VALÈNCIA. La crisis habitacional está presionando la capacidad de respuesta de la Administración valenciana. El alza de precios sumado a una oferta incapaz de absorber la demanda actual está empujando al alza las solicitudes de vivienda pública de la Generalitat Valenciana. Así, en 2025 se inscribieron otras 20.212 unidades de convivencia que se sumaron a la larga lista existente que en 2024 alcanzaba las 40.998 peticiones. Una cifra que evidencia el elevado volumen de hogares que buscan acceder a una vivienda social y asequible en un momento en el que el parque público valenciano se encuentra en descenso y por debajo de las 15.000 unidades.
Así consta en el informe de gestión de la Entidad Valenciana de Suelo y Vivienda (EVha) correspondiente a 2025. La empresa pública, dependiente de la Conselleria de Vivienda, refleja en su informe que durante el pasado ejercicio, se inscribieron un total de 20.212 unidades de convivencia, de las que 2.456 realizaron el trámite a través de la unidad de atención al ciudadano de la propia entidad, lo que supone alrededor del 12% del total.
De acuerdo con el documento, el número de solicitudes fue evolucionando a lo largo de 2025. El año comenzó con 1.422 unidades de convivencia inscritas en enero, que se elevaron en febrero con otros 1.464 nuevos hogares registrados. Los siguientes meses fueron a la baja hasta mayo, cuando volvió a crecer con 1.512 nuevas familias registradas. No obstante, el mayor incremento se produjo durante el otoño. En septiembre se contabilizaron 1.817 nuevas unidades de convivencia inscritas, cifra que aumentó en 1.976 en octubre, el máximo registrado durante todo el año. En noviembre, el dato descendió ligeramente hasta las 1.682 unidades, mientras que diciembre cerró el ejercicio con 1.395.
En cualquier caso, esas nuevas 20.212 unidades de convivencia apuntadas evidencian el grave problema habitacional que sufre la Comunitat Valenciana. Y es que este volumen viene precedido de un fuerte incremento de la demanda registrada en los ejercicios anteriores. De hecho, la Sindicatura de Comptes advertía de que el número de demandantes de vivienda protegida había alcanzado las 40.998 a 31 de diciembre de 2024, después de registrar 13.156 nuevas solicitudes durante aquel ejercicio. El organismo alertaba entonces del déficit estructural de vivienda protegida en la autonomía y del reducido tamaño del parque público autonómico.
Los nuevos datos de la EVha muestran que la entrada de nuevos hogares en el registro continúa siendo elevada. El procedimiento de adjudicación se estructura en dos fases. En primer lugar, se comprueba que las necesidades de cada unidad de convivencia se ajusten a las características de la vivienda ofertada, incluida su ubicación en alguno de los municipios solicitados. Después se aplica una baremación automática que determina el orden de prioridad entre los hogares que cumplen esos requisitos.
La puntuación tiene en cuenta cuatro factores principales: la capacidad económica de la unidad de convivencia, el número de integrantes en relación con las habitaciones de la vivienda, la localización del inmueble y las situaciones de especial vulnerabilidad que puedan afectar a los solicitantes.
No obstante, las nuevas inscripciones contrastan con la dimensión del parque público gestionado por la EVha. En 2023, ascendía a 14.776 viviendas, mientras que en 2024, primer año completo del Consell del PP, se rebajó hasta las 14.282. Al cierre de 2025, la cifra volvía a bajar en 189 activos, hasta las 14.093 viviendas gestionadas por la entidad y solo se incorporaban 11 nuevos inmuebles, de acuerdo con la memoria anual de la entidad adscrita al departamento que dirige Susana Camarero. De ellas, 11.772 estaban destinadas al alquiler y otras 2.321 se encontraban en proceso de compra.
De este modo, los datos evidencian una brecha creciente entre una demanda de vivienda social y asequible que no deja de aumentar y un parque público que decrece y, además, es incapaz de absorber este incremento. Una situación que refleja el grave problema de acceso a la vivienda que padecen España, en general, y la Comunitat Valenciana, en particular, y al que debe hacer frente la Generalitat Valenciana.
