que amenaza con encarecer el desarrollo de nuevos proyectos, especialmente residenciales, y acentuar aún más la crisis de vivienda, que viene arrastrando gran parte de España por el alza de precios y la escasez de oferta.
En este contexto, los promotores valencianos ya empiezan a visibilizar la amenaza y alertan de que la situación se está agravando con rapidez. "Lo que estamos viendo en el sector promotor valenciano es muy preocupante: los suministradores de materiales como cemento, aluminio o cerámica están mandando revisiones de precios con fechas de validez cada vez más cortas. Los incrementos pactados a partir del 1 de enero —entre el 13% y el 18% sobre el año anterior— han quedado desfasados en estas semanas. El problema es que ya no hay margen para absorberlos: llevamos años aguantando tensión en costes y eso se ha acabado”, advierten desde la Federación de Empresas Promotoras y Agentes Urbanizadores de la Comunidad Valenciana (Feprova).
En este sentido, subrayan que el mayor riesgo no está solo en el encarecimiento de la vivienda libre, sino en el impacto sobre la asequible. "Lo que más nos preocupa no es que suba el precio de las viviendas nuevas, que subirá, sino que la vivienda protegida y la más asequible directamente dejará de construirse. Son las primeras en caer porque trabajan con márgenes mínimos y precios topados. Si los gobiernos no mueven ficha, muchas promociones se van a paralizar antes de arrancar”, alertan.
Asimismo, desde la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción (PTEC) advierten de la inestabilidad actual del mercado y el daño que puede suponer tensionar aún más la cadena de suministro, después de que muchos materiales acumulen subidas de hasta el 45% desde 2021, impulsadas primero por la crisis de suministro tras la pandemia y agravadas posteriormente por la guerra de Rusia contra Ucrania.
"La previsible escalada del precio de algunas materias primas y materiales de construcción podría incrementar los costes de producción para las empresas. El coste de la obra nueva ya acumula una subida superior al 32% entre 2020 y 2025 y, cuando no se ajustan los contratos públicos a los precios del mercado, pueden producirse retrasos, abandonos de obras y ralentizaciones", señala la organización. Una situación que considera especialmente preocupante en el contexto actual, ante el riesgo de una nueva espiral inflacionista.
Todo ello en un momento de máxima emergencia habitacional, con unos precios que ya resultan inaccesibles para gran parte de las familias. Y es que solo en 2025, el precio medio de la vivienda nueva en España aumentó un 10,4%, hasta los 2.567 euros por metro cuadrado, según datos de Tinsa by Accumin. Esta cifra sitúa la obra nueva un 43% por encima de la vivienda de segunda mano, que también se encareció un 11,9% en el último año. En este escenario, la Comunitat Valenciana se posicionó como una de las regiones con mayores subidas, con un incremento del 12%, solo por detrás de Asturias, Baleares y Cantabria.
El sector reclama medidas
También, desde la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) se ha reclamado al Gobierno que incluya, dentro del paquete de medidas para hacer frente al impacto del conflicto con Irán, la revisión automática de los precios en los contratos públicos para evitar un "frenazo" en la ejecución de viviendas e infraestructuras, con convocatorias que buscan ampliar la oferta en el mercado como el Plan Vive del Consell o las licitaciones de la nueva empresa pública estatal Casa 47.
Por ello, la patronal defiende la necesidad de adaptar la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Desindexación para permitir ajustes automáticos y evitar que el alza de costes paralice la actividad y provoque que muchas convocatorias queden desiertas por la inviabilidad de los proyectos.
De igual modo, desde el sector promotor valenciano reclaman medidas fiscales urgentes para sostener la vivienda asequible. "La solución es urgente: eliminar el IVA del 10% para el comprador de vivienda protegida e incrementar el módulo un 10%. Para el comprador tendría efecto prácticamente neutro; para el promotor, la diferencia entre seguir adelante o no; y para el mercado, mayor oferta. El Plan Vive no se sostendrá si no se actúa ya", inciden desde Feprova.
A este escenario se suma la incertidumbre geopolítica, que también empieza a condicionar las decisiones de inversión. En momentos como el actual, el capital tiende a replegarse y a priorizar posiciones más seguras, lo que se traduce en una menor apuesta por nuevos desarrollos. De hecho, según el informe The Logistics Property Telescope de EY, el conflicto está favoreciendo activos ya construidos frente a proyectos expuestos a sobrecostes y retrasos, lo que podría ralentizar la puesta en marcha de nuevas promociones.
Además, esta situación amenaza con afectar al crecimiento previsto del segmento logístico. Entre 2026 y 2028, está prevista la incorporación de 2,4 millones de metros cuadrados, el 18% de la nueva oferta nacional, aunque este desarrollo queda condicionado por el impacto de la guerra en los costes de construcción y la energía, lo que podría posponer o incluso frenar parte de estos proyectos.
