VALÈNCIA. El pasado mes de mayo el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, decidió acometer la primera crisis del Consell amplia y meditada desde que llegara al Palau en 2015. Una serie de cambios que, con el paso de los meses, han reflejado el que posiblemente era uno de los objetivos implícitos en la decisión: un mayor control por parte de Presidencia en la recta final de la legislatura.

En este tiempo, se ha venido observando cómo en dos instituciones de gran relevancia la conexión con el Palau de la Generalitat se ha estrechado o, al menos, se ha limitado la independencia en las decisiones: es el caso de la Conselleria de Hacienda que dirige Arcadi España y el grupo socialista en Les Corts liderado por Ana Barceló.

Precisamente en ambos puestos se produjeron estas nuevas incorporaciones en mayo. Puig decidió cubrir la marcha del portavoz parlamentario desde 2015, Manolo Mata, de regreso a la abogacía, por la consellera de Sanidad, Ana Barceló. Además, relevó al histórico Vicent Soler en Hacienda, también en el cargo desde el inicio del Botànic I, por el hasta ese momento titular de Obras Públicas, Arcadi España.

Tras estos seis meses, en la cámara parlamentaria el cambio se ha dejado notar. Si Mata era criticado en ocasiones por sus propios compañeros de Presidencia por su excesiva autonomía -de hecho, aún se lamenta su acuerdo respecto a la tasa turística-, con Barceló parece ocurrir todo lo contrario. Así, en las últimas semanas se han acumulado diversos bloqueos y discrepancias con socios y oposición en Les Corts: ejemplo de ello son la falta de acuerdo para resolver el pago de despidos a los trabajadores de los grupos o la posible indemnización a los diputados -los parlamentarios no tienen paro- que dejen la cámara a final de legislatura. Ambos asuntos tratados recientemente en una comisión de gobierno interior donde Vox se negó a la subida general del 4% de los salarios. Ante ese rechazo, Barceló se opuso a abordar el resto de cuestiones que, a día de hoy, siguen en el aire.