VALÈNCIA (EP). El grupo de Compromís en el Ayuntamiento de València ha asegurado este jueves que la plaza de la que la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá (PP), ha estado hablando estos días como "legal" en la Fundación Visit Valencia, a partir de la investigación abierta por Anticorrupción por presunta prevaricación en relación con una supuesta recolocación "a dedo" de personal público del extinguido Consorcio Valencia 2007, "no cumplía los requisitos".

Así lo ha apuntado, en un comunicado, la portavoz de Compromís en el consistorio de la capital valenciana, Papi Robles, que ha afirmado que "cada nueva información confirma que las plazas estaban hechas a medida dentro de la trama clientelar del PP".

Desde Compromís han añadido que "el relato de legalidad que ha defendido María José Catalá en el 'caso enchufismo' del PP vuelve a hacer aguas". Esta coalición política ha expuesto que ha podido "constatar que una de las plazas, la de Visit Valencia que la alcaldesa ponía como ejemplo de proceso correcto no cumplía los requisitos establecidos en la convocatoria".

Compromís ha aseverado que este es "un nuevo episodio" del caso que "ya investiga la Fiscalía Anticorrupción por una presunta trama de colocaciones a dedo en el sector público". Este grupo municipal ha detallado que esa investigación "apunta a un sistema organizado para situar a personas afines en puestos directivos mientras se liquidaba el Consorcio València 2007, con procesos bajo sospecha de vulnerar los principios de igualdad, mérito y capacidad, como recogía el informe de la Intervención General del Estado".

Papi Robles ha manifestado que "en este contexto, el caso de Visit Valencia no sería una excepción legal como ha tratado de hacer ver la alcaldesa, sino una pieza más de una operativa más amplia".

Desde Compromís han expuesto que "según la información contrastada" con "documentación pública, el puesto de trabajo adjudicado en la Fundación Visit Valencia se asignó a una persona que, en el momento de la contratación, ya no cumplía el requisito esencial de ser empleado del sector público con relación funcionarial o laboral estable".

El grupo que encabeza Robles ha agregado que "esta persona fue despedida del Consorcio el 16 de octubre de 2024" y ha concretado que "sin embargo, la resolución se firmó el 11 de noviembre de 2024 y el contrato al día siguiente, cuando ya había perdido esta condición tras el despido colectivo del Consorcio Valencia 2007".

Compromís ha indicado que "las bases de la convocatoria eran claras". En esta línea, ha apuntado que "era necesario acreditar la condición de personal del sector público tanto en el momento de presentarse como en el de formalizar el contrato".

"El hecho de que esta exigencia no se cumpliera desmonta completamente la defensa de Catalá y pone en cuestión la validez del proceso", ha remarcado la formación política, que ha señalado que confía en que "el informe encargado por la alcaldesa a la Secretaría Municipal acabe confirmando esta irregularidad".

Papi Robles ha aseverado que se está "ante un caso paradigmático". "Catalá ha intentado vender como legal lo que no lo era. Cada vez que intenta justificar esta operación aparecen nuevas irregularidades que evidencian que las reglas no eran iguales para todo el mundo. Y con cada nuevo audio que conocemos, el castillo de mentiras de Catalá se hunde", ha declarado Robles.

Solicitada nueva documentación

El edil de Compromís Ferran Puchades ha solicitado la documentación relativa al proceso de contratación en Visit Valencia, "incluyendo las certificaciones que acreditaban el cumplimiento de los requisitos y la Relación de Puestos de Trabajo de la Fundación" con el fin de "aclarar cómo se tramitó realmente esta".

Compromís ha afirmado que este caso "confirma lo que ya apunta la investigación que ha incoado la Fiscalía Anticorrupción". "No se trata de errores puntuales, sino de un patrón", ha manifestado, a la vez que recordado que ha aportado a la Fiscalía "documentación y audios que describen una operativa planificada desde el gobierno municipal para colocar a personas concretas en instituciones públicas".

El grupo municipal ha comentado que esta es "una trama que implica al Puerto de Valencia, a Visit Valencia, a la Fundación Deportiva Municipal e, incluso, a Aumsa --entidad pública dependiente de la Concejalía de Urbanismo, aunque el concejal --de Grandes Proyectos y Contratación-- José Marí Olano no logró finalmente que la empresa pública de vivienda entrara en el presunto plan de Catalá de colocaciones a dedo".

"En total, siete plazas coordinadas para beneficiar, sobre todo, a dos personas que acabaron en el Puerto con sueldos de directivas", han apostillado desde Compromís.

"De primer orden político"

Papi Robles ha señalado que "el problema no es solo jurídico, sino de primer orden político". "Catalá ha convertido presuntamente las instituciones en una agencia de colocación al servicio de su partido. Y eso es incompatible con una administración pública que debe garantizar igualdad de oportunidades y transparencia", ha dicho la portavoz.

Compromís ha destacado "la necesidad de llegar hasta el final" porque "la ciudad merece saber si se han manipulado procesos públicos para beneficiar a determinadas personas", así como "un gobierno que no juegue con las reglas".