VALÈNCIA. Compromís denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción un supuesto entramado entre el Ayuntamiento de València y el Puerto para recolocar "a dedo" en entidades del sector público a personas concretas del antiguo Consorcio Valencia 2007. Los valencianistas han presentado este jueves una denuncia por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias tras detectar una serie de maniobras administrativas que, según la formación, habrían servido para orquestar una "subrogación encubierta" de varios trabajadores del Consorcio València 2007 hacia otras instituciones públicas.
La denuncia se dirige a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá; a las concejales Rocío Gil y Paula Llobet por ser las presidentas de la Fundación Deportiva Municipal y Visit València; a la presidenta del Puerto de Valencia, Mar Chao; y a cuatro trabajadores presuntamente colocados 'a dedo' (Esther Pérez, Manuela Gras, Alicia Gimeno y Enrique Móner) por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
Al menos siete procedimientos para recolocar a personas concretas
La portavoz, Papi Robles, ha explicado que se han detectado al menos siete procedimientos activados de forma paralela y concertada entre el Ayuntamiento de València y la Autoridad Portuaria para situar a personas con nombres y apellidos en puestos directivos creados prácticamente a medida. La portavoz de la formación valencianista ha destacado que "no es casualidad" que varias fundaciones municipales como la Fundación Deportiva Municipal o Visit València y el propio Puerto lanzaran convocatorias casi idénticas en las mismas fechas para cubrir perfiles que acabaron ocupando las mismas personas que ya habían sido señaladas en actas notariales incluso antes de que se resolvieran los concursos.
El escrito presentado ante la Fiscalía detalla cómo la Fundación Deportiva Municipal y la Fundación Visit València convocaron varias plazas con requisitos muy restrictivos que, presuntamente, buscaban evitar la libre concurrencia y beneficiar a candidatos concretos. Robles ha hecho hincapié en que la Intervención General del Estado (IGAE) ya habría advertido en un informe reciente que la gestión de estas plazas ha sido deficiente y que se han utilizado criterios que podrían vulnerar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Según Compromís, este informe es la “prueba del algodón” que confirma que la administración de Catalá habría recortado el derecho de cualquier ciudadano a optar a un puesto público en favor de privilegios para unos pocos.
Preguntado por los hechos que se denuncian el portavoz del gobierno municipal, Juan Carlos Caballero, se ha limitado a decir que se trata "de la política de querer embarrarlo todo, cuando las cosas van bien, cuando las cosas funcionan y tienen una alcaldesa preocupada y ocupada por mejorar las condiciones de vida de los valencianos pues PSPV y Compromís no tienen otra cosa que hacer que embarrar el terreno político".
La FDM y Visit València defienden la legalidad de los procesos
Asimismo, desde la Fundación Deportiva Municipal (FDM) de València han rechazado las acusaciones de Compromís y han explicado que los procedimientos administrativos "se hicieron conforme a la ley". Esta entidad ha indicado que uno de los procesos "quedó desierto", mientras que sobre otro ha apuntado que "se desistió con el respaldo de todos los informes técnicos y jurídicos oportunos".
Así, fuentes de la FDM han asegurado que "ambos procesos se realizaron cumpliendo en todo momento con las normas del procedimiento administrativo y con el respaldo firme de los informes jurídicos emitidos por el equipo técnico" de esta entidad. Desde la fundación han lamentado también que Compromís "se lance, una vez más, a la política del barro" en lugar de "sumar esfuerzos y aportar propuestas para mejorar el deporte valenciano".
Ajustarse a la nueva estructura
Por su parte, la Fundación Visit València, que ha emitido también una respuesta a lo planteado por Compromís, ha negado "una supuesta subrogación encubierta de trabajadores del Consorcio Valencia 2007" y ha asegurado que "los procedimientos se desarrollaron con pleno respeto a los principios de igualdad, mérito, capacidad y con todas las garantías de imparcialidad por parte del tribunal" correspondiente. "Con pleno respeto a la legalidad vigente", ha remarcado.
"Los procedimientos se diseñaron y ejecutaron con criterios de transparencia, rigor técnico y garantías suficientes para todas las personas aspirantes", ha insistido la entidad, que ha apuntado que las plazas ofertadas por esta fundación "fueron creadas en diciembre de 2018 para responder a la nueva estructura organizativa que surgía del Plan Estratégico de Turismo 2017-2020 y se encontraban vacantes".
Respecto "al requisito de pertenecer a los empleados del sector público en activo", explica que "es una posibilidad prevista expresamente en la vigente Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023" y expone que "dado que el Estado no suprime la tasa de reposición de efectivos, es la única vía legal para contratar y suplir esas plazas vacantes, al carecer la fundación de una tasa de reposición".
