VALENCIA. Este domingo 26 de junio se celebran, por segunda vez en seis meses, unas elecciones generales. La falta de acuerdo de los partidos en el Congreso de los Diputados para investir a un presidente del Gobierno ha conllevado por primera vez la reedición de los comicios, con el consiguiente parón en la gestión del Ejecutivo central y la incertidumbre respecto a cuestiones autonómicas que dependen de Madrid.

Precisamente una de las regiones más damnificadas en esta congelación de la política nacional ha sido la valenciana. La principal reivindicación de todas las fuerzas políticas de la Comunitat -incluso con acuerdo conjunto en Les Corts- ha sido en los últimos años la revisión del modelo de financiación autonómica. Un sistema ya caducado -su renovación debía abordarse en 2014- y que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha evitado abordar en esta legislatura escudándose en la falta de recursos económicos para mejorar el reparto y, además, para no abrir un melón que, a buen seguro, le hubiera provocado disputas autonómicas incluso entre barones de su propio partido.

Andrea Levy, Mariano Rajoy, Isabel Bonig y Vicente Betoret

Indudablemente, este es uno de los asuntos fundamentales que se juegan los valencianos en Madrid en los próximos meses. El grueso de las fuerzas políticas, los cuatro principales partidos, se han comprometido a acometer una reforma del citado sistema, si bien esto requerirá una negociación que, visto lo visto y en el mejor de los casos, no traerá una nueva financiación para la Comunitat hasta 2017.  

Será misión de los diferentes dirigentes valencianos presionar para que se produzca una retroactividad o compensación a la Comunitat por este retraso, de la misma manera que habrá que esperar para saber cómo sale el Consell del nuevo reparto. Cabe recordar que, en la actualidad, lo que el Gobierno valenciano recibe del Estado en concepto de financiación no alcanza para cubrir las necesidades de Educación, Sanidad y Bienestar Social.

El socialista Pedro Sánchez bajo la atenta mirada de Ximo Puig

Vinculada a la financiación también se encuentra la llamada deuda histórica -si bien ese término no convence a todos los partidos- valenciana por la infrafinanciación que se cifra en unos 16.000 millones de euros. Sobre este concepto las diferentes formaciones políticas en el ámbito nacional tienen más reticencias, si bien en Les Corts se firmó un documento conjunto rubricado por PPCV, PSPV, Compromís y C's reclamándola. 

Otro de los caballos de batalla para los representantes políticos valencianos en esta legislatura es el capítulo de las inversiones estatales, en especial las que atañen a infraestructuras como el Corredor Mediterráneo u otras concretas como el túnel pasante de Valencia, entre otras fundamentales para Alicante y Castellón. Bajo la desconfianza de que, como se ha esbozado en ocasiones, pueda ofrecerse prioridad a un hipotético corredor central, todas las formaciones llevan en su programa de una u otra manera -y sus candidatos se han preocupado de reiterarlo constantemente- el impulso al Corredor Mediterráneo. Curiosamente, Unidos Podemos no lo lleva específicamente entre sus puntos principales pero sí está incluido en el programa de la confluencia A la Valenciana con Compromís y con Esquerra Unida.

Mónica Oltra junto a Pablo Iglesias

A todo ello hay que sumar cuestiones que inciden directamente en el autogobierno de la Comunitat y que han sido bloqueadas por los diferentes Ejecutivos estatales en los últimos años, como ha ocurrido con el derecho civil valenciano, que ha sufrido recursos ante el Tribunal Constitucional -que se han fallado recientemente- cercenando la capacidad legislativa valenciana en un agravio comparativo respecto a otras comunidades autónomas.

Albert Rivera dialoga con el portavoz autonómico de C's, Fernando Giner. MARGA FERRER