VALÈNCIA. Los economistas valencianos han puesto el acento en un mensaje que, pese a su contundencia, lleva años sin materializarse: sin inversión pública sostenida y sin una fiscalidad que incentive la salida de viviendas al mercado, la crisis habitacional seguirá enquistada. Es la principal conclusión de la nueva edición de Los economistas opinan, presentada este miércoles por los colegios de Valencia, Alicante y Castellón, que revela un consenso amplio sobre qué debe hacerse para corregir un problema que ya lastra la emancipación juvenil y la atracción de talento.

La propuesta más respaldada —con una nota de 4,29 sobre cinco— es actuar de manera inmediata contra la ocupación y la infravivienda, que los economistas consideran uno de los frenos más visibles para recuperar oferta. Muy cerca aparece el gran eje de la receta: aumentar la inversión pública en vivienda asequible (4,26), un déficit histórico que ha impedido que la Comunitat cuente con un parque capaz de contener los vaivenes del mercado y garantizar alquileres accesibles.

El tercer pilar es fiscal: aplicar deducciones a la compra o alquiler de vivienda habitual (4,07). Los economistas defienden que este tipo de incentivos, bien diseñados, pueden movilizar oferta tanto en venta como en arrendamiento. A ello se suman otras medidas tributarias, como reducir el impuesto de transmisiones patrimoniales en vivienda usada, así como fórmulas para facilitar que más propietarios saquen sus pisos al mercado mediante bonificaciones y seguridad normativa.

Reducir trabas urbanísticas y agilizar la promoción de vivienda también figura entre las prioridades señaladas por los profesionales, que sitúan la burocracia como uno de los factores que encarecen y ralentizan la respuesta a la demanda. La apuesta común pasa por simplificar procesos y coordinar mejor la planificación urbana para garantizar que el desarrollo residencial sea continuo y equilibrado.

En cambio, el control de precios queda prácticamente descartado para los economistas. Con una puntuación de apenas 2,62, los economistas valencianos rechazan límites a las subidas del alquiler y, en general, las medidas restrictivas sobre la demanda —incluida la prohibición o limitación de viviendas turísticas, que tampoco entusiasma (3,16)—. "Los economistas piden más oferta, no menos mercado", resumió el decano valenciano Juan José Enríquez, que subrayó que la inseguridad jurídica sigue siendo uno de los principales factores que retraen viviendas del circuito tradicional.

En cambio, el control de precios apenas despierta entusiasmo (2,62) entre el colectivo profesional, igual que la limitación de viviendas turísticas (3,16), pese a que el fenómeno aparece como factor de tensión. "Las medidas prohibitivas no son bien apreciadas; la opinión generalizada es que hace falta más oferta, no restringir demanda", señaló el decano del COEV, Juan José Enríquez.

Décadas de desinversión e inseguridad jurídica

Según estos profesionales, la escalada de precios de la vivienda: un problema estructural de oferta alimentado por décadas de desinversión en parque público y por "la inseguridad jurídica" que lleva a los propietarios a sacar su inmueble del mercado de arrendamiento. Es la principal conclusión de una nueva edición de la encuesta sobre la gravedad de la situación.

La preocupación es especialmente intensa en Valencia y Alicante, las provincias donde la tensión del mercado es mayor. El 86,36% de los profesionales consultados considera que la falta de vivienda asequible es ya un lastre para la emancipación juvenil y la atracción de talento. Castellón queda al margen de esta presión, algo que también se refleja en las respuestas.

En el diagnóstico, dos causas quedan prácticamente empatadas como principales responsables de la crisis: la inseguridad jurídica —"está detrayendo numerosísimas viviendas del mercado", alertó Enríquez— y la ausencia de inversión pública, con una calificación media de 4,09 sobre cinco. Para los economistas, la Comunitat no dispone de un parque público capaz de amortiguar las oscilaciones del mercado ni de sostener políticas de acceso estables.

A un segundo nivel aparecen el déficit de planificación urbana (3,98), la presión del turismo y la inversión extranjera (3,82) y el exceso de pisos turísticos (3,58). Pero la encuesta desmonta algunos debates recurrentes: los factores demográficos —el aumento de hogares unipersonales o la llegada de población inmigrante— quedan relegados al final de la tabla. "No es un problema de demanda, sino de oferta", resumió Enríquez.

La paradoja turística tiene matices, añadió el decano alicantino Francisco Menargues: incluso si se limitara el alquiler vacacional, esas viviendas no volverían automáticamente al mercado tradicional "si antes no se resuelve el problema de inseguridad jurídica". El mensaje, en todo caso, vuelve al punto de partida: inversión pública y seguridad normativa como pilares para desatascar un mercado que, según los economistas, ha perdido su capacidad de absorber la demanda sin disparar los precios.