VALÈNCIA. La promotora valenciana Mas del Rosari se queda sola en la carrera por adjudicarse un suelo en València para levantar más de una veintena de viviendas de protección pública en el marco del 'Plan Vive' de la Generalitat Valenciana. La compañía es la única que sigue adelante en la licitación abierta por la Conselleria de Vivienda, tras la exclusión de la oferta presentada por Grupo Ática al no cumplir con los mínimos exigidos en el pliego.

Fue hace unos meses cuando la Vicepresidencia primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad licitó esta parcela en València, ubicada en la zona del antiguo Cuartel de Ingenieros, en el barrio de La Raiosa, con capacidad para 25 viviendas de protección pública. Al concurso se presentaron dos ofertas: la de Grupo Ática, a través de la sociedad Fomento Valenciano de Vivienda Protegida, y la de la firma Mas del Rosari, compañía especializada en el desarrollo de VPO.

Según la documentación que consta en la Plataforma de Contrataciones del Estado, la propuesta de Grupo Ática fue descartada al no ajustarse a los parámetros mínimos de superficie establecidos en el concurso. En concreto, la Mesa de Contratación detectó que la propuesta contemplaba una superficie total de 101,54 metros cuadrados útiles por vivienda, cifra muy inferior a los 241,92 metros cuadrados mínimos exigidos en el pliego. El propio pliego recoge que cualquier proposición que reduzca los metros cuadrados útiles de vivienda a entregar respecto a los mínimos fijados debe ser descartada, por lo que la Mesa rechazó la oferta.

Tras esta decisión, Mas del Rosari queda como la única empresa en liza en este concurso del Plan Vive, el proyecto del Consell para levantar 10.000 viviendas de protección pública en esta legislatura en la autonomía valenciana. Precisamente, uno de sus ejes de esta estrategia es la colaboración público-privada para la movilización del suelo público disponible y, por el momento, la fórmula preferida para cumplir este hito ha sido la permuta a cambio de obra. Es decir, la Generalitat entrega unos terrenos a las empresas adjudicatarias a cambio de un número de viviendas de esos proyectos, que se incorporarán al parque público vivienda asequible. 

De este modo, las empresas que resulten adjudicatarias en los diferentes procedimientos de licitación entregarán a las administraciones, en concepto de permuta, un número determinado de unidades de vivienda, que se incorporarán al parque público vivienda asequible. Este método permite, por un lado, a la Administración contar con vivienda terminada para el parque público de forma más rápida, a la vez que se promueve la actividad constructora y promotora en la región. 

De hecho, bajo esta vía, como ha ido contando este diario, ya se han adjudicado más de 1.770 viviendas de las 2.000 unidades que están en tramitación, aunque sin empezar obras, en más de una treintena de solares públicos en diferentes puntos de la región. De ese volumen, el gobierno autonómico recibirá unas 300 unidades para incorporar a su parque público.