VALÈNCIA (EFE). Los grupos de Compromís y PSPV en el Ayuntamiento de València han anunciado que presentarán sendos recursos contencioso-administrativos contra el acuerdo adoptado por el equipo de Gobierno del PP y Vox para modificar la composición de las comisiones del pleno, al considerar que ello "vulnera la proporcionalidad y genera inseguridad jurídica".

La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha calificado la situación del Consistorio, tras la salida de Vox de dos concejales, como "paralizada", y ha acusado a la alcaldesa, María José Catalá, de tratar de "ganar en las comisiones lo que no puede ganar en el pleno".

Así, ha sostenido que el nuevo reparto tras el movimiento de Juan Manuel Badenas y Cecilia Herrero no se ajusta a la ley, al "no respetar la representatividad de los grupos municipales", porque, "si Compromís tiene nueve concejales, debe tener esa proporción en todos los órganos de decisión".

Robles ha recordado que el Consell Jurídic Consultiu ya dispone de un informe que avala el mantenimiento de la proporcionalidad, cuando se pronunció sobre un asunto similar en el Ayuntamiento de Gandía.

"Catalá está perdiendo las votaciones, no tiene capacidad para gobernar y quiere engañar por la puerta de atrás. Desde Compromís no vamos a mirar hacia otro lado", ha manifestado.

Por su parte, el portavoz socialista, Borja Sanjuan, ha acusado a Catalá de "garantizarse una mayoría que no tiene" mediante una maniobra que, a su juicio, "infrarrepresenta" a la oposición y vulnera los principios democráticos.

"Los 15 concejales de PP y Vox son menos que los 16 de la oposición. Lo que han hecho no tiene lógica democrática", ha insistido.

Sanjuan ha advertido de las posibles consecuencias jurídicas y económicas si el acuerdo es anulado, ya que podría implicar la revisión de todas las decisiones adoptadas bajo la nueva composición y se ha preguntado si "va a pagar Catalá de su bolsillo las indemnizaciones si se declara nulo el acuerdo".

El dirigente socialista ha señalado, además, que el Ayuntamiento no tiene capacidad directa para solicitar un dictamen al Consell Jurídic Consultiu, lo que, según ha dicho, podría alargar la situación de provisionalidad.

"Este gobierno ya boicoteó una petición de dictamen porque temía que nos diera la razón", ha dicho, al tiempo que ha exigido explicaciones sobre la situación de los concejales no adscritos, que siguen ocupando despachos del Gobierno municipal.

Ha reclamado asimismo que se aclare si el equipo de Gobierno contempla "formar un tripartito con Vox y los no adscritos", y, en caso de ser así, "tendrá que explicarlo", ha concluido Sanjuan.

Informe del secretario municipal

Horas después, el grupo municipal del PP ha informado en un comunicado de que existe un informe del secretario municipal que avala la nueva composición de las comisiones.

Este informe, han apuntado fuentes del PP, se basa en la legislación vigente sobre régimen de bases local de carácter autonómico y nacional, así como en el propio Reglamento del Pleno y además está fundamentado "en una amplia jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Supremo".

"Las lecturas políticas que hacen desde los grupos de la oposición sobre este acuerdo son sesgadas y poco respetuosas con los técnicos del Ayuntamiento de València. La decisión aprobada en el pleno, más allá del oportunismo político de la izquierda, tiene una justificación exclusivamente jurídica y técnica", han agregado.

Además, han apuntado que existe un precedente en 2018 en el Ayuntamiento de València, con un gobierno conformado por Compromís y PSPV, cuando una concejal de Ciudadanos dejó esta formación política y se pasó al grupo de no adscritos, y se ajustó la representación y el voto de las comisiones informativas siguiendo el mismo criterio que marca el informe del secretario general.

"No preguntamos por qué Compromis y el PSOE respetaron el criterio de la secretaria general del pleno en 2018 cuando gobernaban y no lo hacen ahora. Por tanto, es la izquierda la que está demostrando un comportamiento irrespetuoso y poco democrático para lograr su único objetivo en este asunto, la ingobernabilidad del Ayuntamiento, sin importarles la afección que tendría para los vecinos de València", han lamentado desde el PP.