VALÈNCIA (EFECOM). La Justicia europea examina este martes el recurso de Google contra la más alta de las multas impuestas por la Unión Europea (UE), de más de 4.000 millones de euros, en una audiencia que tendrá lugar apenas días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunciase un supuesto maltrato del bloque a las firmas norteamericanas.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la máxima instancia de la Corte con sede en Luxemburgo, celebrará una vista para analizar el recurso de casación de Google y su matriz, Alphabet, contra una sentencia previa del Tribunal General (la primera instancia) que confirmó la existencia de abuso de posición dominante a través del sistema operativo Android.

En aquel fallo, emitido en septiembre de 2022, los jueces europeos dieron la razón a la Comisión Europea y confirmaron una multa que, pese a que fue rebajada hasta los 4.125 millones, es la más alta jamás impuesta por la UE en un caso de monopolio.

La vista de este martes, aunque ya estaba prevista, se celebra una semana después de la toma de posesión de Trump como presidente de Estados Unidos y de su intervención virtual en el Foro de Davos, en la que aseguró que la UE trata "muy injustamente" a su país y puso de ejemplo las sanciones adoptadas por el bloque contra algunas de las tecnológicas más famosas.

"Le ganaron 15.000 o 16.000 millones (de dólares) a Apple. Le ganaron miles de millones a Google y creo que están detrás de Facebook por miles de millones. Tanto si les gusta como si no, estas empresas son americanas y no les deberían estar haciendo esto", resumió.

En el caso de Google, son tres las multas impuestas a la multinacional por abusos de posición dominante: además de por el caso Android, la firma fue multada con 2.424 millones por favorecer a Google Shopping en detrimento de la competencia y con 1.490 millones por abuso en el mercado de publicidad en línea, que también ha sido recurrida por la compañía.

Además, el Ejecutivo comunitario acusó a la compañía estadounidense en 2023 de abuso de posición dominante con sus servicios de tecnología publicitaria ("adtech"), aunque en este caso la investigación comunitaria sigue en marcha.

Diez años

El expediente que se debate mañana se remonta a 2015, año en que Bruselas inició una investigación que duró tres ejercicios y terminó en el verano de 2018, cuando los servicios europeos de Competencia que entonces lideraba la danesa Margrethe Vestager concluyeron que Google había impuesto durante años restricciones ilegales a fabricantes de dispositivos móviles y a operadores de redes móviles para reforzar su liderazgo en los servicios de búsqueda general.

Por ejemplo, Bruselas consideró contrarios a las normas los acuerdos de distribución que obligan a estos fabricantes a preinstalar Google Search y Google Chrome para tener acceso a una licencia de explotación en su tienda de aplicaciones Play Store. También las cláusulas que exigen a los fabricantes los compromisos de no vender dispositivos móviles con versiones de Android no autorizadas por Google.

Estas dos restricciones fueron confirmadas como "abusivas" en la sentencia del Tribunal General, que en cambio desestimó una tercera acusación contra los acuerdos entre Google y los fabricantes que condicionaban parte de sus ingresos a que no instalasen buscadores de la competencia.

En la vista de mañana, los abogados del departamento de Competencia de la Comisión Europea que ahora capitanea Teresa Ribera defenderán la legalidad de la multa frente a los seis motivos que esgrime Google para que ésta sea anulada.

Entre ellos, el gigante tecnológico argumenta que la sentencia de primera instancia "apreció erróneamente el nexo causal entre los requisitos de preinstalación previstos en los contratos de distribución de aplicaciones móviles (CDAM) y sus supuestos efectos de exclusión". Google también defiende que no ha quedado demostrado que tenga la capacidad de excluir a sus competidores.

En el caso se han personado también otras entidades, entre ellas la Asociación de Consumidores Europeos (BEUC), que se ha pronunciado en el pasado a favor de la multa, o la Alianza de Desarrolladores de Aplicaciones, que se ha posicionado del lado de la multinacional.

La sentencia definitiva, sobre la que ya no cabrán más recursos, tardará meses en conocerse.