VALÈNCIA. La apertura de diligencias de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción sobre la alcaldesa de València, María José Catalá, dos ediles de su gobierno y la presidenta del Puerto por la supuesta recolocación irregular de extrabajadores del Consorcio Valencia 2007 en organismos del Ayuntamiento y el Puerto abre un frente con alcance aún incierto en el plano judicial, pero que ya está teniendo repercusión en la estrategia de los partidos de cara a una campaña electoral en 2027 que se prevé de alto voltaje.
Este mismo miércoles la alcaldesa enmarcaba la denuncia de Compromís como el inicio de la carrera por las elecciones de 2027. “Si Compromís ha decidido que la campaña empiece en la Fiscalía, pues vale". Preguntada por el significado de ese "pues vale", Catalá despejaba dudas con un velado aviso a navegantes: "Que voy a ser una colaboradora muy activa con la Fiscalía".
Ese "pues vale" con el que la alcaldesa respondía a Compromís encierra además, según fuentes populares, un mensaje de fondo: el equipo de Catalá estaría dispuesto a jugar en el mismo terreno si la confrontación se traslada al ámbito judicial intentando transformar en "irrespirable" la campaña electoral para sus rivales.
De hecho, no es un terreno desconocido. Y es que en legislaturas anteriores, especialmente entre 2015 y 2019, el grupo municipal popular en la oposición recurrió de forma reiterada a querellas, denuncias ante la Fiscalía o la Agencia Antifraude como herramienta de desgaste contra el gobierno de Joan Ribó y sus ediles. Una estrategia de oposición que también han practicado en mayor o menor medida casi todos los grupos políticos.
Una campaña de alto voltaje político
Con todo, esta especie de advertencia velada a través de la disposición a colaborar con la Fiscalía augura una campaña electoral en la que al parecer no se descarta emplear todas las armas al alcance. No en vano, la pelea por la Alcaldía de València se prevé como una de las mayores batallas políticas de 2027 con un trío de candidatas muy mediáticas y con un perfil potente como la propia Catalá por el Partido Popular, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, por el PSPV y la ex vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, por Compromis, cuya irrupción ha alterado ya el tablero político. A ello se suma la incógnita de Vox, donde todas las quinielas apuntan al también conocido ex vicepresidente del Consell y ex torero, Vicente Barrera.
Cronología de las últimas 48 horas: de la apertura de diligencias a los audios de Olano
En este contexto, la secuencia de los acontecimientos en las últimas 48 horas ayuda a explicar el giro del debate hacia ese terreno político-judicial. El martes se conocía que la Fiscalía Anticorrupción abría diligencias de investigación a raíz de una denuncia de Compromís por delitos de prevaricación y tráfico de influencias por la supuesta recolocación "a dedo" de extrabajadores del Consorcio Valencia 2007 tras su liquidación. Unas horas después, Catalá comparecía para restar importancia al movimiento del Ministerio Público, que calificó de "trámite" habitual: "La Fiscalía siempre abre diligencias ante una denuncia", dijo, al tiempo que tachaba de "esperpéntica" la acusación de Compromís.
En esa primera reacción, la alcaldesa defendió la actuación del Ayuntamiento y trató de devolver el golpe a la oposición al recordar que tanto Compromís como PSPV habían respaldado en el pasado iniciativas encaminadas a facilitar la recolocación de los trabajadores afectados por el ERE del consorcio.
- Catalá junto a la presidenta de la APV, Mar Chao y el edil de Contratación, José Marí Olano.
- Foto: ROBER SOLSONA/EP
Sin embargo, esa misma noche eldiario.es publicaba la transcripción de unos audios del concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, que añadía otra capa al caso. En ellos, según la información difundida, el edil animaba a los trabajadores del consorcio a concurrir a procesos selectivos e incluso sugería la posibilidad de adaptar las convocatorias, un elemento que suma incomodidad al equipo de gobierno. De hecho, la oposición redobló la presión y anunció la ampliación de la denuncia para incorporar los audios de Olano, al que acusan de posibles delitos de prevaricación, revelación de secretos, uso de información privilegiada y negociaciones prohibidas a funcionarios.
Ya este miércoles, Catalá volvía a comparecer para cerrar filas en torno a su concejal y reiterar su argumento. La alcaldesa insistió en que las palabras de Olano “no distan” de lo expresado en el pleno por representantes de PSPV y Compromís y repitió que todos los procedimientos que atañen a su administración fueron “transparentes”. La alcaldesa no desaprovechó la oportunidad para destacar que está “especialmente ansiosa” por que el Ministerio Público solicite documentación sobre el caso para remitirla “de forma muy afanada”.
Con todo, el estallido de este caso obliga al equipo de la alcaldesa a reaccionar en un contexto en el que cada vez está más cerca el horizonte electoral de 2027. De hecho, parece que la maquinaria del PP también está preparada para empezar a trabajar ya en modo campaña.
