VALÈNCIA. La polémica surgida por las anomalías detectadas en la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) del residencial Les Naus, construidas sobre un solar municipal subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022, ha puesto en jaque los controles que se activan a la hora de adjudicar este tipo de viviendas en la Comunitat Valenciana. Un incidente que ha abierto el debate sobre la necesidad de reforzar la supervisión y blindaje de la promoción de vivienda protegida en un momento de máxima necesidad de oferta habitacional en el mercado.

La propia Conselleria de Vivienda ya ha anunciado más controles para evitar que pueda producirse algún tipo de fraude en futuras actuaciones. De hecho, este martes, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, avanzó que, en la tramitación de la Ley de Simplificación Administrativa, “se incluirá una enmienda a la normativa actual que va a reforzar los controles en el reparto de viviendas de protección pública que garantice su correcta adjudicación y uso”. Esta modificación, según explicó, incluirá el arraigo de los solicitantes como criterio de baremación para acceder al inmueble; es decir, se dará prioridad a los vecinos para acceder a una casa de protección pública en su municipio.

Pero, además, con la voluntad de reforzar las medidas de control y contribuir a despejar cualquier duda sobre los procesos de adjudicación, los promotores, a través de la patronal autonómica Feprova, han remitido al departamento que dirige Susana Camarero un protocolo de actuación para colaborar activamente con la Administración en el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión. Una iniciativa con la que el sector pretende reivindicar su compromiso con la transparencia, la necesidad de sacar vivienda protegida al mercado ante la emergencia actual y aportar seguridad jurídica tanto a compradores como a las propias compañías.

Así, el plan de transparencia y ética, al que ha tenido acceso este diario, fija nuevas reglas para la promoción y comercialización de viviendas de protección pública de promoción privada, que son aquellas que se levantan sobre suelos públicos, principalmente a través del Plan Vive. Además, establece un marco de actuación orientado a garantizar que estos procesos se realicen "bajo los principios de igualdad, publicidad y concurrencia, asegurando una gestión ética y transparente en todo el proceso", señala el texto. Este documento servirá de base para que la Conselleria avance en esas nuevas medidas de control en las que trabaja.

Trazabilidad y control trimestral

En concreto, el primer eje que este protocolo incorpora es la trazabilidad completa del proceso para garantizar un seguimiento auditable por parte de la Administración. Para ello, los promotores se comprometen a mantener un registro de todos los solicitantes por orden de inscripción. No obstante, este orden no supondrá adjudicación automática, ya que la firma del contrato quedará condicionada al cumplimiento de los requisitos legales y a la viabilidad jurídica y económica de la operación.

Además, cada promoción deberá codificar y diferenciar claramente las viviendas de promoción privada, las destinadas a cesión a la Administración, los anejos vinculados como garajes y trasteros protegidos; y los activos excluidos, como locales comerciales o garajes libres. Por tanto, se hará un listado detallado de los inmuebles para lograr un monitoreo exhaustivo.

Asimismo, el sector se compromete a un reporte trimestral a través de informes a la Conselleria de Vivivenda sobre el estado de las reservas y los contratos de compraventa, estén o no visados, sin perjuicio de que la Administración pueda solicitar información adicional en cualquier momento. Y es que, hasta ahora, no es hasta el momento del visado cuando no se remite la información final a la Administración, de forma que lo que se pretende es que se conozca

Asimismo, el sector se compromete a remitir informes trimestrales a la Conselleria de Vivienda sobre el estado de las reservas y los contratos de compraventa, estén o no visados, sin perjuicio de que la Administración pueda solicitar información adicional en cualquier momento. Hasta ahora, la información sobre los interesados se envía en el momento del visado administrativo del contrato, que permite la escrituración y registro de la vivienda, por lo que con esta medida, se busca que la Conselleria tenga un conocimiento continuo y actualizado de todo el proceso.

Declaración de vínculos y prevención de conflictos de interés

Por otro lado, y para blindar la imparcialidad del proceso, el personal de las promotoras implicado en la comercialización deberá declarar cualquier relación de parentesco o afinidad hasta segundo grado con los solicitantes. Del mismo modo, los compradores estarán obligados a comunicar si mantienen vínculos familiares, también  de parentesco o afinidad hasta segundo grado, con funcionarios y el personal del ayuntamiento donde se ubique la promoción o con funcionarios de la Generalitat Valenciana adscritos a la Conselleria competente en el Plan Vive.

En materia de transparencia, en su propuesta los promotores acceden a publicar en su página web el número de viviendas disponibles y el precio final con IVA incluido. Asimismo, estos portales privados deberán enlazar con la web habilitada por la Administración autonómica para reforzar la información pública y la transparencia. De hecho, la propia Conselleria trabaja para dar publicidad a las promociones del Plan Vive a través de una página específica que servirá, asimismo, para que interesados puedan acceder a los inmuebles disponibles. 

Una vez visados todos los contratos, las promotoras deberán remitir a la comisión de seguimiento de la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVHA) el listado de solicitantes que hayan quedado en lista de espera, con el fin de que la Generalitat pueda valorar su posible acceso a viviendas que se incorporen por permuta, siempre respetando la normativa de protección de datos.

También los futuros compradores tendrán deberes. Así, deberán suscribir una declaración responsable en la que acrediten que no poseen otra vivienda, que no superan los umbrales de ingresos y que cumplen el resto de condiciones fijadas por la normativa valenciana aprobada por el actual gobierno del PP en 2024. Entre esas exigencias, según la normativa vigente, pueden optar a una vivienda protegida las personas mayores de edad o emancipadas, con nacionalidad española o residencia legal, y que no sean titulares de otra vivienda en todo el territorio nacional. Como excepción a esta última regla, se podrá tener ya un inmueble en casos de separación o divorcio, necesidad laboral, cuidados por dependencia, discapacidad, ocupación ilegal, violencia de género o cuando la vivienda actual no cumpla con los criterios de habitabilidad. 

En cuanto a los requisitos económicos, a nivel general, el límite de ingresos de la unidad familiar se calcula en base al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que se usa para fijar umbrales de ingreso. El decreto de la Generalitat Valenciana fija el tope en 6,5 veces el IPREM en 14 pagas, lo que equivale a 54.600 euros anuales, y en 5,5 veces el IPREM las que van destinadas a menores de 35 años, es decir, 46.200 euros al año.

Además, el plan de transparencia del sector fija la obligatoriedad de que los compradores se reafirmen en destinar el inmueble a residencia permanente, tal y como exige la norma autonómica que remarca que las viviendas de protección pública deben ser para vivienda habitual y no se pueden vender ni alquilar sin autorización administrativa. De hacerlo sin permiso, se corre el riesgo de multas y, en determinados supuestos, a la pérdida del inmueble.

Causas de exclusión

Por último, para el sector debe ser motivo de expulsión de cualquier convocatoria la falsedad de datos, la omisión de vínculos familiares, la falta de capacidad para obtener financiación hipotecaria, el incumplimiento de plazos en la entrega de documentación o la existencia de condena firme por ocupación ilegal en los últimos cinco años serán causas de exclusión automática del proceso.

Con este protocolo, los promotores se autoexigen reforzar la transparencia y el control en la comercialización de vivienda protegida en las viviendas que levantan a través de la colaboración público-privada. Y todo ello para dotar al Plan Vive de mayores garantías frente a posibles irregularidades para que cumpla su objetivo final: levantar 10.000 viviendas de protección pública en esta legislatura en la autonomía valenciana.