VALÈNCIA. La Sindicatura de Comptes alerta del déficit estructural que arrastra la Comunitat Valenciana en materia de vivienda protegida, así como del exiguo parque público que gestiona la Generalitat. Un escenario que se produce, además, en un contexto de emergencia habitacional, marcado por la escalada de precios de los últimos años y la dificultad de gran parte de la población para acceder a una vivienda. Tanto es así que el organismo cifra en más de 40.000 el número de solicitudes para acceder a una vivienda del parque público en 2024, una cifra inasumible para un patrimonio autonómico que apenas roza las 14.000 unidades.

Así consta en el informe de fiscalización de la Sindicatura sobre la promoción y gestión de la vivienda de protección pública de la Entidad Valenciana de Suelo y Vivienda (EVha), en relación a los ejercicios 2023 y 2024, y proyección de actuaciones hasta el año 2026. Un documento que pone el acento en la necesidad de reforzar la oferta alojativa autonómica, aunque también destaca que en los últimos años se han movilizado instrumentos financieros y normativos "relevantes" para incrementar este stock disponible, aunque, a la vista de los datos, sin mucho éxito.

De hecho, la Sindicatura recoge que el parque público autonómico permanece "prácticamente estancado, con escaso relevo de unidades y mínima disponibilidad inmediata" en el periodo 2023-2024, un panorama que contrasta con el fuerte crecimiento de la demanda de vivienda púbica que refleja el propio informe. 

En este sentido, el documento detalla un incremento sostenido y acelerado de las solicitudes. Entre enero y junio de 2023 el número de personas inscritas en el registro de demandantes autonómico aumentó en 6.176 solicitudes, un incremento del 43% respecto al periodo anterior. La tendencia se mantuvo en la segunda mitad del año, cuando se sumaron otras 7.673 nuevas inscripciones, de modo que a 1 de enero de 2024 el total alcanzaba las 27.842 solicitudes, casi el doble que al inicio de 2023, con un crecimiento acumulado del 96% en solo un año.

La presión sobre el sistema se intensificó aún más a lo largo de 2024, ejercicio en el que se registraron 13.156 nuevas solicitudes, según el informe. Así, a 31 de diciembre de 2024, el número total de unidades de convivencia demandantes de vivienda protegida se elevó hasta las 40.998, lo que implica que en el conjunto del periodo 2023-2024 la demanda prácticamente se ha triplicado, con un aumento del 186%, sin que el parque público haya crecido al mismo ritmo.

"Esta situación, combinada con la demanda inscrita pendiente de adjudicación, pone de relieve una insuficiencia estructural de la oferta y la ausencia de mecanismos de reposición eficaces. Con independencia de que se han impulsado nuevas promociones y programas de rehabilitación, el desajuste entre solicitudes y viviendas disponibles persiste, con especial incidencia en áreas metropolitanas y municipios costeros", subraya la Sindicatura.

El propio organismo cuestiona la extensa normativa para regular el registro de demandantes de vivienda y alerta de "deficiencias en el control interno, la actualización de datos y la consistencia de las cifras". Un problema del que es consciente la Administración valenciana, que ya ha iniciado los trámites para unificar y mejorar la gestión del patrimonio público de vivienda a través de una nueva normativa, ya que desde el departamento que dirige Susana Camarero aseguran que gran parte de esas peticiones que constan en el sistema están obsoletas y desactualizadas. Por tanto, el nuevo texto tiene como objetivo mejorar la gestión de las viviendas del patrimonio público de la Generalitat, depurar y simplificar la adjudicación y protección de las viviendas, evitar su ocupación ilegal y requerir la inscripción al Registro de Demanda de Vivienda de la Comunitat únicamente a los solicitantes de vivienda pública.

"Colapso" en la VPO

En cualquier caso, el organismo también llama la atención sobre la escasa capacidad estructural para generar vivienda protegida en la región. Así, recuerda que hasta mediados de los años 2000, España mantenía un volumen de promoción de vivienda protegida relativamente estable, en torno a las 60.000 y 70.000 viviendas anuales, lo que representaba cerca del 10% de la producción de vivienda nueva. En ese contexto, la Comunitat Valenciana, junto con Madrid, Cataluña y Andalucía, se situaba entre las autonomías con mayor número de calificaciones anuales.

Sin embargo, la crisis inmobiliaria de 2007-2008 marcó un punto de inflexión drástico. "El colapso del modelo basado en la expansión del crédito y el desarrollo intensivo de suelo urbanizable condujo a la quiebra de numerosas constructoras y a la paralización de la promoción privada. La vivienda protegida, que ya dependía en gran medida de la iniciativa privada apoyada en módulos regulados y ayudas a la compra, fue una de las primeras en detenerse", señala.

La razón principal, según el análisis, fue "la falta de rentabilidad del producto, con precios máximos de venta situados por debajo de los 2.000 euros por metro cuadrado útil, lo que llevó a muchos promotores a concluir que resultaba más rentable destinar sus recursos a la promoción de vivienda libre o, directamente, abandonar la actividad". Una situación que se ha ido arrastrando desde entonces.

Por ello, recomienda mejorar la planificación estratégica de la política de vivienda, con objetivos "realistas, priorizados y sostenidos en el tiempo", así como reforzar la capacidad de gestión y control de la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad y la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, mediante sistemas de información "integrados y digitalizados". Del mismo modo, plantea fortalecer "la transparencia y equidad" en "la adjudicación de viviendas, con un control sistemático de expedientes" y "consolidar la cooperación público-privada para garantizar un flujo estable de nueva oferta de vivienda protegida".